Minería a sangre y fuego.
Por este medio, el Frente Guatemalteco de Resistencia a la Minería de Metales a Cielo Abierto, se solidariza con las alcaldías de Sololá, y con las comunidades Kakchikeles, Tzutuhiles y K`ichés del Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, en su lucha por hacer valer sus derechos establecidos en las leyes del país, como son la autonomía municipal, el derecho a la vida y a la resistencia pacífica. Y manifiesta lo siguiente:
1) Lamenta los hechos sangrientos ocurridos en la aldea Los Encuentros (entre Sololá y El Quiché), donde se menciona la muerte de dos comunitarios y múltiples heridos, como saldo preliminar en el enfrentamiento entre miles de pobladores y miembros de las fuerzas de seguridad, representadas en la Policía nacional Civil y el Ejército Nacional. Los hechos sangrientos se derivan por la oposición de las comunidades indígenas ante el paso de un enorme cilindro de acero propiedad de la empresa minera Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold.
2) Al Frente de Resistencia Contra la Minería, le preocupa:
a) La respuesta autoritaria que el gobierno de Oscar Berger da a las demandas de los pueblos mayas que se resisten a la actividad minera.
b) Las declaraciones irresponsables del actual ministro de Gobernación, que acusa a la alcadesa indígena de Sololá de ser la líder de este movimiento y de “agitar a la población”.
c) La incapacidad del gobierno para dialogar y escuchar a las comunidades mayas, y su actidud de constituirse en defensor y vocero de los intereses de las transnacionales mineras, desoyendo las demandas de la población.
d) Que en el Foro Nacional de Minería realizado en diciembre pasado, altos funcionarios de gobierno se comprometieron a dialogar y a consultar con la población afectada antes continuar con la actividad minera. Este hecho desmiente esos compromisos.
e) Para construir la Paz Firme y Duradera es indispensable implementar los Acuerdos de Paz y poner especial atención al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual no se ha hecho.
f) Que el Convenio 169, ratificado por Guatemala, establece que el gobierno está obligado a consultar con la población indígena todos los asuntos que la afectan, lo cual no ha realizado.
g) La forma poco trasparente como este gobierno maneja el tema de minería de metales y de pretender enganar a la población.
3) Responsabilizamos al gobierno de estos hechos lamentables y de los que podrían sucederse en el futuro ante las luchas de resistencia de los pueblos mayas, en contra de la minería de metales a cielo abierto.
4) Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos para que se manifieste contra estos hechos sangrientos, y a la comunidad nacional e internacional para que se solidarice ante estos atropellos, y exija que se respete la voluntad popular.
No a la minería de metales, sí a la vida!
Guatemala, 11 de enero 2004
