Según dicho informe, la exploración y explotación de recursos naturales ha propiciado constantes violaciones de los derechos humanos de los habitantes de esta zona del país, e infracciones al Derecho internacional Humanitario.
“La historia de agresión dirigida contra habitantes del Catatumbo: indígenas de la etnia Motilón Bari y campesinos, ha sido la historia de la explotación petrolera y de los recursos naturales. Por ser una zona de alta riqueza, donde se encuentran grandes yacimientos de petróleo, carbón, biodiversidad, la estrategia paramilitar fue un instrumento utilizado por el Estado colombiano y las empresas nacionales, multinacionales y trasnacionales para implementar dinámicas de violencia y terror: ejecuciones extrajudiciales: más de 10.000, torturas, desapariciones forzadas: más de 600, violencia sexual, desplazamiento forzado: más de 100.000 personas.”
La acción paramilitar en la zona, junto con la explotación de recursos naturales, ha intensificado la expropiación de bastas tierras por parte de las empresas nacionales y multinacionales extranjeras; ha dejado en los indígenas y campesinos incertidumbre y angustia, y los desplazamientos masivos son frecuentes, señala el informe.
“El desalojo de campesinos es más fuerte en las zonas donde ahora conocemos se adelanta y va a adelantar explotación de carbón, de petróleo, o construcción de megaproyectos y siembra de palma aceitera”.
El Colectivo de Abogados hizo un llamado a la solidaridad con los indígenas y campesinos del Catatumbo, que hace años padecen los rigores del conflicto armado por habitar en estas tierras inmensamente ricas en hidrocarburos, recursos hídricos y forestales; por defenderlas como su herencia ancestral.
Hoy, sin embargo, esas riquezas no les dan ninguna utilidad; mas bien se ha visto cómo las grandes ganancias se van para las arcas de grandes multinacionales, mientras los indígenas y campesinos se enfrentan a una situación de pobreza y exclusión de programas de salud, educación y servicios básicos.
Los actores armados y los intereses financieros que predominan en la región del Catatumbo han dejado a sus habitantes viviendo en medio de un silencio aterrador, que les impide vivir dignamente como dueños legítimos de sus tierras, autónomos, y desarrollar su cultura ancestral.
Los campesinos e indígenas que habitan esta región exigen respeto por sus vidas y por sus territorios.
Violaciones a los DDHH y al DIH de los Motilón Bari
El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, denuncia que las acciones de la fuerza pública en esta zona han vulnerado la autonomía del pueblo Bari y sus derechos. “La Fuerza Pública, Policía Nacional, en varias ocasiones ha retenido campesinos que tienen dinero en efectivo para solicitarles parte de ese dinero, so pena de hacerse acreedores de investigaciones penales que puedan llevarlos a la pérdida incluso del dinero y bienes que ellos en ese momentos poseen… El ejército y la policía retienen a los habitantes los alimentos que llevan para sus veredas”.
Según el colectivo, a estas acciones se suma el cobro que hacen miembros de la policía a los comerciantes y tenderos de la región para permitirles vender sus productos. Se presentan amenazas y señalamientos a indígenas y campesinos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias e incursiones militares dentro del territorio indígena.
“El Ejército Nacional ha realizado ametrallamientos indiscriminados dentro del territorio del Pueblo Indígena Bari y sobre sus comunidades… El día 3 de julio de 2007, el mayor Gallego de la Brigada Móvil No. 46 Héroes de Saguro amenazó a toda la comunidad de Sacudu del Pueblo Motilón Bari, tratándolos como miembros de un grupo guerrillero, realizó retenciones ilegales arbitrarias a miembros de la comunidad por más de 8 horas dirigiéndose a miembros de la comunidad con palabras groseras y ofensivas, durante el tiempo que estuvo ahí humillo y ofendió alas personas…”
Situaciones similares afectan también a los campesinos que habitan en esta región. Por un lado, los actores armados ilegales les asedian y agraden constantemente, y por otro, como están confinados y temerosos no ven en la denuncia una salida a esta crisis, por temor a represalias..
“Se ha irrespetado la dignidad humana de los indígenas y campesinos del Catatumbo… El Estado colombiano no ha garantizado a los habitantes del Catatumbo sus derechos a la vida, a la integridad personal, al buen nombre, a la convivencia, al trabajo, a la justicia, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y difundir su pensamiento y opiniones; tampoco ha defendido el derecho a la honra y la paz de sus habitantes.
