El cadáver apareció tirado en el patio de una vecindad de la colonia Santa María la Ribera del Distrito Federal.
Desnudo, el cabello rapado a medias con tijeras y un rastrello, en el lado derecho del tórax tenía escrito con plumón verde “soy puto y qué”, mientras en la piena derecha, cerca del glúteo, se leía, “lo que quieras”.
Era el cuerpo de Antonio de Jesús Ruiz García. Tenía 16 años de edad. Sus vecinos de la calle Mariano Azuela, donde se encuentra la unidad habitacional en que murió, lo recuerdan como un adolescente que bebía y se drogaba en exceso, tanto que con frecuencia perdía la ropa.
Quizá por eso el barrio se creía que el muchacho era homosexual y dunque nadie se atrevió a señalar una relación de este tipo, quienes pintaron en su cuerpo las leyendas homofóbicas no tuvieron dudas: en muchas partes de nuestro país el color verde generalmente se asocia a los hombres con preferencia sexual distinta.
De acuerdo con la recomandación 7.14.2 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta 2000 se habían cometido en México 213 crimenes de odio relacionados con la orientación sexual de las víctimas, con lo cual el país ocupa el segundo lugar en el continente en la estadística de este tipo de agresiones. Pero la cifra podría ser mayor.
Arturo Díaz-Betancourt, coordinador de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), afirma que cada mes en México se documentan tres asesinatos relacionados con la preferencia sexual, y por cada uno de ellos existen cinco que se pierden en los archivos judiciales al ser clasificados como homicidios comunes o crímenes pasionales “que se cierran sin investigación”.
Cada año, pues, 180 personas con preferencia sexual distinta serían asesinadas en el país, cantidad que olvidan los opositores a la campaña por la tolerancia sexual que la Secretaría de Salud pondrá en marcha dentro de unos días. “La homofobia es parte de la cultura“, reconoce Díaz-Betancourt. “En esta sociedad matar a un homosexual es aceptado“. La mayoría de las víctimas son hombres entre 20 y 40 años de edad, aunque también se presentan casos de menores como Antonio. Y de acuerdo con las estadísticas de la CCCCOH, la incidencia más alta se presenta en la Ciudad de México donde, paradójicamente, la Procuradoría General de la Justicia del Distrito Federal (PGJDF) parece empeñada en negar su esistencia.
El año pasado la Comisión Ciudadana presentó ocho denuncias penales por discriminación, ninguna de las cuales ha llegado a tribunales porque el orden es, afirma Díaz-Betancourt, obligar a las víctimas a negociar con los agresores.
“En 2004 querían que conciliáramos todos los casos”, denuncia. “No se da seguimiento a las averiguaciones previas, los casos se cierran sin mayor investigación”.
Tan graves es la omisión del gobierno capitalino que en marzo próximo la CCCCOH presentará una queja ante la Comisiín Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se trata de hechos aislados. “Es un patrón que se repite con frecuencia”, dice Arturo Díaz.
Así ocurrió con la muerte de Antonio: dos semanas después (fue el 7 de febrero pasado) la PGJDF no determina aún las causas reales del deceso, pero en cambio se apresuró a descartar un crimen de odio.
El informe del agente del Ministerio Público encargado del asunto, Silvino Eduardo González López, establece que a unas horas de levantado el cadáver se recabó el testimnonio de dos niños quienes manifestaron “que su amigo hoy occiso no tenía tendencias homosexuales y que además tenía novia, por lo que se descarta algun posible móvil de homofobia”.
La chica no ha sido localizada porque en Santa María la Ribera nadie la conoce. Tampoco se sabe nada de las personas con quienes el muchacho bebía la noche de su muerte, ni mucho menos se encontró a quienes pintaron las leyendas en su cuerpo.
El caso está virtualmente cerrado. Según el fical de la PGJDF en la delegación Cuauhtémoc, Fernando López Vásquez, dunque el peritaje forense no está concluido lo más posible es que Antonio de Jesús – a quien se le encontraron 200 miligramos de alcohol en la sangre -, murió de frio. Y las leyendas de caracter homófobico son parte de un juego cruel.
