La política de concesiones en Guatemala es pieza clave para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos de América.

     

CONTEXTO GENERAL

El punto de discusión mas importante que se ha desarrollado en la agenda nacional en los últimos años ha sido, sin duda, el proceso de negociación y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Republica Dominica con los Estados Unidos de América, conocido por sus siglas en ingles como CAFTA-RD; de ello se dicho mucho, desde las posiciones oficialistas de considerarlo como la llave de entrada a la Globalización y/o como el vehiculo idóneo para la modernización y la superación de la pobreza. Así como muchos sectores, sobretodo los sociales tales como: las organizaciones campesinas, de mujeres, indígenas, sindicalistas, estudiantes entre otras se han manifestado con una posición de rechazo por considerarlo lesivo y nefasto para las grandes mayorías en pobreza y extrema pobreza, por la incapacidad de competencia en el marco de las asimetrías en las economías de Guatemala y Estados Unidos, por sobretodas las cosas, porque este tratado da vía libre a las grandes empresas transnacionales de explotar los recursos humanos, económicos, físico y culturales en beneficio de un reducida elite económica.

Aspectos que generaron coyunturas especificas fueron los procesos de negociación por su carácter excluyente, impositivo, faltos de democracia y participación social, la negativa oficial a la transparencia en el manejo de la información, así la actuación servil de los gobiernos de turno en Centroamérica y particularmente los gobiernos del FRG y la Gana, la incapacidad del ejecutivo y del legislativo de manejar la crisis generada por ellos mismo al no escuchar el clamor popular y el uso indiscriminado de la fuerza publica para sofocar las manifestaciones populares en contra tanto de la carestía de la vida, el tema tierra y puntualmente el Tratado de Libre Comercio, establecieron un marco de conflictividad y exclusión para el análisis que tendrá este tratado para los próximos 50 años en la vida nacional.

El impulso del programa Neoliberal en Guatemala ha cumplido las tareas de manera eficiente, el achicamiento del estado, la perdida de responsabilidades y atribuciones, la menor injerencia en asunto del sacrosanto “libre mercado” así la generación de un marco regulatorio “adecuado” que se expresan en leyes como la propiedad intelectual, ley de aguas, la ley de inversiones entre otras han sido piezas que completan el crucigrama para la inversión transnacional y aseguran condiciones de estabilidad y garantías a los inversores.

RELACION DE LA POLITICA GENERAL DE CONCESIONES Y EL TLC

En todas estas coyunturas el gobierno ha generado una serie de cortinas de humo, dejando en el manejo de bajo perfil piezas claves para el impulso de este tratado, este es el caso de la política general de conseciones, no es casualidad que el gobierno se empeñe en aprobar una ley tan antipopular, aunque ha planteado que la iniciativa de ley que estaba engavetada y que la habia hecho el FRG, sin embrago como paso con el tratado de libre comercio, los compromisos económicos y políticos de este tratado no fueron y no son compromisos de partido sino de gobierno y de estado.

Lo cierto también es que la responsabilidad y el cobro de la factura del gobierno de los Estados Unidos se expresa en cosas tan concretas como el impulso del TLC y su ratificación posterior, basta ver lo sucedido en la votación del congreso norteamericano para ver lo estratégico para el gobierno de Bush de la ratificación del CAFTA-RD.

Volviendo al tema, el Tratado y el marco regulatorio allana el terreno para el proceso de privatización y concesión a empresa e intereses transnacionales, de que otra manera no podría acceder a estos “negocios” sobretodo a aquellos que tienen un potencial económico importante, tales es el caso de la energía, las bandas y canales radiofónicos televisivas y de celulares, el agua, los recursos naturales, la minería, las obras publicas, las licitaciones del estado, el acceso a mercados entre otros aspectos.

En este sentido habrá que entender que la aprobación de una política (que es mucho más que una ley) general de concesiones es clave para el impulso operativo del TLC en Guatemala, por esto mismo, el gobierno ha destinado una serie de recursos financieros, humanos y logísticos que garanticen su aprobación.

Hay que partir que el TLC solo tiene sentido si es operativo y ejecutable por lo que es necesario para el mismo tener el marco, los mecanismos y por supuesto la voluntad política de la clase dominante y el empresariado local de impulsarlo y defenderlo a capa y espada a pesar de lo impopular, excluyente y lesivo.

Si pensamos en la estrategia oficial es evidente que han tratado de desvincular un tema con el otro, haciendo parecer que están en ámbitos totalmente distintos, uno en el internacional (TLC) y el otro en el ámbito nacional (ley conseciones), así mismo han tratado de esconder la relación vinculante de la ley de concesiones con los préstamos y los niveles de inversión privada y extrajera que están relacionados con el TLC.

