El Área de Derechos Humanos de la Fundación Hemera recopila permanentemente información acerca de la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional a los pueblos indígenas de Colombia, a través de su base de datos. Con este sistema de información se busca registrar la situación de vulneración de estas comunidades y darla a conocer a la opinión pública.

     

Scritto da Redacción Actualidad Étnica

Por esta razón, hoy en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos hacer un ejercicio de la memoria para que las víctimas no sólo sean una cifra más en las estadísticas del conflicto interno armado de Colombia y su voz no quede en el silencio del olvido. Esta es la recopilación de los casos más relevantes de violaciones al DIH y los DDHH, durante el 2005 teniendo por medio de la revisión de prensa, pronunciamientos y denuncias de las organizaciones sociales e indígenas del país.

Enero 18 del 2005

En el municipio de San Juan del Cesar (Guajira), fueron asesinados dos (2) líderes indígenas del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta: Ángel Milciades Loperena Díaz, tesorero de la organización indígena Wiwa “Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona”, y su hermano Darío Loperena, maestro de la comunidad”. Según las autoridades los responsables de este crimen fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC que en esta región está bajo el mando de Jorge Tovar, Alias “Jorge 40” y que en ese momento adelantaba negociaciones de paz con el gobierno. Ante este hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de esta etnia.

Enero 28 del 2005

En el Resguardo la Cilia, municipio de Miranda (norte del Cauca), fue asesinado por miembros del sexto frente de las FARC el indígena Ever Cunda Poscué de 38 años y fiscal del cabildo de Miranda. Ever se encontraba descansando en su casa cuando unos hombres armados irrumpieron en su hogar, lo sacaron y lo asesinaron en frente de su esposa y sus tres hijos. Este reconocido líder fue presidente de la Junta de Acción Comunal en el 2003 y coordinador de la cátedra Nasa UNESCO entre 1998 y 2004. Las FARC lo habían amenazado por su lucha permanente en defensa de los derechos humanos de su comunidad y además lo acusaban de ser informante del ejército y de los paramilitares.

Febrero 08 del 2005

En el resguardo Kankuamo de Valledupar (Cesar), fueron asesinados el indígena Kankuamo Hermes Enrique Carrillo Arias y su esposa de la etnia Wiwa Noemí Pacheco Sabatá de tan sólo 14 años y quien en su vientre llevaba un niño de 3 meses de gestación. Ambos fueron sacados de su casa en medio de la noche y por hombres encapuchados; y al día siguiente fueron reportados por el ejército de Colombia como milicianos muertos en combate. Sólo hasta el 11 de febrero fueron entregados sus cuerpos en la morgue de Valledupar.

Febrero 15 del 2005

Un niño indígena de 14 años perteneciente al pueblos paez resultó herido por un impacto de fusil en el hombro, luego de que el bus escolar en el que viajaba con treinta compañeros más, fuera atacado por hombres armados que lo impactaron con ráfagas de fusil en varias ocasiones, mientras se dirigía del colegio Francisco José de Caldas a la zona rural del municipio de Totoró, departamento del Cauca. El bus fue atacado con disparos de fusil que provenían de las montañas cercanas al lugar, cuando se detuvo por fallas mecánicas en el sitio La Unión. Según la defensoría, versiones y pruebas recogidas en el resguardo de Polindara indícan que el ataque podría haber provenido del ejército,

Marzo 25 del 2005

Ante la noticia sobre los preparativos de una ofensiva paramilitar contra las FARC en cercanías de Bojayá en el departamento de Chocó, se desplazaron 152 indígenas Embera Wounaan de diferentes comunidades hasta la cabecera de Bellavista. Por esta misma situación, el 11 de febrero del 2005 entre 1000 y 1700 personas de las comunidades afrodescendientes Pogue, Piedra Candela, La Loma de Bojayá, Cuía, Caimanero y corazón de Jesús del río Bojayá se desplazaron hacia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá.

Desde el 19 de Marzo un grupo de las AUC ha puesto un retén ilegal en la comunidad negra de Corazón de Jesús a 10 minutos de la cabecera municipal de Bojayá, desde donde realizan controles de alimentos y medicinas y restringen la movilización de personas por el río. Se sabe también que hay paramilitares vestidos de civil al interior de las comunidades de Vigía del Fuerte y Bellavista.

