En días recientes, el Sr. Celio Alvarez Casildo difundió a través de la web, un supuesto informe sobre las actividades de ODECO en cuanto a la Titulación de las Comunidades Garìfunas y las acciones de supuesta protección de los territorios ancestrales.

     

Scritto da Jessica García y Wilfredo Guerrero

Ante las especulaciones inmobiliarias que han surgido alrededor de los proyectos turísticos de Bahía Tela, El saqueo de las tierras de Triunfo, San Juan y Tornabe ha sido sistemático y amparado por la Municipalidad de Tela, la que utilizó la ampliación de su casco urbano para incluir a las comunidades garífunas, y de esa forma proceder a realizar una piñata con las tierras ancestrales garífunas.

La comunidad de San Juan – Durugubuty se ha visto en la necesidad de ventilar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la perdida del Expediente de la Comunidad #27660, el que fue extraviado en 1997 en la oficina de COHDEFOR en Tegucigalpa, y el cual hasta la fecha el Estado de Honduras nunca ha “podido” localizarlo, siendo el expediente básico ya que verifica el territorio ancetral de Durugubuty.

En el oficio No 1364-DGAE-06, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, dirigido a la CIDH, como respuesta sobre la petición presentada por la comunidad, se puede observar claramente como las acciones del Sr. Alvarez Casildo y su ong ODECO, han permitido al Estado de Honduras legalizar el saqueo que se ha venido dando con las tierras de Durugubuty.

En el punto cuatro del oficio No 1364-DGAE-06, resalta como el Estado invoca el artículo N0 346 de la Constitución Nacional y el Convenio 169, para la entrega de un título de 328 hectáreas, del cual excluyeron 265 hectáreas, sobrando 63 hectáreas para siete mil habitantes. El mismo señor Alvarez Casildo señaló días después al Diario La Tribuna que la cantidad de tierra concedida a Durugubuty era insuficiente.

Alega el estado en su oficio a la CIDH en el punto #5 que: “Consta en el expediente administrativo de mérito, que la Resolución antes referida no fue cuestionada o recurrida por la Comunidad Garífuna de San Juan, en cuanto no hicieron uso de los recursos que les ofrece el Derecho Interno a través de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que se colige que aceptaron fehacientemente la misma”.

La Comunidad se manifestó en aquel entonces en contra del título otorgado por el INA, acción que fue acallada por Victoriano Diego Martínez, el que fungía como presidente del Patronato en aquel entonces, el cual siempre ha estado al servicio de ODECO y se ha prestado para las ventas ilegales de tierra, infringiendo la Personería Jurídica del Patronato de la Comunidad y el Convenio 169 de la OIT. La actitud de Victoriano Diego fue esconder el título a la comunidad, con el pretexto que era muy delicado hacerlo

público.

En el año 2002 siendo todavía presidente Victoriano Diego, por medio de una constancia de la Junta Directiva del Patronato desmembró un lote de tierra de 9 manzanas a la Sra Saturnina Jeronima Mratinez, la cual procedió a registrado por medio de la municipalidad, recibiendo un dominio pleno, y de esta formas vendió a foráneos, entre ellos supuestamente al Diputado Dario Mungia.

Se encuentra también incluida en la respuesta del Estado a la CIDH, la venta de tierra ilegal que se efectuó bajo el Patronato dirigido por Victoriano Diego, cuando la señora Irma Leticia sabio Valencia vendió un terreno a un foráneo, sin tener en cuenta las estipulaciones que rigen en el título comunitario

Este tipo de antecedentes ha servido para que el Estado justifique su inacción en la defensa de las tierras garífunas, ya que sirve de argumento para ellos de como nuestro pueblo recibe títulos comunitarios y los mismo garífunas proceden a vender las tierras.

Las mismas anomalías que hemos padeciendo en Durugubuty, están sucediendo casualmente en Triunfo de la Cruz, en donde el patronato paralelo controlado por ODECO esta vendiendo a diestra y siniestra las tierras comunitarias, acción promovida por el Alcalde David Zaccaro, el que registró al patronato paralelo, para así proceder a rematar las tierras comunitarias.

Es inaudito que mientras las comunidades luchamos por la defensa del territorio, el Sr. Alvarez Casildo baila al ritmo de la oligarquía, partidos nacional y liberal; y tiene la osadía de autodenominarse el defensor del territorio garífuna. El informe que hizo público esta cargado de distorsiones y omisiones. No en balde se prestó a la payasada del 12 de abril en Triunfo, en donde le dio la bendición al patronato paralelo de Triunfo, sin tener en cuenta los atropellos que viene cometiendo el afrodescendiente

Braulio Martinez y el Alcalde David Zaccaro en contra de esa comunidad.

El discurso del Estado de Honduras de como no hemos agotado los recursos legales internos, no es más que un ardid para lograr evadir su responsabilidad en prestarse a la legalización de las tierras comunitarias usurpadas. Mientras ODECO permanece en un silencio sepulcral sobre los registros ilegales de tierras que se efectúan en las municipalidades y el Instituto de la Propiedad (I.P), al Estado se le olvida que los mismos títulos comuniutarios son claros sobre la prohibición de ventas a foráneos, y por lo

tanto las acciones asumidas por los Catastros y el I.P, son actos ilegales que cuestionamos de forma publica y persistente.

El pueblo garífuna fue expulsado de San Vicente por nuestro coraje para defender la isla de las pretensiones de los imperialista Británicos. Dos siglos después, pretenden sacarnos de las costas de Honduras. Hacemos un llamado a los garífunas para que reflexionemos sobre nuestro futuro. No es vendiendo el patrimonio que lograremos el llamado desarrollo, sino defendiendo las tierras que nuestros ancestros nos legaron y que se las dejaremos a nuestros hijos, a pesar del entregismo de algunos supuestos líderes que

miran más por el interés propio y de sus pulperías que el futuro del pueblo

Le acordamos al Estado de Honduras que el Comité de Defensa de Tierra de San Juan Tela, se manifestó públicamente en contra de la usurpación cometida por medio del título entregado en el año 2000. Y desde aquella fecha hemos hecho público nuestro rechazo al proceso de fraude que algunos llaman titulación.

Jessica García – Presidenta Patronato San JuanTela

Wilfredo Guerrero – Presidente Comite de Defensa Tierra

Sull'autore