Desde Repsol YPF, sin embargo, puntualizan que su proyecto no ha sido aprobado aún, pero que no han recibido notificación de que haya sido rechazado y que sigue su curso de tramitación.
El Gobierno de Alán García autorizó, hace años, que las compañías petrolíferas pudieran hacer prospecciones en el 70% de la Amazonía peruana, y para ello dividió la región en lotes que estaban sujetos a concesiones de explotación. Repsol-YPF se interesó, entre otros, por el número 39, en el departamento de Loreto.
Antes de que llegara a presentar su proyecto de explotación, la ONG Survival Internacional, dedicada a la defensa de los pueblos indígenas, mostró al Ministerio de Energía y Minas del país andino su preocupación porque en esa área habitan, al menos, dos pueblos indígenas que no han sido contactados. La llegada de la empresa podría hacer un daño irreversible a la forma de vida y el entorno de estas tribus.
“La resolución del ministerio peruano es un importante paso en el reconocimiento de la existencia y la extrema vulnerabilidad de los indígenas aislados. Sin embargo, la única manera de que se garanticen realmente sus derechos, sus vidas y su salud es prohibiendo que las empresas petrolíferas trabajan allí. Esta es su tierra y el derecho internacional lo reconoce y es lo que debe hacer Repsol”, señala Survival en un comunicado.
Sin embargo, el gobierno de Perú parece seguir el camino contrario. Recientemente, el ministro del ramo, Juan Valdivia, se quejaba de que el 70% del país tiene concesiones para su explotación minera, pero que sólo el 1% está en fase de producción.
Muchas de esas concesiones son en zonas remotas en las que viven seres humanos desde hace milenios. Sólo en Perú se estima que existen unos 15 pueblos indígenas no contactados. Entre otros lo ishonahua, los capanahua, los murunahua o los ashaninka. Su poblaciones oscilan entres la treintena (de los primeros) y los 1.250 (de los últimos). La mayoría son cazadores-recolectores que viven de la selva y se mueven en áreas muy extensas para conseguir alimento.
Una de sus mayores amenazas es la presencia de petroleras, cuyas prospecciones abren el paso a colonos y madereros. No sólo les contaminan el agua, sino que les contagian enfermedades que diezman sus poblaciones porque su sistema inmune no está preparado para defenderse de los nuevos virus.
En el entorno del río Tambo, al sur del país, donde la empresa española tiene otra explotación a través de una empresa subcontratada, en febrero de este año los ashaninka denunciaron que Repsol-YPF había incumplido los acuerdos firmados con sus representantes para fomentar el desarrollo de la zona, que removía tierras donde no debía y que estaba expulsando a la fauna salvaje con el incesante ruido de los helicópteros.
Ahora, en el noroeste, el proyecto de Repsol-YPF, según el ministerio peruano, es “el desarrollo de 45 líneas sísmicas con un total de 1.000 kilómetros”, es decir detonar, con pequeñas cargas explosivas unas 887 hectáreas para detectar si hay crudo en el subsuelo e instalar los pozos. Según la organización regional de indígenas ORAI, cerca de este lote 39 viven los aravela y los kichwa.
El subdirector de Relaciones Externas de la petrolera, Manuel Hermógenes, aseguraba ayer a elmundo.es, que la empresa desarrollará “una actividad escrupulosamente cuidadosa” con estos colectivos indígenas en el norte de Perú y que para ello han buscado el asesoramiento de expertos del prestigioso Smithsonian Institute, con quien desarrollan un Plan de Biodiversidad.
Es más, Hermógenes señaló que “Repsol YPF es un modelo en Latinoamérica respecto a otras compañías del sector”. Además, en un comunicado, la compañía argumenta que cumple la legislación y que trata de “prevenir y minimizar los impactos negativos durante sus operaciones” y “establecer procesos de comunicación y colaboración con las comunidades y con otros grupos de interés”.
El problema, según Survival Internacional, surge cuando el lugar donde la petrolera se quiere instalar es la tierra de pueblos enteros que prefieren seguir con su vida como hasta ahora, sin ningún tipo de colaboración con gentes extrañas.
Pero la multinacional española no es la única que amenaza, según la ONG, a estas tribus en peligro de desaparecer, y con ellas su idioma y su cultura. En la misma zona noroeste trabaja la estadounidense Barrett Resources, que puede tener también dificultades si no se replantea su proyecto.
Prueba de la falta de concienciación hacia la problemática indígenas es que la empresa estatal Perupetró ha tenido la peculiar idea de contactar con las tribus aisladas de la selva para consultarles sobre la exploración de petróleo en sus tierras. Daniel Saba, presidente de Perupetró, argumentó al exponer su iniciativa: “No sabemos cuál es su posición, nadie les ha preguntado y en este estudio vamos a conocer qué opinan”.
Pero para Survival Internacional éste sería un “contacto forzado”, puesto que no son los indígenas quienes lo buscan: “No son gente común y corriente y, como ha ocurrido antes tantas veces, estas entrevistas acabarían suponiendo su exterminio”, aseguran.
El Mundo, 5 de junio de 2007