Fumigaciones, desplazamiento e intereses económicos
Partiendo de la historia reciente del pueblo kofán, este documento intenta mostrar cómo, bajo el manto de una guerra antiterrorista y antidroga, se están asegurando grandes intereses económicos en el Bajo Putumayo. El paramilitarismo ha sido el principal aliado de los grandes inversionistas, de las empresas, y de la fuerza pública, y sigue tan presente en 2007 como antes de su desmovilización. Específicamente consideraremos los impactos que han tenido sobre esta comunidad ancestral los cultivos de coca, la actividad petrolera, y los desarrollos del conflicto armado en territorio kofán.
El territorio ancestral del Pueblo Kofán se encuentra en la zona selvática entre Ecuador y Colombia, alrededor de los grandes ríos que fluyen desde la cordillera andina hacia la cuenca amazónica. En Colombia viven alrededor de mil kofanes, la mayoría de ellos distribuidos sobre 11 comunidades en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuéz y Orito, en el departamento de Putumayo. Hoy en día su territorio, cultura y supervivencia están seriamente amenazados por las dinámicas asociadas con el negocio de las drogas, el conflicto armado y los grandes megaproyectos que se están desarrollando en su territorio.
Desde 1999, numerosos miembros de las comunidades kofán se han debido desplazar de sus resguardos a causa de las frecuentes incursiones al territorio indígena, asesinatos selectivos, desapariciones, reclutamiento forzado, señalamientos, judicializaciones, abusos sexuales, destrucción de bienes civiles, y la destrucción de cultivos lícitos debido a la aspersión aérea. Este desplazamiento no ha sido producto solamente de las acciones armadas de las diferentes facciones en disputa en la zona, sino que también se debe entender como resultado de una estrategia de expropiación de tierras que hacen parte del territorio ancestral kofán. [1]
Coca
El Pueblo Kofán ha sido por miles de años un pueblo yagero [2] y en las comunidades kofán no existe un consumo generalizado de la hoja de coca. Los primeros cultivos de coca comenzaron a verse en los años setenta del siglo pasado, y aparecieron junto con una colonización del territorio ligada a intereses del petróleo. Muchos de los contratos en el sector petrolero eran temporales con lo cual los trabajadores tenían que buscar fuentes alternativas de ingreso, para lo cual se recurría a la siembra de coca.
En el Plan de Vida del Pueblo Kofán (2002) [3], los kofanes reconocen la existencia de matas de coca en sus resguardos. Por la falta de tierras para sembrar, de mercados para vender, y de infraestructura para transportar productos lícitos, la coca ofrecía una de las pocas alternativas de subsistencia. En 1999, antes de que empezara la aspersión aérea, había en todo el territorio kofán 427 hectáreas de coca, que hacían parte de las 66 mil hectáreas de coca que había en ese momento en todo el Putumayo, la gran mayoría de ellas en el Bajo Putumayo.
Entre 2000 y 2004 se fumigaron en el Putumayo 143.771 hectáreas de coca, quedando a finales de 2004 sólo 4.400 hectáreas sembradas en ese departamento. Entre 2005 y 2006 se vuelve a ver un fuerte incremento en los cultivos que alcanzaron hasta 12.000 hectáreas, período que curiosamente coincide con la implementación del Plan Patriota y con el cambio de enfoque en la estrategia militar. La zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, que en parte es territorio kofán, ha sido una de las zonas con más cultivos.
En 2007 sigue habiendo coca en los resguardos kofán. Ante la falta de una propuesta económica viable, los cultivos de coca siguen ofreciendo una alternativa lucrativa también para los kofanes. En las parcelas fumigadas y erradicadas ha habido en parte resiembra, y otra parte de los cultivos se ha trasladado a nuevas parcelas dentro de los resguardos. Sin embargo, la mayor parte de la coca en los resguardos no es de propiedad kofán, sino de colonos que han comprado parcelas dentro del territorio o han sembrado de forma ilegal.
