Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam vuelven a reclamar avances claros en el trámite parlamentario de la ley de comercio de armas. Mientras las exportaciones españolas de armas se duplicaron en el 2006, la información oficial sigue siendo insuficiente.

     

Scritto da Amnistía Internacional

Las estadísticas oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa, y de doble uso de 2006 revelan que mientras las ventas alcanzaron los 845 millones de euros -el doble que el año anterior- los avances en transparencia siguen siendo insuficientes. El informe -recientemente remitido al Congreso de los Diputados- pone de manifiesto que España sigue sin cumplir de forma estricta el Código de Conducta de la Unión Europea con sus ventas a Israel, Marruecos, Colombia o China, entre otros, por tratarse de destinos donde se violan gravemente los derechos humanos o están inmersos en conflictos armados.

El informe incorpora algunos avances en el ámbito de la transparencia, como información sobre si el destinatario son las fuerzas armadas, armería o si se trata de un particular. También da a conocer si el uso final del producto es público o privado. Sin embargo, para Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, se trata de incorporaciones claramente insuficientes, que todavía no permiten conocer con certeza qué exporta España, a dónde, y el impacto de estas exportaciones en otros países.

Para las tres organizaciones, las estadísticas de 2006 siguen sin ofrecer información necesaria para un control eficaz de las exportaciones, como la descripción detallada del producto exportado y los datos sobre las transferencias autorizadas y no realizadas. Esta información, de conocerse, sería de gran utilidad para realizar un control previo de las transferencias y evitar en su caso que lleguen armas a destinos preocupantes: donde se violan de forma grave los derechos humanos, hay tensiones regionales, existe un conflicto armado o hay grandes dificultades para salir del círculo de la pobreza.

El informe del año 2006 incorpora ya las principales novedades en materia de transparencia previstas en el proyecto de ley presentado por el gobierno, actualmente en discusión en el Congreso. Para Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, este hecho demuestra de forma clara que el texto del proyecto de ley en su actual redactado es insuficiente y que, si no se modifica en su trámite parlamentario, no servirá para incrementar la transparencia y control del comercio español de armamento y productos de doble uso.

Una pauta que se repite: exportaciones a destinos preocupantes y falta de información

España vendió en material de defensa más de 845 millones de euros en el año 2006. Los datos oficiales siguen registrando exportaciones a varios países con un historial de violaciones de derechos humanos, a países con inestabilidad regional o conflictos internos, operaciones que difícilmente superarían una aplicación estricta de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europa sobre exportaciones de armas.

Son de especial preocupación exportaciones a países como Israel (441.000 euros), Pakistán (1 millón de euros), Marruecos (más de 16 millones de euros), y Venezuela (más de 3 millones de euros). El informe explica cómo España ha vendido a estos países productos de distinto tipo entre los que figuran aquellos de la categoría 4 “bombas, torpedos, cohetes y misiles”, entre otros. Sin embargo, la información sobre el material exportado sigue siendo muy limitada. No se conoce con precisión qué se exporta y en qué cantidad. En algunos casos significativos, como el de las ventas a Marruecos, se ofrece información solamente sobre la mitad de las ventas, de las que se dice que son “vehículos todo terreno para transporte”. Sin embargo, no añade más información sobre el resto de los productos exportados.

En relación con las ventas de material y tecnologías de doble uso, entre los destinatarios figuran países como Irán, Colombia, China o Israel. Una vez más, la falta de detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido exactamente.

También son preocupantes las ventas de material policial a las fuerzas policiales de Marruecos (más de 90 mil euros) y Guatemala (más de 827 mil euros). En ambos países, los abusos por parte de estos cuerpos de seguridad están ampliamente documentados por diversas organizaciones de derechos humanos. Además, la falta de información detallada sobre el material exportado no permite saber si lo que se ha vendido son “armas de fuego, bombas, granadas, dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos o vehículos blindados”, entre otros posibles.

Munición a Ghana: ¿dónde está el control?

Un año más, son preocupantes las enormes cantidades de munición para caza y tiro deportivo que España exporta a África Subsahariana, en concreto a Ghana. El año pasado España vendió munición a Ghana por 3,2 millones de euros. Y una vez más, estas ventas no han estado sujetas a ningún control por parte del Gobierno, y por lo tanto no quedan reflejadas en las estadísticas oficiales, y no se conoce su detalle y su posible impacto negativo, así como el riesgo de tráfico ilícito de esas armas a países vecinos, algunos de ellos inmersos en situaciones de conflicto o posconflicto armado.

Aunque el proyecto de ley que se debate en el Congreso incluye el control de las armas de caza y tiro deportivo, la ausencia de estas ventas en las estadísticas de 2006 pone en evidencia que el Gobierno español todavía no cumple con el Protocolo de Naciones Unidas contra la Producción y el Tráfico ilícito de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y Munición, ratificado por España en julio de 2006 y que le obliga a incluir este tipo de material en la lista de productos sometidos a control.

“Sin noticias oficiales” de los obuses vendidos a Colombia

Varias noticias aparecidas en prensa española y colombiana informaron el año pasado de la venta de 15 carros lanza obuses, fabricados por una empresa radicada en Asturias, al ejército colombiano por valor de más de 13 millones de euros. Según estas fuentes, nueve de estos carros debían ser entregados en el 2006. Sin embargo, las estadísticas oficiales de 2006 no reflejan esta operación en la tabla de ventas realizadas el año pasado.

Las tres organizaciones insisten en la necesidad de que el gobierno español confirme o desmienta esta preocupante exportación ya que Colombia es un país en el que existe un conflicto armado caracterizado por graves violaciones de derechos humanos por parte de todos los actores armados implicados: ejército, paramilitares y grupos armados.

Próximo paso: aprobar en el Congreso de los Diputados una ley eficaz

Las estadísticas oficiales de 2006 cumplen prácticamente con todo lo que prevé el borrador de ley presentado por el Gobierno, en materia de transparencia y control de exportaciones de armas. Para Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace, esto demuestra una vez más que si el proyecto de ley no se mejora en su trámite parlamentario, seguiremos sin saber qué exportamos, a quién y para qué.

“En estos últimos años, más de 300.000 personas han exigido al gobierno un comercio de armas más responsable y transparente”, según Ricardo Magán, de Intermón Oxfam. “Es urgente que durante el mes de junio se apruebe una ley que obligue al Gobierno a informar más y mejor sobre lo que se exporta”.

El informe “Comercio de armas en España: una ley con agujeros”, elaborado por las tres organizaciones y publicado el pasado mes de febrero, muestra que otros países del mundo ofrecen mucha más información sobre qué exportan y a quién (como EE.UU. y Alemania, por ejemplo). “Otros países como Suecia y el Reino Unido tienen mecanismos de control mucho más avanzados, y España debería seguir su ejemplo”, dice Mónica Costa, de Amnistía Internacional.

El plazo de presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios se cerró el pasado 29 de mayo. Ahora los diputados de la Comisión de Defensa deben debatir sobre cómo mejorar el contenido de la ley a partir de las enmiendas que muchos grupos parlamentarios han presentado.

Las organizaciones piden a los grupos parlamentarios –y muy especialmente a los mayoritarios- que apuesten por mejorar el actual redactado de la ley. Según Mabel González, de Greenpeace, “el congreso debería demostrar con una buena ley que España no tiene nada que ocultar sobre su comercio de armas”.

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional

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