Antecedentes: El Ministerio de Energía y Minas entregó a la entonces Diputada Olga Camey de Noack documentación sobre concesiones mineras, tanto de explotación como de exploración, al 31 de julio de 2003. La misma contiene información sobre 247 concesiones de explotación minera y 255 concesiones de exploración minera, así como 21 solicitudes de reconocimiento minero. El Ministerio presentó las concesiones mezclando minería de metales (principalmente oro, plata, níquel, cobre, plomo y zinc) con la minería de minerales como mármol, granito, grava, arena, caliza, etc.. Para efectos de este análisis, solamente se ha tomado en cuenta a las concesiones de minería de metales, actividad económica tendiente a la explotación y luego exportación de minerales, normalmente por empresas transnacionales; mientras la extracción de otro minerales suele ser trabajo de pequeños concesionarios nacionales en áreas bien delimitadas. A la vez, es importante señalar que un 95% de las concesiones de minería de metales fueron otorgados desde el año 2000 hasta la presente fecha; eso debido al nuevo Código de Minería que permite hasta un 100% de propiedad de concesiones a personas o instituciones extranjeras, y también elimina a las tarifas de importación de maquinaria minera.
Realidad de Minería Hoy: Según el estudio realizado, se comprueban 31 concesiones de explotación y 135 concesiones de exploración minera. Con la excepción de concesiones antiguas para la minería de plomo de Huehuetenango y de las concesiones de Exmibal en Izabal, las otras fueron otorgadas durante los último cuatro años, después de la ratificación del Convenio 169 de la OIT por Guatemala.
Geográficamente, las concesiones están repartidas en las partes montañosas del país con la mayor concentración en el oriente. De hecho, hay concesiones en 16 departamentos y en 106 municipios. Aunque la información dada por el Ministerio no incluyó las extensiones territoriales de las concesiones, según el informe anual de tan solo uno de los concesionarios, Radius Exploration, Ltd., sus concesiones mineras cubren más de 4,000 km2.
Los principales actores en minería son cinco empresas extranjeras que trabajan bajo varias razones sociales en Guatemala. Tres son canadienses: Inco, Ltd. (bajo la razón social de Exmibal), Jaguar Nickel, Inc. (bajo la razón social de Minera Mayamérica, S.A.) y Radius Exploration, Ltd. (bajo las razones sociales de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. y Exmingua, S.A.). Las empresas estadounidenses son Glams Gold, Ltd. (bajo las razones sociales de Entremares, S.A. y Exploradora Montana, S.A.) y ITH Chemicals, LLC. (bajo las razones sociales de Minera Quetzal, S.A., Representaciones Químicas, S.A., Químicos, S.A. Y Geominas, S.A.).
Según declaraciones de personeros del Ministerio de Energía y Minas, nunca efectuaron consultas con poblaciones antes de otorgar las concesiones, aduciendo que el Código de Minería no contempla tal procedimiento. Así, las vastas concesiones han sido dadas sin que las comunidades, indígenas o no, sepan que los subsuelos que poseen han sido concesionados a empresas internacionales.
Las concesiones por departamento y municipio son:
• Alta Verapaz, 4 concesiones de explotación y 5 de exploración, en los municipios de la Tinta, Panzós, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Santa María Cahabón, Senahú y Tucurú.
• Baja Verapaz, 6 concesiones de exploración, en os municipios de Cubulco, Granados, Las Cañas, Purulhá, Rabinal y Salamá.
• Chimaltenango, 8 concesiones de exploración, en los municipios de Acatenango, Jocaxac, Parramos, Pastores, Patzcicía, San Andrés Itzapa y San Martín Jilotepeque.
• Chiquimula, 12 concesiones de exploración, en los municipios de Camotán, Chiquimula, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quetzaltepeque, San Jacinto, San José la Arada y San Luis Jilotepeque.
• El Progreso, 11 concesiones de exploración, en los municipios de Cabañas, Charrando, El Jícaro, Guastatoya, Morazán, San Agustín Acasaguastlán, San Antonio La Paz, San Cristóbal Acasaguastlán, Sanarate, Sanrare y Usumatlán.
• El Quiché, 13 concesiones de exploración minera, en los municipios de Chichicastenango, Chichique, Joyabaj, San Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiché y Zacualpa.
• Guatemala, 2 concesiones de explotación y 17 de exploración, en los municipios de Palencia, San José Pinula, San José del Golfo, San Juan Sacatapéquez y San Pedro Ayampuc.
• Huehuetenango, 19 concesiones de explotación y 18 de exploración, en los municipios de Aguacatán, Cuilco, Chiantla, Churrancho, Nentón, San Idelfonso Ixtahuacán, San Mateo Barillas, San Mateo Ixtatán, San Miguel Acatán, San Pedro Necta, San Raymundo, San Sebastián y Tectitán.
• Izabal, 4 concesiones de explotación minera y 10 de exploración, en los municipios de El Estor, Livingston, Los Amates, Morales y Puerto Barrios.
• Jalapa, 9 concesiones de exploración minera, en los municipios de Mataquescuintla y San Pedro Pinula.
• Jutiapa, 2 concesiones de exploración minera, en el municipio de Asunción Mita.
• Sacatepéquez, 1 concesión de exploración minera, en el municipio de Sumpango.
• San Marcos, 1 concesión de explotación minera y 5 de exploración, en los municipios de Concepción Tatualpa, Ixchiguán, Malacatancito, San Marcos, San Miguel Ixtahuacán, San Pedro Sacatepéquez, Sibinal, Sipacapa, Tacaná y Tajumulco.
• Sololá, 5 concesiones de exploración minera, en los municipios de Nahualá, Patzite, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa María el Tablón y Sololá.
• Totonicapán, 17 concesiones de exploración minera, en los municipios de Concordia, Momostenango, Samalá, San Antonio Ilotenango, San Bartolo, San Francisco el Alto, San Pedro el Alto, Santa Catarina Chiquimula, Santa María Chiquimula, Tectitán y Totonicapán.
• Zacapa, 1 concesión de explotación minera y 5 concesiones de exploración, en los municipios de Gualán, La Unión y San Diego.
Conclusiones: El otorgamiento de cientos de concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas constituye una grave violación de los derechos de miles de guatemaltecos, indígenas y no, quienes nunca fueron consultados ni informados que el subsuelo de sus tierras habría sido concesionado a una empresa minera. Es importante subrayar que 9 de los 1 departamentos afectados son mayoritariamente de población indígena, y que varios grupos pequeños (Ch`uy, Sipakapense, Ch`orti entre otros) estarán en peligro de etnocidio si los proyectos mineros se realicen.
Por su pare, las empresas, una vez teniendo la concesión, van invirtiendo en sus proyectos y difícilmente acceden en parar la marcha de sus actividades.
La experiencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al resolver en diciembre de 2003 que las concesiones mineras en El Estor sean suspendidas mientras no se haya cumplido con las garantías del Convenio 169 y la legislación nacional, es bastante relevante y ofrece una solución inmediata para garantizar que los derechos de los pueblos que viven en zonas ya concesionadas sean respetados.
A la vez, urge divulgar esta información y promover una asamblea de los pueblos indígenas, quienes son los más vulnerables en este contexto, para demandar el respeto a sus derechos (hasta incluso la posible cancelación de las concesiones) y para exigir cambios en las políticas del gobierno y reformas en las leyes y los reglamentos que rigen las concesiones de los recursos naturales en este país.
Daniel Joseph Vogt Vehige