Según los mismos kofanes la introducción de la coca ha cambiado gran parte de la cultura y las formas de producción dentro de las comunidades. La dependencia del dinero ha repercutido en la disminución de la producción de cultivos de pancoger, y ha introducido una mentalidad ‘de hombre blanco’, donde rigen más el materialismo y el individualismo. La llegada de los cultivos ilícitos ha incrementado, además, la colonización dentro de los resguardos, y ha destruido gran parte de la reserva forestal. Los herbicidas usados en la producción de la coca y los químicos usados en la producción de la pasta base y el clorhidrato que se derrama en los ríos, han tenido efectos negativos sobre la salud humana, la fauna y la calidad del agua. Con los cultivos de coca y el narcotráfico llegaron también la insurgencia y los grupos paramilitares que financian sus actividades en parte con el negocio de la coca y la pasta base, dando pie al inicio de una intensa guerra antinarcóticos en la zona.
Erradicación manual, aspersión aérea y efectos perversos de la llamada ayuda al desarrollo
El 22 de diciembre de 2000 empezaron las fumigaciones aéreas con glifosato sobre las comunidades kofán dentro del marco del Plan Colombia. Esta estrategia se ha mantenido hasta el día de hoy con varias pausas, y en combinación con una erradicación manual forzosa.
Las numerosas denuncias, como consecuencia de la aspersión aérea, han sido motivadas por sus efectos negativos para la salud humana, la destrucción de cultivos lícitos, particularmente destrucción de huertos con plantas medicinales, la contaminación de las fuentes de agua y la muerte de peces y animales silvestres. Paradójicamente la coca es uno de los cultivos más resistentes a la aspersión aérea, lo que ha significado que mientras los cultivos de pancoger quedan destruidos por la acción del herbicida, la coca, en cambio, se puede cosechar tres o cuatro meses después de una fumigación.
Gracias a las numerosas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en diciembre de 2005 el gobierno colombiano firmó un acuerdo con Ecuador para paralizar la aspersión aérea en la zona limítrofe, en una franja de diez kilómetros. Pero un año después, el 11 de diciembre de 2006 el gobierno colombiano decidió volver a fumigar masivamente en esa zona. Las nuevas fumigaciones estuvieron acompañadas de erradicación manual en los resguardos indígenas. Según los colonos de la zona, durante estas operaciones se produjeron casos de abusos por parte de los erradicadores hacía la gente, como violaciones sexuales a mujeres, jóvenes y niñas, y se constató la presencia de paramilitares supuestamente desmovilizados del Bloque Central Bolívar. Pero no existe un registro de denuncias formales interpuestas por los afectados, lo que podría explicarse por el miedo o la poca confianza que tiene la gente en que estas denuncias conduzcan a alguna respuesta por parte de la Fiscalía colombiana en materia de justicia o reparación.
El campesinado en su totalidad ha expresado su negativa a presentar las quejas por fumigación para seguir el procedimiento pertinente ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, debido a que es de público conocimiento de que éste, en años anteriores, fue un procedimiento en vano, toda vez que las quejas por fumigaciones recibidas en este despacho, años atrás, pese a que se encontraban totalmente bien diligenciadas y se realizó el procedimiento completo, fueron rechazados en su totalidad.” – César Andrés Chapal Legarda, personero municipal de Puerto Asís, 15 de febrero, 2007.
La aspersión aérea dentro del marco del Plan Colombia ha destruido los cultivos de pancoger y la militarización ha agudizado el conflicto en la región, causando pérdida de vidas y un masivo desplazamiento de población. El dinero destinado a la inversión social y al desarrollo alternativo no ha servido para fortalecer los procesos de base, en cambio sí ha tenido el efecto de generar divisiones dentro de las comunidades y organizaciones. La agencia estadounidense de ayuda al desarrollo USAID, por ejemplo, ha transferido en el marco del Plan Colombia millones de dólares a organizaciones locales y comunidades campesinas e indígenas [4] para el fortalecimiento institucional, el desarrollo alternativo y la asistencia de emergencia. Pero como no ha habido un monitoreo directo sobre estas inversiones, en vez de mitigar los efectos de la intervención militar, estos fondos han terminado generando indirectamente divisiones y conflictos dentro de las comunidades y las diferentes organizaciones que las representan. Las distintas opiniones políticas en cuanto a la percepción del Plan Colombia también han contribuido a ahondar las diferencias entre organizaciones y comunidades, concretamente entre las que han aceptado recibir dinero y las que no.