Hay que recordar la importancia estratégica que tenia la aprobación del TLC con Centroamérica y Republica Dominicana para el impulso del ALCA, tanto es así que su visita al congreso, el presidente de Estados Unidos, se refiero a este tratado como señal positiva o no a los procesos negociadores que tiene Estados Unidos con otros países latinoamericanos y su posición en la OMC, es decir a todas luces se ejerció presión para condicionar y comprometer la política comercial de los Estados Unidos con la aprobación del TLC.

Por lo tanto es lógico pensar que para que el TLC sea algo concreto y operativo necesita tener la puerta abierta (legislada y “legalmente” apta) para la cooptación de inversiones de transnacionales que puedan a través de una política de concesiones por parte del estado de Guatemala, la explotación beneficiosa y lucrativa de los recursos naturales.

No hay que olvidar que la propuesta de ley de concesiones determina que todo es concesionable restando total responsabilidad al estado, que renuncia implícitamente a su obligación buscar el bien común y prioriza la economía, las ganancias y las garantías a los concesionarios.

ESTRATEGIA OFICIAL

Está claro que se trató de mantener el tema de la ley de concesiones a bajo perfil, como otras leyes que pasaron sin pena ni gloria en el congreso a la sombra de las famosas cortinas de humo, pero la denuncia política de las organizaciones sociales y la actitud de hienas de las bancadas en el congreso lo evitaron. Se esgrimió el viejo y revitalizado discurso que el Estado es incapaz, burocrático, corrupto por naturaleza y entonces la solución es que sea la iniciativa privada quien impulse el desarrollo, negando la institucionalidad del propio estado. En otras palabras debe dejarse a la fuerzas de mercado la posibilidad de desarrollar la economía.

Al encontrar una gran oposición en los sectores sociales que demostraron su fuerza en las jornadas de marzo de este año, dieron marcha atrás y plantearon que era necesario realizar consultas, dichas consultas que han resultado farsa mal montadas, tanto por su participación como por su representatividad. Ante esto centros de estudios y otras fuerzas vivas han impulsado consultas alternativas que han solo evidenciado la falta de apoyo a esta propuesta de ley.

Así que reorientado su estrategia, el gobierno de la Gana plantea que no tiene una propuesta elaborada creando nuevamente una cortina de humo, y haciendo parecer que son inocentes y abiertos a construir la iniciativa, es decir que están dispuesto a construirla conjuntamente con la sociedad, que debe impulsarse el diálogo, que por cierto es totalmente sesgado y alienado con posiciones del gobierno, quien selecciona sus participantes y trata de darle un sentido de legitimidad a esta iniciativa.

En esta ultima etapa, el gobierno ha tratado de varias formas de impulsar mecanismos de diálogo y supuesta consulta que terminan siendo una suerte de pantalla y “consultas” para validar y justificar la necesidad de la Política General de Concesiones, las respuestas a nivel regional/departamental no se han hecho esperar, los pobladores se han manifestado en contra de concesionar tanto los recursos naturales: Agua, bosque, minería y suelos como la riqueza en biodiversidad biológica y cultural, se han conformado frentes regionales, municipales tales como el Frente Regional contra la minería, los frentes municipales en San Marcos y Totonicapán entre otros.

INTERLOCUTORES

El gobierno se ha empeñado a desacreditar a las organizaciones sociales, llamándolos globalofólicos, negativistas del desarrollo, que dicen NO, sin tener razones de fondos, etc. Sin embargo hay que analizar porque se intenta y se mantiene esta campaña de descrédito: En primer lugar los señalamientos serios a los problemas de FONDO y de forma del TLC señalados por instancias como Mesa Global, MICSP, FNL y muy puntualmente el COS, han tenido eco tanto en la opinión publica como en sectores económicos que verán perjudicados sus intereses. Por lo tanto es molesto y hasta cierto punto complicado manejar la discusión con estos interlocutores.

Un elemento a resaltar son las palabras del Presidente Berger, en la crisis de marzo, cuando plantea que son grupos no mayores de 500 personas descontentas y que no por esta minoría vamos a dejar de tomar la gran oportunidad que representa el TLC.

Por todo esto podemos interpretar que al gobierno le interesa desacreditar a las expresiones de sociedad civil crítica y que prefiere “hablar” con algunos, seleccionados “representantes”, y así lo ha trabajado en los consultas y diálogos que han implementado. Es lógico que esta estrategia lejos de funcionar y darle validez ha terminado de generar una sensación de imposición, exclusión y marginación de los sectores sociales del país.