“Se le pasaron los tragos, se puso mal, empezó a quitarse la ropa y quienes estaban tomando con él proceden a pintarlo y lo dejan tirado porque se durmió… Fue una broma muy pesada”.
Nombre de hombre
“Elsa” murió porque le dispararon con balas de goma. No fue en la frontera norte, donde el uso de estas municiones es regular en la “Border patron”, sino en la esquina de San Antonio Abad y Alfredo Chavero, colonia Obrera, Districo Federal.
Es el sitio donde el joven de 28 años trabajaba como sexoservidor. Una noche de 2001 un grupo de adolescentes a bordo de autos BMW y Mercedes Benz agredieron a “Elsa” y otros travestis con pistolas de gotcha (popular juego estadunidense en el que se utilizan balas de goma o rellenas de pintura), como suelen hacerlo desde hace cuatro años.
“Elsa” se protegió la cara con las manos pero fue derribado por las municiones que le pegaron el estómago y las piernas. Fue el principio del fin, recuerda “Alma Delia“, líder de la Cooperativa Angeles en Busca de la Libertad, que agrupa a decenas de travestis que trabajan en las colonias Obrera y Merced. “Se acababa de poner un implante en las nalgas y con la caída se le reventó. No se pudo curar, al poco tiempo ya estaba muerta“.
La Cooperativa denunció el ataque contra “Elsa” pero nada ocurrió. “Una vez los policías alcanzaron a los mocosos pero los dejaron ir”, cuenta “Alma Delia”, cuyo nombre de hombre (así llaman los travestis a su identificación oficial) es Jaime Casarrubias.
Después del ataque, “Elsa” trabajó durante varias semanas para costearse el tratamiento médico contra la infección creciente en su cuerpo. Murió en el anonimato: en la Cooperativa no se recuerda su nombre de hombre.
Las agresiones con balas de goma a sexoservidores se han vuelto bastante frecuentes en la ciudad de México, y se suman a los huevos, botellas, palos, cohetones y hasta balas que suelen recibir en una jornada de trabajo en las calles.
Es parte del riesgo, dice muy quieto “Alma Delia” mientras su compañero de cuarto le aplica en el cabello un tinte entre anaranjado y mostaza. “Esta, por ejemplo (señala el improvisado estilista), está bien asustada porque golpeó a un taxista que la quiso asaltar, tiene miedo que regrese y la mate”.
– Puede hacer eso?
– Claro, hay mucha homofobia en la ciudad. Hace poco a una compañera que trabaja en Insurgentes y Baja California le sacaron un ojo a golpes; pobre Nefis (se apellida Tadeo), no ha podido completar para su prótesis, le cuesta trabajo agarrar cliente.
La agresión quedará impune porque los Angeles en Busca de la Libertad ya se cansaron de presentar denuncias sin respuesta.
Y es que además de “Elsa”, en los últimos tres años la Cooperativa ha perdido a otros dos socios asesinados por homofobia: “Rubí”, originario de Morelos a quien “atravesaron con una varilla en Coyoacán”, y a “Mariposa”, un jalisciense que apareció con 25 puñaladas en su departamento de la Merced.
En ninguno de los casos hubo motivo aparente para la agresión. “Rubí había terminado con un cliente cuando le enterraron la varilla por la espalda”, cuenta “Alma Delia”. “No se drogaba ni tomaba; tenía el plan de retirarse en tres años para poner una estética en Cuernavaca. Ya no alcanzó”.
A “Mariposa” “la incontró una amiga cuando ya estaba acuchillada. No le robaron nada, ni tampoco se metía drogas o alcohol; por eso creemos que la mató alguien muy homofóbico”.
Ninguno de los casos, consignados por la PGJDF como crímenes personales, se ha resuelto.
– Hay negligencia de las autoridades para atender sus asuntos?