Petróleo
El incremento de la fuerza pública dentro del marco del Plan Colombia bajo el pretexto de la lucha antidroga y antiterrorista también ha servido los intereses económicos del sector petrolero.
“Para reactivar la exploración y la búsqueda de petróleo, nosotros hemos destacado una Brigada en el Putumayo de 4.300 hombres,( …) cuidando infraestructura, cuidando los centros de acopio de petróleo, cuidando los pozos y cuidando el oleoducto…”(presidente Álvaro Uribe Vélez, 18 de junio, 2005).
La empresa petrolera Texaco inicia en la región sus exploraciones en 1964 en los municipios de La Hormiga, Valle del Guamuéz y San Miguel, donde también se encuentra el territorio ancestral kofán. El pozo más grande del sur del país, que está en producción desde 1968, se encuentra en Orito, explotado primero por la Texaco y luego por Ecopetrol. Además de varios pozos, en el Putumayo se encuentran cuatro oleoductos importantes que conectan entre otros con Ecuador y el puerto de Tumaco en la costa pacífica.
Después de 2000 se produjo en Colombia una declinación de la producción petrolera. Pero en 2004 el gobierno de Uribe reactivó la producción con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta agencia cambió el recuadro de regulaciones, disminuyó el papel de la petrolera nacional Ecopetrol, y ofreció ventajas económicas muy favorables para las empresas extranjeras. Además de los cambios en los contratos, también la nueva repartición de las regalías favorece hoy a las empresas petroleras.
La liberación del sector petrolero produjo en 2004 y 2005 la firma de numerosos contratos para exploración de hidrocarburos y para estudios técnicos. Entre ellos se encuentra el reingreso de la compañía Operaciones Petroleras Andinas (OPA) en el Bloque Coatí, una zona de aproximadamente 28 mil hectáreas que cruza los resguardos kofán de Afilador y Yarinal, y los resguardos de San Marcelino (Kichwa) y Monterrey (Awa). La OPA, empresa de origen colombiano, se quedará por lo menos tres años y hará una inversión de 18,7 millones de dólares [5]. Con la excusa de que el proyecto de exploración y explotación que se pretende reiniciar se produjo con anterioridad a la Ley 99 de 1993 [6], no se ha hecho ninguna consulta previa con las comunidades indígenas.
Ubicación del Bajo Putumayo dentro de Colombia
La llegada de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al Putumayo, según versiones de ellos mismos, tenía como uno de sus objetivos la facilitación de la explotación de los recursos por empresas trasnacionales [7]. Un caso concreto que revela el rol del paramilitarismo para defender los intereses económicos en la zona podría ser el de la incursión armada paramilitar el 18 de octubre de 2005 en la comunidad de San Marcelino, localizada dentro del Bloque Coatí. Los paramilitares amenazaron y saquearon el cabildo, retuvieron a seis indígenas y obligaron a 11 familias a desplazarse [8]. Unas semanas después llegó la Fuerza Pública para asegurar y controlar la zona, y en diciembre de ese mismo año la OPA empezó su trabajo de exploración.
La mayoría de los resguardos kofán se encuentra dentro o cerca de campos de exploración y explotación petrolera, buena parte de los cuales operan bajo contratos firmados a partir de 2004. El bloque Alea de 569.000 hectáreas, firmado con Repsol y Chaco en diciembre de 2004, cruza el territorio ancestral kofán y está muy cerca de algunos resguardos kofanes. Los campos de explotación y exploración de Ecopetrol, como el Área Occidental, Área Sur y el bloque Churuco, están en la frontera o al interior de varios resguardos kofanes.
El impacto de la exploración del petróleo sobre las comunidades, igual que en el caso de la coca, es múltiple. Según miembros de varias comunidades la acción de las empresas petroleras es responsable de la aparición de enfermedades como el cáncer, anemia, diarrea, vómito, y enfermedades de la piel, la vista, y respiratorias. Además, la explotación petrolera tal como se desarrolla:
Ha inducido a la desorganización política y social por el flujo de dinero que genera divisiones entre la gente. Incrementa la colonización, la invasión de territorios y como consecuencia el desplazamiento. Incrementa la militarización, dado el aumento de presencia paramilitar e insurgente alrededor de los pozos y oleoductos. Es responsable de la contaminación ambiental (el agua es la más afectada) porque las empresas dejan sus residuos y no se ciñen a los reglamentos ambientales. Por otro lado, los ataques de la insurgencia a la infraestructura petrolera provocan significativos derramamientos de crudo en los ríos [9]. Como resultado de esto, no hay pescado, no se puede tomar el agua, y la gente no se puede bañar porque le salen ronchas. Las comunidades que se encuentran a los pies de los pozos son las más afectadas. Intensifica el conflicto en la región debido a los intereses de los grupos armados sobre la infraestructura petrolera. Perjudica las ceremonias ancestrales y destruye el territorio, amenazando con ello la cosmovisión, la vida y la cultura del Pueblo Kofán.
