La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que tanto la guerrilla como los paramilitares violan normas humanitarias fundamentales al utilizar a niños para el combate. Estas prácticas horrendas están provocando un daño incalculable a los niños colombianos, y la sociedad colombiana en general.

     

(Nueva York, 22 de febrero de 2005) — Los grupos armados de Colombia se encuentran entre los peores violadores de las normas internacionales contra el reclutamiento y el uso de niños soldados, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe ratificar e implementar el tratado de las Naciones Unidas que prohíbe esta práctica.

Mañana, el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el Informe del Secretario General sobre los Niños y el Conflicto Armado, que incluye a Colombia dentro de los países en los que se usan niños combatientes. Tres de los grupos armados de Colombia-las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares-son objeto de las críticas de esta informe.

“La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que tanto la guerrilla como los paramilitares violan normas humanitarias fundamentales al utilizar a niños para el combate”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Estas prácticas horrendas están provocando un daño incalculable a los niños colombianos, y la sociedad colombiana en general”, agregó.

Human Rights Watch calcula que más de 11.000 niños combaten en el conflicto armado de Colombia, una de las cifras más altas del mundo. Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de Colombia es menor de 18 años. Varios miles de ellos son menores de 15 años, la edad mínima permitida para el reclutamiento en fuerzas o grupos armados de acuerdo con los Convenios de Ginebra.

Para ayudar a abordar el problema, Human Rights Watch instó al Congreso de Colombia a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El tratado, que Colombia firmó en 2000 pero no ha ratificado todavía, fija en 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, para el reclutamiento obligatorio o para cualquier reclutamiento o uso en hostilidades por parte de grupos armados irregulares. Aproximadamente el 80 por ciento de los niños combatientes de Colombia pertenecen a uno de los dos grupos guerrilleros de izquierdas, las FARC y el ELN. El resto combate en las filas paramilitares.

En 2004, UNICEF emprendió conversaciones preliminares para poner fin al uso y el reclutamiento de niños soldados con el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una coalición paramilitar. Según el informe del Secretario General de la ONU, estos grupos demostraron una voluntad de entablar un diálogo, pero no se comprometieron al cese de esta práctica.

Las FARC continúan reclutando y usando niños, y no se han comprometido a detener esta práctica. Según los cálculos de Human Rights Watch, las FARC tienen a la mayoría de los niños combatientes de Colombia. Partiendo de una estimación conservadora, entre el 20 y el 30 por ciento de los combatientes de las FARC son menores de 18 años.

Tras declarar un alto el fuego en diciembre de 2002, los grupos paramilitares prometieron liberar a todos los niños en sus filas. Han transcurrido más de dos años y esto aún no ha sucedido. Según el informe del Secretario General, los paramilitares han entregado cerca de 180 niños a las autoridades colombianas. Pero otros miles de niños siguen siendo utilizados como combatientes, incluso cuando los líderes paramilitares participan en negociaciones con el gobierno para la desmovilización de sus tropas.

El Congreso de Colombia actualmente está debatiendo el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares. Human Rights Watch insta al Congreso a dar prioridad en el actual debate a la desmovilización de los niños de las fuerzas paramilitares. El Congreso debe garantizar también que los responsables del reclutamiento de niños sean juzgados.

“El proyecto de ley de desmovilización tiene que enviar un mensaje claro a todos los grupos armados que usen niños combatientes”, señaló Vivanco. “Si Colombia no lleva ante la justicia a los responsables de explotar a estos niños, es probable que continúen estos terribles crímenes”, agregó.

En un informe de 2003, “Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia”, Human Rights Watch documentó cómo tanto la guerrilla como los paramilitares explotan la desesperación de niños pobres en las zonas rurales de combate.

Muchos niños se incorporan por la comida o la protección física, para huir de la violencia doméstica, o por las promesas de dinero. Algunos son obligados a punta de pistola, o se incorporan por miedo. Otros son niños de la calle que no tienen a dónde recurrir. Niños de hasta 13 años son entrenados en el manejo de rifles de asalto, granadas y morteros.

Con frecuencia, se ordena a los niños soldados que participen en ejecuciones sumarias, torturas, asesinatos, secuestros y atentados contra civiles. También están expuestos a enfermedades, agotamiento físico, lesiones, muerte súbita y tortura a manos del enemigo. Los niños que intentan escapar o regresar con sus familias corren el riesgo de que los ejecuten.

En el informe del Secretario General también se describen otros abusos contra niños por parte de los grupos armados ilegales de Colombia, que incluyen violaciones y asesinatos. En particular, el informe destaca el asesinato por parte de las FARC, en septiembre de 2004, de una niña de 15 años secuestrada el año anterior.

“Las FARC no han mostrado ninguna voluntad de cesar el daño y la explotación de niños”, señaló Vivanco. “Por el contrario, sus abusos parecen haber empeorado”.

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