En esta primera visita a las comunidades del interior de la selva amazónica ecuatoriana, Toni Symonds, Leslie Lowe y Steve Heim, delegados de los accionistas de dicha petrolera, escucharon las razones por las cuales los pueblos aborígenes no quieren el desarrollo de las actividades petroleras.
Los indígenas argumentaron que la Constitución señala que: “El Estado reconocerá y garantizará los derechos humanos, colectivos, así como la información y la consulta previa”. Desde esa perspectiva, los indígenas solicitaron que la Burlington se abstenga de ingresar a los territorios y realizar cualquier negociación con individuos, asociaciones y comunidades en la región de Moroa Santiago.
“Las comunidades tienen sus propias formas de desarrollo distintas a las que nos están ofreciendo las multinacionales que quieren venir a usurpar nuestros recursos y riquezas naturales”, manifestó el director de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar, Milton Callera.
Los Achuar manifestaron que no está entre sus planes vivir del petróleo por miedo a la contaminación y a la desaparición de su territorio. Por el contrario, desean vivir en un ambiente sano y de la comercialización de la medicina y plantas ancestrales, a través de una verdadera ley de patentes.
Por su parte, Marlon Santi, representante de la comunidad Sarayaku, aseguró que su pueblo no quiere sus 135 hectáreas de territorio ancestral sean tocadas por la actividad petrolera.
Las autoridades indígenas exigieron al gobierno ecuatoriano una mejor redistribución de las regalías del petróleo, que ayude al desarrollo de los pueblos aborígenes y no a la destrucción de sus culturas ancestrales.
Los delegados de Buldington -adjudicataria del bloque 24 en Morona Santiago, territorio de las nacionalidades achuar y shuar, y accionista de la Compañía General de Combustibles (CGC), que explota el bloque 23, ubicado en el territorio kichwa de Sarayaku- se comprometieron a transmitir los argumentos indígenas a los accionistas. También mostraron su preocupación por la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano, al referirse a la no aplicación del reglamento de Consulta Previa a las comunidades.