La Amenaza es aún mayor debido a que en la zona también hay presencia de los frentes 34 y 57 de las FARC y son más de 3000 los indígenas pertenecientes a las comunidades de Chanó, Mojaudó, Charco Gallo, Nuevo Olivo, Santa Lucía, Nambúa, Tugena, Puerto Antioquia, Pichicora, Lana Peñita, Guayabal, Punto Alegre, Cedro y Hoja Blanca, que corren riesgo de quedar en el fuego cruzado entre ambos grupos armados. Además se ha denunciado que en los últimos 23 días en el resguardo indígena de Chicué en el río Cuía, 150 personas ajenas de la comunidad amparados por los grupos al margen de la ley, han ocupado por la fuerza el territorio para cortar madera. Los paramilitares ejercen control cerca de la boca del Río Bojayá donde hay presencia permanente del Ejército. Con anterioridad se ha solicitado al gobernador del Chocó y su gabinete que tomen medidas ante esta situación, pero hasta ahora no se han pronunciado.

Marzo 18 del 2005

Gabriel Domicó, un menor de 16 años de edad perteneciente al pueblo Embera de Mutatá Antioquia, caminaba por la parcela de su familia cuando activó una mina antipersonal que de forma instantánea le causó la muerte. “En el mismo hecho, resultaron heridos los indígenas Embera Reinaldo Domicó y José Flavio Domicó, todos miembros de una misma familia; quienes fueron atendidos en el hospital de Mutatá y posteriormente remitidos para atención de segundo nivel al Hospital de Apartadó” en medio de los tambos de esta misma comunidad se habían presentado el pasado 8 de febrero enfrentamientos entre el Ejercito Nacional y la guerrilla.

Abril 14 del 2005

A las 5:30 de la mañana, 150 hombres de las FARC iniciaron el ataque contra la estación de Policía del municipio de Toribío en el departamento del Cauca, desde una escuela cercana en la que se habían concentrado la noche anterior. Según informaron varios indígenas, luego de iniciado el ataque las FARC anunciaron el lanzamiento de cilindros bomba contra la estación de policía y las trincheras de militares ubicadas en el pueblo, causando daños a la sacristía, la casa de cultura y varias edificaciones cercanas al parque principal. Ese mismo día las FARC amenazaron con matar a quienes colaboraran a la fuerza pública.

Mientras que la Policía repelía el ataque, los miembros de las FARC minaron puentes, cortaron las líneas de Telecom y se tomaron la escuela. La toma duró aproximadamente 10 horas, pero los combates continuaron luego de que la guerrilla se replegó hacia las montañas.

Debido a los fuertes combates, 1200 indígenas se resguardaron en el CECIDIC y otros salieron escoltados por la guardia indígena hacia el resguardo San Francisco y a las veredas El Manzano, Pichiquí y Potrerito. Además del desplazamiento de la población, se registraron cuatro (4) muertos y veintitrés (23) heridos.

El viernes 15 de abril el presidente Álvaro Uribe arribó a Toribío y junto con el Ministro de Defensa y los altos mandos de la Policía y el Ejército hicieron una evaluación de lo ocurrido en el marco de un consejo nacional de seguridad, en el que se adoptaron medidas para recuperar la tranquilidad en Toribio.

El 17 de Abril se produjo la segunda toma de las FARC a Toribío. Dicha acción empezó en horas de la mañana, cuando francotiradores atacaron el cuartel de la Policía. El resultado de ésta acción fueron seis (6) civiles heridos y averías al hospital local como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba. En Santander de Quilichao se esperaba la llegada de 61 personas provenientes de Toribío, y aquellas que decidieron no salir del municipio se desplazaron hacia las cinco zonas de Asamblea Permanente (Centro de Capacitación y Desarrollo del Pueblo Nasa, veredas El Manzano, Potrerillo, Vichiquí y San Francisco. En total fueron 3500 los desplazados.

También se registraron enfrentamientos en la vía que une el corregimiento de El Palo (Caloto) con el municipio de Toribío, en el sector del Tierrero. Ese mismo día las FARC anunciaron la continuidad de los ataques hasta tanto no se retirara la fuerza pública.

El lunes 18 de abril 5000 indígenas, acompañados por representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos marcharon hacia Toribío, en señal de solidaridad con la población. Los guerrilleros de las FARC les dispararon, pero el incidente no dejó víctimas ni daños materiales.

Al final de la tarde las FARC hicieron presencia en el casco urbano de Toribío y bombardearon el sector del hospital. Ataque al que respondieron la Tercera Brigada y la Policía Nacional. Como consecuencia de éste nuevo ataque, 1200 indígenas se desplazaron.

El 19 de abril Un cilindro bomba cayó en el albergue de Potrerillo. Los pobladores lo interpretaron como una advertencia de la guerrilla al no haberle exigido al presidente el retiro de la Policía y el Ejército. Ese mismo día las FARC anunciaron el bombardeo del municipio de Jambaló y advirtieron a la población para que se retirara. Ese mismo día tres mil (3000) guardias indígenas llegaron a Toribio para respaldar a la población, pero se retiraron para no agravar la escasez de alimentos.