Comunidades kofán en el Bajo Putumayo
En materia de exploración y explotación de hidrocarburos en comunidades indígenas, las empresas petroleras y el Estado tendrían que respetar un marco jurídico nacional e internacional. Según el convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley 21 de 1991, el Estado colombiano se encuentra obligado a surtir una consulta previa con las comunidades afectadas, y a intermediar como ente imparcial ante las empresas petroleras. El Estado colombiano y las empresas sin embargo muy pocas veces han respetado ese marco jurídico, como en el caso del reingreso en el Bloque Coatí donde no ha habido ninguna consulta previa.
En el sistema de regalías las comunidades tendrían que ser consultadas sobre la manera como las alcaldías de los municipios afectados deberían invertir el dinero. Además, si se explotan recursos dentro de un resguardo, o a cinco kilómetros de éste, tendría que haber una compensación por el impacto causado. No existe un solo ejemplo en el Bajo Putumayo en donde las regalías hayan llegado a las comunidades kofán afectadas, ni en donde los resguardos hayan recibido alguna compensación por los daños ocasionados.
Aparte del petróleo se están desarrollando otros megaproyectos en el Bajo Putumayo, como es el caso del Puente Internacional que cruza el río San Miguel y une Ecuador con Colombia. Este proyecto económico se ha realizado dentro de varios resguardos kofanes, otra vez sin ninguna consulta previa. El Puente Internacional, igual que la construcción del canal interoceánico Tumaco – Manaos – Belem do Para, conforman la infraestructura vial que acompaña el plan de apertura económica y el Tratado de Libre Comercio que se está negociando con los Estados Unidos.
Conflicto Armado en el Bajo Putumayo
El Plan Patriota, iniciado en diciembre de 2003, desplazó la acción de la fuerza pública hacia los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Aunque Putumayo dejó de ser el epicentro de la ofensiva, no obstante se ha seguido fortaleciendo la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, con programas que de hecho involucran a la población civil dentro del conflicto interno, como los de “soldados campesinos”, y la “Red de informantes y cooperantes”.[10]
En marzo de 2006, 504 paramilitares del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron en Puerto Asís. Según un informe de Indepaz, un año después había más de 700 paramilitares en el Putumayo, pertenecientes a hombres que no se desmovilizaron del frente sur de las AUC, los Rastrojos vinculados a los intereses del cartel del Norte del Valle y el Frente Antiterrorista Único (FAU) [11]. A primera vista resulta paradójico el hecho de que el Putumayo, el departamento en donde más se ha aplicado el Plan Colombia y que ha sido una de las zonas más militarizadas, es a la vez una de las más golpeadas por el paramilitarismo.
Es difícil hablar con certeza sobre las cifras de la violencia política en el Putumayo desde que comenzó el Plan Colombia. La mayoría de las víctimas o sus familiares no han querido denunciar por miedo a la persecución. “El Personero siempre nos dijo que si queríamos vivir no denunciáramos.”[12]
Desde 2000, las comunidades kofán han padecido violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley. Los numerosos señalamientos, detenciones, ataques a bienes civiles, homicidios, desapariciones forzadas, combates dentro de los resguardos, paros armados y violaciones sexuales han desarticulado el tejido social y provocado, en combinación con las fumigaciones, el desplazamiento de cientos de personas. Entre 2000 y 2006, numerosas familias kofán se tuvieron que desplazar como efecto de la violencia y las fumigaciones.