El Estado colombiano ha permitido de manera ilegal y arbitraria suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, y han excluido otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano y que se derivan de la forma democrática y de los fines del Estado Social de Derecho”.
Concluye el informe…
“Dentro de las dinámicas de violencia dirigidas contra la Población Civil, desarrolladas por el Ejército Nacional Colombiano, a través de la Brigada Móvil No. 15, la Brigada 30 y la Brigada Móvil No. 5, vemos que su propósito es intimidar a la Población Civil; causarle terror, miedo y zozobra, presionarlos para que den información útil al ejército, es decir en su lucha contrainsurgente no están aplicando los Principios de Distinción, para diferenciar entre los objetivos militares y los bienes protegidos por el DIH, entre los combatientes y la Población Civil. No han aplicado el principio de Trato Humano, porque todas sus acciones han violentado la vida y dignidad de hombres y mujeres campesinos del Catatumbo.”
“Consideramos que estamos lamentablemente repitiendo la historia vivida dolorosamente en el Catatumbo desde el año de 1999, cuando la llegada de los paramilitares, AUC, fue anunciada y conocida por todas las autoridades civiles y militares de la región y del país, y no se tomaron las medidas adecuadas y necesarias para evitar el terror y la barbarie que dejó la violencia paramilitar…
Consideramos que en este caso, por la información recibida, también denunciamos una aparente complicidad por acción y omisión de las autoridades civiles –municipales, departamentales y nacionales– en la comisión de delitos por parte del ejército nacional”.
El Colectivo de Abogados demanda cumplir sus obligaciones a las instituciones del Gobierno y del Estado que les correspondía integrar la Comisión de Verificación sobre la Situación de DDHH, realizada el mes pasado. Pese a haber sido anunciada por distintos medios y luego de varias invitaciones, “no asistieron la Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo Nacional y Regional, la Procuraduría Nacional y Regional, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y las personerías de Teorema y Convención. Esto revela un incumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales y se convierte en una prueba para reclamar su responsabilidad penal en la comisión de estos delitos por omisión”.
Exige:
Solicitudes al Estado colombiano
Investigar los hechos denunciados para vincular y sancionar a los militares responsables o implicados en tales actos.
A los organismos de control del Estado
Tomar las medidas necesarias para la prevención de la comisión de este tipo de delitos. Tomar las medidas necesarias para que cese la violación a los derechos humanos contra los habitantes del Catatumbo y tomar las medidas de protección de las comunidades que han sido amenazadas por las acciones del Ejército Nacional de Colombia y evitar que se presenten desplazamientos forzados.
“A las autoridades administrativas solicitamos adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física y sicológica de los miembros de las comunidades amenazadas y atacadas en el Catatumbo y la realización de nuestro trabajo en condiciones de seguridad y tranquilidad para cada uno de los miembros de las organizaciones”.
A los organismos internacionales de Naciones Unidas
“Que se pronuncien sobre las amenazas de que hemos sido víctimas y requerir al Estado colombiano para que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los habitantes del Catatumbo, y para prevenir que se sigan cometiendo estos hechos delictivos”.
A los organismos internacionales de apoyo a Colombia
“Realizar el cabildeo e incidencia política ante sus gobiernos parlamentos y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de sus países para que requieran al gobierno nacional de Colombia el respeto por la vida y la integridad de los campesinos e indígenas del Catatumbo en Norte de Santander, y por la defensa de la cultura y del territorio del Pueblo Indígena Motilón Bari, así como por la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral y no repetición de los crímenes contra la población víctima del desplazamiento forzado”.
Solicitan también a los organismos de acompañamiento internacional intermediar ante los respectivos gobiernos de sus países para que condicionen el apoyo que brindan al gobierno y al Estado colombiano al respeto irrestricto de los derechos humanos. Para que insten a los organismos de control y vigilancia de Colombia el incio de las investigaciones disciplinarias y penales, que permitan imponer las sanciones a los responsables, y que adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes del Catatumbo.
Redacción Actualidad Étnica, Catatumbo, Norte de Santander. 12/09/207.