Las autoridades indígenas, administrativas y la guardia indígena se reunieron para estudiar las alternativas de la población de cara a los combates que se registran en la zona. Las alternativas planteadas en dicha reunión fueron las siguientes:

– Desalojar el municipio

– Tomarse la vía Panamericana para exigir al gobierno el retiro de la Policía

– Solicitar a la Policía el retiro de las trincheras ubicadas por todo el pueblo.

Por su parte, el alcalde Arquímedes Vitonás descarto cualquiera de éstas posibilidades y planteó la necesidad de que el gobierno inicie un proceso de dialogo con el grupo armado. Ese mismo día el Ministro de Defensa señaló o relacionó a la población indígena con las FARC. Un representante de la ONIC rechazó tal afirmación y señaló que era imposible acceder a Toribío porque las FARC habían dinamitado la carretera.

El 20 de abril en horas de la mañana, cuando la fuerza pública intentaba recuperar el control de la carretera se registraron combates con guerrilleros de las FARC. Los hechos ocurrieron en las veredas Pajarito, Las Palmas, Pedregal y Venadillo en la vía que de CALOTO conduce a Toribío. Los habitantes de ésta zona, entre los que se encontraban 60 niños y varios miembros de la guardia indígena debieron refugiarse en la escuela de la vereda Yatalá, en el corregimiento de Tacueyó. Ese mismo día se informó acerca de la incomunicación con el casco urbano de Toribío, la escasez de alimentos y el brote de enfermedades en los refugios. Algunas de las personas que se encontraban allí empezaron a salir hacia Jambaló, otros enfrentamientos se registraron en los sectores de El Palo y La Cominera, en el municipio de Caloto, así como en Miranda.

Una comisión humanitaria que llevaba alimentos a la zona tuvo que devolverse y aguardar en el sitio El Alto del municipio de Caloto a que cesara la intensidad de los combates.

Por su parte el Ministro de Defensa, señaló que la fuerza pública ya había controlado la situación y llamó la atención sobre el tema de la infiltración de guerrilleros en la población de Toribío, pues el día de la toma varios insurgentes atacaron a los miembros de la fuerza pública desde algunas viviendas. Finalmente, negó que la Defensoría del Pueblo hubiese emitido una alerta temprana sobre el ataque.

Respecto a la estrategia del Ejército y a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno Uribe, algunos congresistas señalaron que lo ocurrido en Toribío era una muestra del fracaso de la política de seguridad democrática.

Ese mismo día la Oficina del Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer el informe de la misión de observación a Toribío, que se efectuó el 18 de abril. El organismo señaló que: 1) la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana sin lograr una respuesta efectiva; 2) que las FARC, con las armas utilizadas desconocieron los principios de distinción, limitación y proporcionalidad; 3) se presentaron muertos, heridos, desplazados y daños a la infraestructura; 4) que las FARC utilizaron la escuela del pueblo para efectuar el ataque; 5) que el control de la fuerza pública era limitado, pues pudieron constatar una fuerte presencia del Frente 6 y de la columna Jacobo Arenas de las FARC; y 6) que el Estado no había materializado la ayuda de emergencia. Finalmente, éste organismo cuestionó “la construcción de emplazamientos militares y trincheras junto a las viviendas de la población”.

El 21 de abril Los municipios de Jambaló y Balboa fueron atacados por las FARC. Los combates en Jambaló duraron cuatro horas y causaron el desplazamiento de 1000 personas hacia diferentes sitios de concentración ubicados en las veredas La Esperanza, Zumbico, La Laguna, Loma Pueblito del municipio de Jambaló y en Ovejeras, Pitayó y el casco urbano del municipio de Silvia. En Balboa, la guerrilla entró al pueblo y lanzó dos (2) cilindros bomba que destruyeron algunas viviendas. Ante estos hechos las comunidades indígenas del Norte del Cauca, hicieron un nuevo pronunciamiento en el cual, el Congreso Indígena y Popular exigió a todos los actores armados retirarse del territorio.

De otra parta, a las 12:30 de la noche las FARC atentaron contra una torre eléctrica ubicada en Santander de Quilichao.

Ese mismo día se esperaba la llegada de 5000 indígenas al municipio de Santander de Quilichao para una movilización.

El 27 de abril 1200 personas del resguardo indígena de Tacueyó, municipio de Toribío, fueron desplazadas y se instalaron en diez refugios, cuatro de ellos en zonas de la asamblea permanente, localizadas en las veredas la Playa, El Crucero, El Congo y en las instalaciones del Cabildo”.