Varias organizaciones locales han hablado de reclutamiento forzado en comunidades kofán por parte de los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo cada vez se denuncia menos esta práctica por temor a las represalias. También la Fuerza Pública aplica el reclutamiento forzado con la red de informantes o los soldados campesinos. Esta política de involucrar a la población civil ha puesto en peligro a las familias de los jóvenes que se meten con la fuerza pública, ya que éstas se convierten en objetivo militar de las FARC.
La militarización del territorio y las violaciones e infracciones a la población civil han estado acompañadas al nivel nacional por una estrategia jurídica que favorece los grandes intereses económicos. Los proyectos de ley que se han firmado en el Congreso colombiano durante la presidencia de Uribe, han creado un ambiente favorable para atraer la inversión extranjera, legalizar el despojo de tierras e insertar las estructuras paramilitares dentro de la sociedad colombiana.
Varias iniciativas jurídicas desplegadas durante los últimos cinco años parecen proporcionar el marco político a la tragedia del destierro: la reforma laboral (ley 789/2002), la ley de justicia y paz (ley 975/2005), la ley forestal (ley 1021/2006) y la ley de desarrollo rural, en debate en el Congreso (aprobada el 21 de junio de 2007). En conjunto, estas normas ofrecen una coincidencia temporal y política de la decisión de legalizar condiciones de contratación para una elevada oferta de mano de obra pauperizada por el destierro, desorganizada por el terror y, en consecuencia, carente de capacidades para negociar su remuneración. A estas circunstancias se suman la legalización de la acción paramilitar y la de los bienes obtenidos mediante las presiones, asesinatos, compras forzadas y ocupaciones de hecho. [13]
La supervivencia de los kofán
El impacto de la violencia política sobre las comunidades kofán llega a tal punto que se teme por la supervivencia de este pueblo. Según datos de la Fundación Zio`Ai, entre 1997 y 2003 fueron asesinadas 26 personas, tres de ellas autoridades.[14] En mayo de 2007, varios resguardos y comunidades kofán denunciaron que habían sido bombardeados indiscriminadamente por la fuerza pública, hechos en los cuales pereció un miembro de la comunidad, otro desapareció, y fueron detenidas de manera arbitraria treinta personas. Como resultado de esa acción, más de cuarenta familias tuvieron que desplazarse de sus casas por temor a más represión de la fuerza pública.[15] Por el reducido tamaño del pueblo kofán, el impacto de cada asesinato, desaparición o desplazamiento se siente con fuerza sobre la comunidad. Como resultado de la violencia que ha causado la muerte y el desplazamiento de cientos de kofanes, en este momento existen varias comunidades kofán donde no hay autoridad tradicional y donde el tejido social está fuertemente desestructurado.
La cosmovisión y cultura de los kofán está estrechamente vinculada a las ceremonias de toma del yagé. Como consecuencia de las fumigaciones y la erradicación, las plantas sagradas y medicinales se han reducido en los resguardos kofanes en los últimos años. Los erradicadores han cortado el bejuco del yagé y las fumigaciones han secado y destruido también varias matas complementarias del yagé. Además las ceremonias ya no se pueden hacer con tranquilidad por la contaminación, la bulla, el medio ambiente violentado y la presencia de grupos armados.
En 2002 fue presentado el Plan de Vida del Pueblo Kofán como una propuesta de las comunidades frente a las diferentes amenazas que en ese momento estaban enfrentando. Dentro del Plan de Vida las propuestas de saneamiento y ampliación de los resguardos son tal vez las más importantes para asegurar la supervivencia de la cultura kofán y la autonomía de las comunidades. Entre 2000 y 2007 se reconocieron algunos resguardos, de los cuales el más importante es el resguardo Ukumani Kanki, que forma el centro espiritual de los kofán. Sin embargo el Área Oriental de Ecopetrol cruza el santuario ancestral y existen en la zona tres pozos sellados.
Recomendaciones
El gobierno colombiano debe hacer respetar el marco jurídico de la OIT y de la Constitución de 1991, que establecen que cuando las comunidades indígenas son afectadas, debe hacerse siempre una consulta previa, como es el caso con las fumigaciones aéreas, la exploración y explotación petrolera, y el desarrollo de megaproyectos en territorio ancestral.
El gobierno colombiano debe respetar igualmente el marco jurídico nacional e internacional que protege el derecho a la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas. La Ley de Justicia y Paz y la Ley de Desarrollo Rural, en vez de beneficiar a las victimas, están fortaleciendo la posición política y económica de los victimarios.