– Sí, apenas ven que se trata de nosotros o de sexoservidores y empiezan a cuchichear, a poner mala cara. Los decimos que hay una ley para que nos traten a los demás (la ley contra la discriminación) pero les entra por un oido y sale por el otro.
En la recomandación 1999/35 la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Asma Jahangir, denunció que la mayoría de los crímenes de odio cometidos en México se realizaban “de forma extremadamente violenta y brutal: a menudo se encontraron los cuerpos desnudos con las manos y los pies atados y con señales de tortura, apuñalados, estrangulados y mutilados”.
El documento incluyó la prepocupación de la Relatora “por la actidud llena de prejuicios de las autoridades y los informes tendenciosos de los medios de comunicación que han contribuido a crear un clima de impunidad e indiferencia sobre estos delitos“.
Ya pasaron seis años de esa recomandación, y para los travestis de Angeles en Busca de la Libertad el clima es, básicamente, el mismo.
El delito de ser hoomosexual
Víctor López Díaz fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, porque caminaba tomado de las manos de dos muchachos en la Zona Rosa.
No pudo evitarlo, confiesa : ese 20 de julio de 2004 se le juntaron un ex novio y la pareja con quien salía “y se me hizo feo dejar a uno de los dos“. La explicación no satisfizo a los uniformados que, sin más, detuvieron a los jovenes junto con otros cuatro amigos a quienes trasladaron al juzgado cívico 7 de la delegación Cuauhtémoc. Allí, varias horas después, supieron el motivo de su captura: tomar de la mano a un hombre, besarlo o simplemente expresar cariño en la vía pública hacia la pareja del mismo sexo es, para los policías preventivos, incitar a la prostitución.
“Solo caminabamos al Metro”, insiste López Díaz. “Nos detuvieron por expresar en la calle como somos, esa es la verdad. Fue indignante, pura discriminación“.
Eso fue lo que Víctor y sus compañeros pretendieron denunciar ante la PGJDF, pero la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos abrió un expediente por presunto abuso de autoridad sin incluir la discriminación de que fueron objeto.
Nada raro. De acurdo con Arturo Díaz-Betancourt en México sancionar la discriminación por preferencia sexual es una tarea casi imposible, pues además de las dificultades para convencer a las víctimas – “hay mucho miedo de la comunidad homosexual“ – es necesario vencer a los obstáculos supralegales de las autoridades de procuración de justicia.
Por ejemplo, en el Distrito Federal, para iniciar una averiguación previa por trato discriminatorio, los agentes del Ministerio Público exigen a las víctimas probar que resultaron afectadas sicológicamente. “Eso no está en el Codigo Penal, no sé de donde lo sacaron”, subraya.
También es común que se pretenda desviar las averiguaciones para obligar a una conciliación con los agresores, como ocurre con Rodolfo Andrade Castro y Pascual González a quien un vecino agredió a martillazos por su preferencia sexual.
En este caso, explica el coordinador de CCCCOH, sólo se inició una averiguación previa por lesiones y daño en propriadad ajena (uno de los martillazos lastimó la puerta del departamento de la pareja), sin incluir la agresión homófobica que padecieron.
Peor aún, “el agente dice tener órdenes de lograr un acuerdo de las víctimas con el agresor, lo cual no aceptamos. No es un delito del fuero civil que se puede conciliar con un pago, sino de un hecho que afecta la dignidad de las personas con sanción de tres años de cárcel”.
En el fondo, añade, lo que se busca es agotar el término legal de las denuncias para cerrar los casos. Por eso, en marzo próximo la Comisión Ciudadana presentará esos dos casos ante la CIDH.
“Realmente no hay protección para la comunidad lésbico gay de la ciudad de México, porque el gobierno no pone atención en garantizar su vida”, advierte Díaz-Betancourt. “Es una lástima porque ese sector fue uno de los más activos en la campaña por Andrés Manuel López Obrador; pero en todo su gobierno nunca hemos podido hablar con él”.
En “Masiosare”, No. 375, 27 de febrero 2005