Mayo 18 del 2005

Los líderes indígenas Kogui Jose Barros, Jose Gil y Fermín Coronado, fueron asesinados por un grupo armado aún sin identificar en el departamento de Magdalena, vereda la Cuchilla. La comunidad había denunciado inicialmente el secuestro de estos tres líderes cuyos cuerpos luego aparecieron con impactos de bala. según denunció la defensora del pueblo los grupos armados han estado maltratando a las comunidades indígenas de esta zona. Violan a las mujeres, hacen señalamientos a los líderes de colaborar con otros grupos subversivos y además hacen bloqueos de alimentos.

Junio 15 del 2005

El 15 de junio el Ejército dio inicio a la operación “Gladiador” contra la guerrilla, que desencadenó combates con el Bloque Mariscal Sucre de las FARC en la zona rural que une a los municipios de Ricaurte y Barbacoas (Nariño). En el desarrollo de este operativo el Ejército dio muerte a GERMAN EFRAIN GUANGA, indígena Awa del resguardo Pialapi Pueblo Viejo. El Comando de la Brigada 29 señaló que la muerte del indígena se debió a un error militar causado por las difíciles condiciones climáticas de la zona. Sin embargo, los resultados de la necropsia indicaron que el indígena murió como consecuencia de heridas causadas con arma de fuego, arma corto punzante y arma contundente.

Como consecuencia de los enfrentamientos y de bombardeos indiscriminados del ejército sobre los resguardos indígenas de Pialapí-Pueblo Viejo; Cuchilla del Palmar; Maguí; Chaguí chinbuza y Nulpe Alto, se desplazaron 1400 indígenas Awá que se ubicaron en Altaquer (523 personas), Ricaurte (396 personas) y el Arenal en Mallama (427 personas). Otras 60 personas de Nulpe Alto se desplazaron hacia el Ecuador y comunidades fronterizas. aprovechando la ausencia de la comunidad los soldados entraron a las casas y quemaron los utensilios de cocina, cobijas y ropa.

Julio 19 del 2005

En la comunidad de La Pava, ubicada en el río Truandó, jurisdicción del municipio de Río Sucio (Chocó) fueron secuestrados por las FARC un grupo de 20 personas entre los cuales había 4 indígenas Embera Katío: Arcinio Conde Sanapi; Aristenio Cabrera Tapí; Enorme Sanapi Dumaza y la niña Diana Cáisamo Papelito. Estas personas fueron liberadas hasta el 22 de julio, hecho que ocasionó el desplazamiento de 12 familias embera Katío de la comunidad de La Pava (Río Sucio) conformadas por 60 personas, hacia la cabecera municipal de Rió Sucio.

Agosto 03 del 2005

Luego de que se enfrentaran en combate tropas adscritas a la 10° brigada y las FARC cerca del resguardo Kogui Malayo en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar, varios soldados del ejército ingresaron violentamente a la casa del Mamo wiwa Feliciano Bolaños, donde también habita Róbinson Pacheco Malo.

Los militares registraron la casa exhaustivamente revolviendo y desordenando todo, y se llevaron los documentos de identidad de Róbinson quien fue reportado públicamente por el ejército como guerrillero muerto en combate. Las viviendas de Amparo Rodríguez Carrillo y Maria Petronila Malo Alonso, también fueron registradas y saqueadas abusivamente con la excusa de estar buscando armamento de la guerrilla.

A estas dos mujeres las amenazaron de ser capturadas y llevadas al batallón la popa. Maria Petronila Malo fue obligada a cocinarles a los soldados y después le quitaron los alimentos que tenía para el almuerzo de su familia. Cuando el esposo de Maria Petronila, Juan de Jesús Mendoza Arias (indígena Wiwa de la comunidad) regresaba de laborar en su parcela, se encontró con los soldados, quienes lo maltrataron físicamente y lo retuvieron por portar una escopeta 16, que es la que los wiwas utilizan para la cacería.

Hasta el momento Juan de Jesús sigue detenido en el batallón la Popa. Luego de esto los soldados cogieron al menor Eladio José Baños Alonso de 17 años, y lo golpearon con patadas y puños, mientras lo amenazaban de muerte por ser un supuesto miembro de las FARC. Eladio fue obligado por los soldados a ponerse prendas de uso del ejército para hacerlo aparecer seguramente como un subversivo más muerto en combate. Afortunadamente algunos soldados estuvieron en desacuerdo con lo que iban a hacer sus compañeros y el jóven se salvó. Una vez los soldados decidieron irse de la comunidad, José Francisco Alonso Zabatá, Merilo Montero Maestre, Robinson Pacheco Malo, Juan Zabatá Torres y Hermegildo Zabatá fueron amenazados y obligados a andar delante de la tropa a modo de escudo humano para que los protegiera frente al posible encuentro con guerrilleros.