En el Bajo Putumayo, las fumigaciones, más que una propuesta para terminar con los cultivos de coca, han funcionado como una estrategia de desterritorialización, instrumentalizada para promover el desarrollo de intereses económicos en la zona. Por ningún motivo debería volver a considerarse el uso de esta estrategia que tanto ha contribuido al exterminio del Pueblo Kofán.
El estado colombiano está en la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de sus minorías étnicas. Este deber se hace aún más perentorio en casos de comunidades indígenas pequeñas como los kofanes que viven en permanente estado de vulnerabilidad.
Fuente: Trasnational Institute, de Holanda, Programa Drogas y Democracia Informe septiembre 2007
Moritz Tenthoff, Transnational Institute (TNI), De Wittenstraat 25 1052 AK, P.O.Box 14656 1001 LD – Amsterdam – The Netherlands – TNI Informe sobre políticas de drogas No 23, septiembre 2007 – Prog. Drogas y Democracia
Notas
[1] Véase: Comisión Colombiana de Juristas “Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados”, Bogotá, 2006
[2] El yagé o ayahuasca es una enredadera de las selvas sudamericanas que los pueblos amazónicos utilizan para preparar un brebaje considerado como medicina sagrada.
[3] Un proyecto de la comunidad kofán a través del cual se busca el reconocimiento de la existencia de sus tradiciones, el respeto al pensamiento de los mayores y el rescate del territorio para que el Pueblo Kofán pueda seguir viviendo como indígena.
[4] USAID tiene un programa de 1,8 millones de dólares para el desarrollo sostenible de comunidades indígenas. Entre febrero de 2006 y marzo de 2007, 77 familias kofanes recibieron ayuda directa del Amazon Conservation Team ACT: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ453.pdf Entre las organizaciones financiadas por USAID a través de ACT están la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC), conformada casi en un 50 por ciento por taitas kofanes, y una organización de mujeres, también con una fuerte presencia kofán.
[5] Véase el sitio web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, http://www.anh.gov.co/html/i_portals/index.php
[6] Artículo 76 de la Ley 99 – De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la [Ley 70 de 1993] y el [Artículo 330 de la Constitución Nacional], y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.
[7] Véase el Informe Preparatorio para la “Misión Internacional de verificación de la verdad de pueblos indígenas”, http://www.onic.org.co/mision/informe_putumayo.pdf
[8] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Revista De Ver 232, Bajo Putumayo, Plan Patriota – Plan Colombia y la sepultura de los sueños.
[9] Con el fortalecimiento de la fuerza pública, dentro del marco del Plan Colombia, en el oleoducto Caño Limón-Coveñas a partir de diciembre de 2002, los ataques de la insurgencia a la infraestructura petrolera se desplazaron de Arauca hacia Putumayo.
[10] Véase el Informe Preparatorio para la “Misión Internacional de verificación de la verdad de pueblos indígenas”, http://www.onic.org.co/mision/informe_putumayo.pdf
[11] Unidad Investigativa de Indepaz – Mapa sobre desmovilizados por departamentos. http://www.indepaz.org.co/myfiles/pdf/120307/maparaco.pdf
[12] Hollman Morris, “El regreso de los muertos”, Especial para El Espectador, 12 de mayo de 2007.
[13] Darío Fajardo Montaña, “Leyes para el destierro”, artículo publicado en 21-06-2007 en el sitio web de Actualidad Étnica. URL:
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5528
[14] La Fundación Zio’Ai da asesoría y coordina el proceso de la Mesa Cofán creada después del primer congreso colombo-ecuatoriano del pueblo cofán en 1998. El 26 de diciembre de 2000 son asesinados por paramilitares en el resguardo de Yarinal, Henry Pascal (ex gobernador del cabildo y miembro de la asamblea permanente) y su esposa. El 3 de enero de 2001 es asesinado el vice-presidente de la Fundacion Zio´Ai por presuntos paramilitares. El 4 de agosto son asesinados por paramilitares tres indígenas cofanes, entre ellos el taita Obencio Germán Criollo Queta.
[15] Actualidad Étnica, 31 de Mayo de 2007, http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5430
