Berger y la Gana proclamaron que el diálogo y los grandes acuerdos nacionales serían la tónica dominante de su gobierno y lo refrendaron con su eslogan de campaña: “Con Berger ganamos todos”. Un año después, de diálogo hubo muy poco, más bien todo se redujo a espacios donde las organizaciones sociales plantearon sus propuestas, pero en general no hubo respuestas y cuando la hubo, no las incluyó. Lo que sí tuvimos fue represión y el uso indiscriminado de la fuerza para acallar los reclamos de los sectores más postergados y necesitados.
En el año anterior, ocurrieron 35 desalojos de fincas, lo más conocidos: los casos violentos en Nueva Linda. En el primero fue la Policía Nacional Civil la que agredió a los campesinos, cortó el diálogo y realizó una acción que provocó 13 muertos, 9 campesinos y 4 policías. En el segundo, fue la guardia privada del finquero, la que con total impunidad baleó a los campesinos, intentó asesinar dos veces a un muchacho de 14 años y tranquilamente se quedó con la finca.
A los conflictos sindicales les dieron la misma respuesta. Trabajadores presos acusados de terroristas; vendedores vapuleados por oponerse a perder su lugar de ventas, controladores detenidos por exigir un contrato de trabajo y reparación del equipo para evitar una tragedia aérea.
Igual trato reciben ahora los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a la modalidad de la minería que nos quieren imponer en Guatemala. El gobierno hace un foro “nacional” en el que promete el diálogo y consulta, e inmediatamente, otorga una concesión a Exmibal y ante la protesta de una comunidad de Sololá, cuya alcadesa en uso de su potestad legal, defendía una pasarela y la opinión de su gente; responde movilizando más de mil policías y trescientos efectivos del ejército. El resultado, nuevemente un campesino muerto, decenas de heridos y la acusación a un respetado Obispo de ser el responsable de lo sucedido.
En este año, el gobierno ha invocado la defensa del estado de Derecho, solamente para defender a los poderosos y los negocios que realizan con otros más poderosos; convirtiendo a la PNC en una policía privada a su servicio. Ha criminalizado la protesta y la militancia social.
Berger ha logrado cultivar una imagen de hombre bonachón y simpático, pero en realidad ha implementado una política represiva sin fisuras, contra los campesinos y los trabajadores además ha dejado en la impunidad los 15 allanamientos del año pasado contra los organismos de derechos humanos, que este año siguieron con la agresión contra la sede de HIJOS. La confrontación sigue, ahora volvió contra los de siempre.
Marielos Monzón
