La edad avanzada de Soto y algunas deficiencias fisiológicas no le permitieron resistir la salvaje arremetida de la fuerza pública; Soto no fue la única víctima, cerca de 30 personas más, algunas mujeres y niños, fueron ser trasladadas a los hospitales con distintos grados de afectación por los gases; los cuales, contrario a lo que dicen generales y coroneles, sí pueden asesinar, constituyen un arma mortal.
En Risaralda, y al parecer en Colombia, se está imponiendo el hábito gubernamental de matar a quienes se manifiesten ejerciendo sus derechos constitucionales y legales, entre los que se encuentra precisamente el de la protesta pública y pacífica. No se ha borrado de la mente de los risaraldenses el homicidio y descuartizamiento del joven agricultor Beidin Buitrago en julio de 2001, luego de un operativo policial aprobado por la gobernadora de entonces Elsa Gladys Cifuentes, para desalojar a campesinos y productores de café que exigían subsidio al precio interno y el cese de las importaciones de productos agropecuarios. El comandante de la Policía de la Virginia, Hernán de Villeros, fue acusado oficialmente de haber cometido el crimen pero nunca pudo ser capturado por sus ex compañeros. Nadie respondió y a Cifuentes, cada vez que puede, el presidente Uribe la nombra como paradigma de buen gobierno. De Villeros apareció muerto tres años después en Pereira.
Lo mismo pasó con el ventero ambulante John Alirio Carmona. Luego de ser “recogido” por un vehículo de la Secretaría de Gobierno, en medio de un período de aguda confrontación de los ambulantes en 2003 con la alcaldesa Marta Elena Bedoya por el derecho al trabajo, fue entregado con graves lesiones y parapléjico al Hospital San Jorge. Horas más tarde, y habiendo acusado a funcionarios y a agentes de la Policía de haberlo agredido sin compasión, murió. El jefe del grupo de matones, Rosemberg Loayza, sigue vinculado al presente gobierno “social” municipal, y éste, en su labor “altruista”, expulsa indigentes de la ciudad arrojándolos a las cunetas de las carreteras y por doquier, permanece impasible ante las amenazas hechas a los trabajadores sexuales y hasta ha recurrido a decretos expedidos en tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla para asestar más garrotazos y detenciones a los vendedores callejeros; todo según convenga al nuevo dueño del centro de la ciudad: la multinacional, ÉXITO-CADENALCO. Los agentes gubernamentales, incluida Bedoya, fueron exonerados de todo cargo en este asunto, ella fue nombrada notaria y recibe elogios renovados de Uribe como “mujer echada p’a lante”.
Las agresiones contra el pueblo de Risaralda son más todavía. Cien ciudadanos de Quinchía, con alcaldes y concejales a bordo, estuvieron detenidos, en el marco de la política de Seguridad Democrática, durante 18 meses, tiempo al cabo del cual fueron sobreseídos de lo que se les imputaba. Nada pasó, el gobierno, que siempre sostuvo la culpabilidad de dichas personas, no ha ofrecido explicación alguna ni tampoco por el clima de terror ni por las decenas de muertos que en cerca de tres años se han presentado allí.
Quizás como estos casos denunciados en Risaralda existan muchos en Colombia. El modelo autoritario impuesto obedece a las necesidades imperiales de someter a la población, de relegar sus derechos fundamentales en aras de instaurar los intereses económicos, políticos, sociales y militares de Norteamérica en la cruzada recolonizadora que ha emprendido intentando conjugar así las hondas crisis que padece. Para ello acude a gobernantes sumisos, y con capacidad de engañar a sus pueblos, que mimeticen como intereses de la Patria los dictados de Estados Unidos; por ejemplo, los proyectos de “libre comercio”. Sólo falta para concluir este relato irritante conocer cuál será el ascenso que recibirán los ejecutores del deceso de Marco Soto y cuáles serán los ensalzamientos para quienes invocaron el funesto operativo.
La Tarde, Pereira, octubre 18 de 2005.
