Amnistía Internacional se pronuncia en contra de las detenciones de Guantánamo que han entrado ya en su cuarto año, mientras las denuncias de tortura aumentan.

     

La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos por persuadir a Estados Unidos para que ponga fin al escándalo que representa el campo de reclusión de Guantánamo desde el punto de vista de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 7 de enero de 2005, aprovechando que se cumplen tres años de las detenciones de esta base naval estadounidense de Cuba.

“En los últimos tres años, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la ausencia de ley –ha señalado la organización de derechos humanos–. En los más de mil días transcurridos desde que comenzaron, estas detenciones ordenadas por el poder ejecutivo son una clara muestra de cómo un gobierno intenta estar por encima de la ley. El ejemplo que dan es un peligro para todos nosotros.”

El examen judicial pleno de la detención y el acceso a abogados y a observadores independientes de derechos humanos son salvaguardias básicas contra la tortura y los malos tratos, la detención arbitraria y la “desaparición”. Continúan apareciendo indicios de que los detenidos de Guantánamo han sido torturados y maltratados, e incluso agentes del FBI se han sumado ya a la lista de quienes formulan tales denuncias. Ayer, el ejército anunció que iba a realizar una investigación interna sobre los últimos abusos denunciados.

“No basta con realizar otra investigación interna –ha manifestado Amnistía Internacional–. Hace mucho tiempo que debería haberse creado una comisión independiente para investigar de manera exhaustiva todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio aplicadas por Estados Unidos en el contexto de ‘guerra contra el terror’. Ningún organismo debe quedar eximido de someterse a tal examen ni ninguna persona ha debe estar exenta de responsabilidad penal si hay pruebas sólidas.”

El gobierno del presidente George W. Bush ha sancionado la existencia en Guantánamo de condiciones de reclusión y técnicas de interrogatorio que violan las normas internacionales. Las investigaciones y exámenes realizados previamente por el ejército, por no hablar de las llevadas a cabo por el propio gobierno, no han denunciado aún esta situación.

Entre las técnicas de interrogatorio autorizadas en Guantánamo figuran métodos como obligar a los detenidos a permanecer en posturas tensas, encapucharlos, impedirles dormir y azuzarles perros. Los agentes del FBI han informado de abusos como la utilización cruel y prolongada de grilletes y el uso de música estridente y de luces estroboscópicas. Asimismo, aseguran haber sido testigos del uso de perros para intimidar a los detenidos. Sin embargo, las autoridades militares, incluidas las participantes en investigaciones previas, habían garantizado que en Guantánamo no se utilizaban perros con tal fin. Es evidente que, como lleva pidiendo Amnistía Internacional desde mayo de 2004, se debe realizar una investigación exhaustiva e independiente.

El presidente Bush ha manifestado una y otra vez a lo largo de su mandado que Estados Unidos está comprometido con el respeto de la ley y los fundamentos “no negociables” de la dignidad humana. La Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, de Estados Unidos, hacen hincapié en que la búsqueda de seguridad ha de estar fundada en el respeto de estos principios. La política que el gobierno aplica ahora es el ejemplo más notorio del incumplimiento de dicho compromiso.

“No se puede creer ya en el gobierno cuando dice que no olvidará los derechos humanos y el respeto de la ley ni siquiera en la ‘guerra contra el terror’ –ha indicado Amnistía Internacional–. Tiene que demostrar su compromiso con actos y que cambiar radicalmente de rumbo de conformidad con el derecho y las normas internacionales.”

Seis meses después de haber dictaminado la Corte Suprema de Estados Unidos que los tribunales estadounidenses tienen competencia para ver las apelaciones de los detenidos, el gobierno esta intentando alejar lo más posible del proceso judicial todo examen de la legalidad de las detenciones. Ha afirmado ante los tribunales federales que el examen administrativo ante los denominados Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente –formados por militares que pueden basarse en pruebas secretas y obtenidas con coacción para calificar de “combatientes enemigos” a detenidos que no tienen acceso a un abogado– constituye en grado más que suficiente el proceso debido.

Más de 500 personas de diversas nacionalidades continúan detenidas sin cargos ni juicio en Guantánamo. A cuatro de ellas se les han imputado cargos que se verán ante comisiones militares, lo que constituye una violación del derecho y las normas internacionales. Los procedimientos correspondientes están paralizados desde noviembre, a raíz del fallo de un juez federal. El gobierno ha apelado esta decisión y pretende seguir adelante con las comisiones militares, organismos que carecen por completo de independencia respecto del poder ejecutivo.

“Junto con los detenidos y sus familias, también el respeto de la ley está siendo víctima de este desdén por el poder judicial –ha afirmado Amnistía Internacional– El ejemplo que se está dando con Guantánamo muestra un mundo en el que los derechos humanos básicos con negociables y en el que la detención arbitraria y la justicia selectiva de segunda clase resultan aceptables en bien de la seguridad.”

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a Estados Unidos para que someta a los detenidos de Guantánamo a un juicio justo o los deje en libertad, olvidándose de una vez y para siempre de las propuestas de juicio ante comisiones militares. Todas las denuncias de tortura o malos tratos cometidos en Guantánamo o en cualquier otra parte deben ser investigadas de manera independiente, y los presuntos responsables deben ser puestos a disposición judicial. Se debe poner fin de inmediato a todas las detenciones en secreto y en régimen de incomunicación, así como a los traslados en secreto de detenidos de un país a otro.

Amnistía Internacional, 7 de enero de 2005

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