El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha anunciado la privatización de la Refinería de Cartagena, mediante la figura de moda del socio estratégico. La modernización y ampliación del complejo industrial se adelantaría con un socio que será dueño del 51% y Ecopetrol quedará entonces con el 49% y, por supuesto, sin la operación.

     

Con esta decisión, el presidente Álvaro Uribe viola en forma flagrante la palabra empeñada. El gobierno, además, pisotea el acuerdo suscrito por el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, por la parte oficial, y los dirigentes de la USO, por los trabajadores, acuerdo que tuvo como garantes a la Iglesia Católica, a la CUT y al Concejo de Barrancabermeja y que consta en el acta de mayo de 2004 que puso fin a la patriótica huelga. En el acuerdo, el gobierno se compromete expresamente a no privatizar a Ecopetrol y a realizar el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena.

El Plan Maestro consiste en elevar la capacidad de 78 mil barriles por día a 140 mil, con énfasis en materias primas para la industria petroquímica que hoy se importan. El costo total del proyecto es de 800 millones de dólares y se ha estado aplazando desde hace diez años por desgreño de los distintos gobiernos.

La decisión de privatizar la Refinería, onerosa para el país, mantiene la línea de conducta del gobierno de beneficiar al capital trasnacional, toda vez que el proyecto es altamente rentable y no existe justificación alguna para entregarlo a las multinacionales del petróleo. El margen de utilidad neta por barril refinado en Cartagena fue en el 2004 de 2.35 dólares y su proyección es mayor por los precios de los combustibles, la ubicación estratégica de la Refinería y los altos rendimientos que alcanzará con el aumento de los volúmenes y la modernización de los procesos. Se pretexta por parte del gobierno la falta de recursos, asunto totalmente falso, pues Ecopetrol tiene en el FAEP (Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera) más de 1.100 millones de dólares, que rentan a menos del 2% en la banca extranjera, y más de 400 millones de dólares en inversiones temporales no estratégicas como los TES, dineros suficientes para financiar la totalidad de los proyectos de la empresa en sus refinerías.

Tengamos en cuenta que las instalaciones actuales se valoran en 180 millones de dólares y son parte de los 800 que cuesta el proyecto. Es decir, están contados en el 49% que tendrá Ecopetrol en la nueva empresa. Luego lo que se necesita son 600 millones. Toda la explicación de esta antinacional conducta es el cumplimiento de las metas fiscales impuestas por el FMI, que le niega al Estado la inversión en proyectos productivos y coloca estas inversiones como causantes del déficit fiscal.

140 mil barriles diarios dejan, a precios de hoy, una utilidad neta de 300 mil dólares, que Uribe, Yanovich, Mejía y Carrasquilla se los entregan a las trasnacionales, en claro desprecio por la nación colombiana y su pueblo. Atentados como este nos obligan a insistir con todas nuestras fuerzas en la construcción de una gran corriente de unidad que movilice a los colombianos por la recuperación de la soberanía y el establecimiento de un gobierno de nueva democracia, que nos devuelva la posibilidad de una sociedad justa. Invito a todos los colombianos, principalmente a la gente de la Costa Caribe, a que acompañemos a la Unión Sindical Obrera en la defensa de la Refinería de Cartagena, haciendo sentir de manera organizada y enérgica el rechazo a este asalto al interés nacional.

Jorge Enrique Robledo, senador

Bogotá, 25 de agosto de 2005.

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