Agosto 09 del 2005

La joven estudiante de grado 11, Emerita Guaña Guañarita, perteneciente a la etnia Coconuco del Municipio de Puracé en el Cauca, fue abordada por 4 uniformados adscritos al batallón N° 03 de Artilleros del José Hilario López, al mando del sargento Segundo, Jaider Giovanni López Jiménez, en momentos en que salía de su colegio (4:30-5:00pm) hacia la vereda Yaquiva. Uno de los soldados la violó mientras le decía que lo hacía porque ella era guerrillera. Cuando la comunidad le exigió al ejército que identificaran al responsable, el comandante Vélez se negó a dar el nombre y afirmó que el responsable se había fugado. Además dijo que no podía pedir disculpas por que estos casos son muy comunes.

Septiembre 05 del 2005

A las cuatro de la tarde del domingo y hasta las 8 de la noche del lunes la fuerza pública arremetió contra la comunidad indígena que ocupaba la finca la Emperatriz como acto de presión para que el gobierno cumpliera con los acuerdos de ampliación del resguardo firmados desde 1992. El día 9 del mismo mes el intento de desalojo se repitió por parte de las fuerzas armadas, quienes atacaron con armas de fuego, gases lacrimógenos, granadas, y golpes, dejando varios heridos y detenidos. Aunque la información no es todavía precisa, se informa que durante el intento de desalojo varios indígenas han sido detenidos y otros heridos. Algunos comunicados plantean que fueron 21 heridos, mientras que en otros la cifra asciende a 50.

Octubre 19 del 2005

19 heridos fue el saldo de personas afectadas por el intento de desalojo violento que la Policía Nacional ha Intentado con el pueblo paez de Caloto para recobrar los terrenos de la finca El Japio ocupada por este pueblo indígena desde el pasado 12 de Octubre para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de ampliación del resguardo.

El 8 de Noviembre a las 2 de la tarde, los miembros de la Policía Nacional (ESMAD) llegaron al lugar donde protestaban pacíficamente los indígenas e intentaron desalojarlos utilizando gases y garrotes, y disparando armas de fuego al aire. En consecuencia resultaron 10 heridos, ninguno con arma de fuego, que fueron trasladados al hospital del municipio de Santander de Quilichao.

El 9 de Noviembre 150 de la ESMAD ingresaron al Japio lanzando gases, los cuales, según los indígenas, produjeron un incendio; además 5 personas aún sin identificar fueron detenidas arbitrariamente por la policía.

El 10 de Noviembre en horas de la mañana fue asesinado por un tiro de fusil en la cabeza el indígena Belisario Guetoto y Herido por bala en la pierna y espalda el jóven Gerson Menza mientras protestaban pacíficamente en el Japio. Cuando la fuerza pública se dio cuenta de que había un muerto incrementó el lanzamiento de gases y segundos después tomaron las vainillas que habían quedado al lado del cuerpo y retiraron a los responsables en una camioneta blanca.

El 12 de noviembre la policía intentó un desalojo de la finca el Japio utilizando gases lacrimógenos, bolillos, balas de goma y explosivos; en medio de estos actos Marcelino Quitumbo cayó al piso y fue agredido con patadas, golpes con macana y disparos a quema ropa con balas de goma, lo cual le causó la fractura de su fémur.

El 14 de noviembre La Fuerza Pública arremetió de nuevo contra la comunidad reunida en la finca el Japio a eso de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En los hechos resultó gravemente herido Gustavo Escue Dagua del resguardo de Huellas a quien la policía trasladó al hospital de Santander de Quilichao, donde fue obligado a firmar una orden de captura bajo amenaza de no brindarle atención médica y bajo el cargo de agresión a un agente de la policia. La Policía también lanzó piedras hiriendo a José Edgar Yonda Puni quien perdió un ojo a causa del golpe.

15 Noviembre En medio de ataques por parte de la policía fue herido por el impacto de una granada con gas un hombre de apellido Trochez, y otro más que no ha sido aún identificado.

Noviembre 18 del 2005

En la última semana se han desarrollado combates entre las AUC y las FARC en el territorio de los Nukak Makú dejando como resultado el asesinato de dos indígenas y el desplazamiento de más de 60.

Redacción Actualidad Étnica

Bogotá. Diciembre 9 de 2005.

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