En este momento como parte de esta estrategia se ha planteado la posibilidad de continuar con los diálogos y que esto pudiera hacerse mediante los Consejos de Desarrollo, espacios que por la política oficial terminan siendo pro oficialistas, pensando que aun cuando existe representación de los sectores sociales son los gobernadores y alcaldes quienes determinan la dinámica y la agenda…. Muchas veces dictada desde la ciudad capital.

Se han realizado también esfuerzos por tener como interlocutores a las mesas de diálogo y de CONCERTACION lo cual ha sido negativo pues tratan de neutralizar e instrumentar a estas instancias que por su naturaleza no son los espacios idóneos.

Con este último planteamiento se pretende “dialogar” con la sociedad civil institucionalizada, dejando fuera y restando importancia a las expresiones de sociedad civil popular, crítica y analítica como lo constituyen Mesa Global, COS y el mismo MICSP.

Es muy importante hacer la denuncia política del manejo politiquero, pre-electoral y empresarial que hace este gobierno de la Gana en función de desacreditar las posiciones y las organizaciones de sociedad civil crítica y propositiva, para darle paso a instancia de “diálogo” con condescendientes, en este sentido es necesario ganar mayor organización y movilización para hacer frente a este intento de atomizar y debilitar a la sociedad civil.

ESTRATEGIA DE SOCIEDAD CIVIL

A partir de este análisis podemos diseñar a grosso modo una estrategia de participación de sociedad civil que permita evitar que se “legisle” y “apruebe” una política general de Concesiones:

– Las diversas expresiones de sociedad civil deben asumir una posición política coherente con la NO aprobación de la política general de concesiones.

– Aun cuando existen diferencias de opinión y estrategias diferenciadas deben existir y prevalecer una actitud UNITARIA en cuanto a la posición de no participación en el diálogo y consultas que impulsa el gobierno a fin de no generar fisuras en el planteamiento de sociedad civil.

– Debe exigirse que se genere un proceso de CONSULTA real, participativo e incluyente para discusión global de la política.

– Debe establecerse un discurso claro de cara a que las personas entienda y sienta de manera directa las afectaciones que tendrían la privatización o concesiones que se den en el marco de las obligaciones del estado (servicios públicos y demás atribuciones y responsabilidades del estado).

– No debe sociedad civil participar en los procesos de consultas sean estos regionales o nacionales pues con su presencia solo avalaran y serán instrumentados por el gobierno para ganar Legitimidad.

– Debe existir garantías políticas y legales que se respetara el proceso de construcción colectiva de iniciativas o propuestas.

– Debe ser prioritario darle vida legal a una comisión de ALTO NIVEL que negocie con el gobierno los términos para la construcción e implementación de una política de concesiones que garantice los intereses del Estado y la sociedad.

– Debe establecerse un mecanismo de regulatorio y de monitoreo que revise y apruebe, nuevas y viejas concesiones y que retome el bien común como prioridad.

– Este proceso, permitirá generar una mayor articulación de la sociedad civil, partiendo de un principio de unidad y constitución de frentes de lucha regional, nacional.

– La sociedad civil no debe olvidar que la correlación de fuerzas en un proceso de negociación y de oposición se nutre de la capacidad movilizadora y de respuesta publica del movimiento, por lo tanto debe perfilarse acciones decididas de movilización social.

– Es muy importante romper el cerco informativo por lo que es necesario diseñar una campaña de medios y difusión de nuestros planteamientos que permita mover la opinión pública nacional e internacional.

– Debe generarse una propuesta técnica, valida y consecuente que de herramientas políticas y técnicas para la negociación.

Como hemos podido ver a lo largo del documento, la Política General de Concesiones está estrechamente vinculada al TLC, por lo tanto debemos generar una coyuntura que permita frenar el impulso neoliberal y pro libre mercado del gobierno y por el otro defender nuestros recursos naturales, físicos, humanos, culturales y económicos.

La posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas es nuestra, dependerá de la capacidad de integrarnos, unirnos y constituir frentes de lucha sólidos con herramientas políticas y técnicas desarrolladas.

Por último esta coyuntura es muy especial pues pude darnos una oportunidad de revertir los efectos negativos del TLC.

José Luís Siguil López – Director Ejecutivo CEDEPEM

Consejo Directivo Movimiento Tzuk Kim pop

Mesa Global de Guatemala.

Sull'autore