Evidentemente, detrás de las motivaciones de corte anti corrupción de Bolaños, estaba el deseo de poder llegar a gobernar sin la tutela del hombre más influyente del PLC. Para lograrlo Bolaños tuvo que apoyarse sobre Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encontraba en el proceso una buena manera de colocarse en campeón de la lucha a la corrupción, tema que permite acumular mucho capital político, y así mismo limpiar la imagen algo desgastada del FSLN.
La alianza “anti corrupción” entre Bolaños y el líder sandinista Daniel Ortega pudo perdurar hasta la intervención de Estados Unidos, mediante su embajadora, quién multiplicó las presiones para que el mandatario se deshiciera de sus socios sandinistas que se beneficiaban demasiado, al gusto del gran hermano norteño, de la campaña anticorrupción. Bolaños, de acuerdo con los buenos consejos estadounidenses, apostó por una reconciliación con los liberales y así poder aislar a los sandinistas. Hoy en día, ése cálculo parece ser un error político tremendo.
La encarcelación del líder liberal resultó ser el pecado capital de Bolaños, que difícilmente podrá ser visto como otra cosa que un traidor en el partido que le llevó a la presidencia. Como era de esperarse, los “alemanistas” prefirieron unirse a los sandinistas, como ya lo habían hecho en un primer pacto legislativo en 1998-1999, y así lograr con mayor facilidad sus dos objetivos: liberar a su máximo jefe y obtener la cabeza de Bolaños, o al menos hacerle pagar por el resto de su mandato por su pecado. Para los sandinistas, que controlan a los jueces del caso Alemán, los términos de este segundo pacto “con el diablo” eran muchos más favorables. A cambio de la liberación de Alemán, los sandinistas se colocaban en buena posición para exigir de la bancada principal un sinfín de favores. También ambos tenían intereses en hacerle la vida imposible a Bolaños.
Dos días después de las elecciones del 7 de noviembre del 2004, en las cuales los sandinistas consiguieron muy buenos resultados, a la vez que el APRE, el nuevo partido empresarial e evangélico de Bolaños, se quedó con las manos vacías, se inició la tormenta legislativa en la cual los diputados de las ambas bancadas mayoritarias aprobaron reformas a la Carta Magna y nada más que 14 leyes en tan solo 14 días.
Muchas de las modificaciones a la Constitución votadas por la Asamblea Nacional efectivamente restan poder al Ejecutivo. Así, no solamente el gobierno ahora debe compartir la nominación de altos funcionarios al mando de las entidades públicas, sino que la nominación de los ministros debe ser ratificada por mayoría calificada en el pleno, si no es aprobado el gobierno tiene que elegir otro. También obliga a los ministros a rendir cuentas y comparecer ante el organismo Legislativo, que ahora tiene la facultad de removerlos. De igual modo, se reduce la facultad presidencial de vetar leyes aprobadas por los representantes.
Entre las iniciativas aprobadas más polémicas, se encuentra la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos, nueva institución bajo control del Legislativo que acogerá en su seno al Instituto Nicaragüense de Energía, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados y TELCOR, entidades encargadas de regular sectores estratégicos cómo la energía, el agua y las comunicaciones. En el marco del nombramiento de los nuevos funcionarios nombrados por el Legislativo, y su posterior toma de posesión de sus puestos, el presidente Bolaños mandó a la policía anti disturbios a resguardar los edificios para impedirles el paso, lo que obligó a la policía a elegir entre obedecer al Ejecutivo o al organismo Judicial que avaló las reformas.
Ese ejemplo, cuya conflictividad y vacío legal se reproduce en muchos de los aspectos afectados por las reformas constitucionales, pone en relieve que en Nicaragua existen actualmente dos constituciones, un marco legal para el Ejecutivo y otro para el Legislativo, lo que genera una situación de ingobernabilidad insostenible, aunque perduró ya mucho tiempo. La intransigencia del Presidente en cuanto a rechazar cualquier intento de negociación en el Diálogo Nacional y a refugiarse en un fallo de, la no tan creíble, Corte Centroamericana de Justicia, solo prolonga esa situación.
Lo interesante de las reformas está en que van a contracorriente de lo que se observa en América latina. Diversos especialistas de la región latinoamericana han resaltado que varios países del subcontinente sufrieron de lo que llamaron el hiper presidencialismo. Así, si la función ejecutiva ha sido históricamente privilegiada por el presidencialismo latinoamericano frente a la función legislativa, a menudo limitada a ratificar iniciativas que pocas veces encabeza, eso se exacerbó a partir de los años ’90 frente a la “necesidad” de imponer el impopular modelo neoliberal, lo que obligó a varios gobiernos a gobernar por decreto, como lo demostró el caso que fue la Argentina de Menem. Junto con ello se destaca una tendencia en que la elección presidencial se trasforma en un juego a suma nula, en que él que gana lo gana todo y, lógicamente, el perdedor se queda con nada. En cambio, en Nicaragua se habla de dictadura legislativa…
En esa perspectiva, las reformas constitucionales tienen el potencial de reajustar el sistema de pesos y contrapesos, que a menudo ha sido deficiente en el subcontinente, y así revitalizar la función legislativa. Mientras que la elección del Presidente se hace a nivel nacional, la elección del legislativo suele ser más balanceada y representativa de la realidad y de sus particularidades regionales; así como la negociación entre las distintas bancadas puede propiciar una cultura de diálogo y de consenso. Por ello las reformas votadas en Nicaragua, si fueron promovidas con esa óptica podrían ser positivas y, aún más si se concensuarán en el seno del Diálogo Nacional. Sin embargo, uno queda con la impresión que las reformas fueron hechas con el objetivo de limitar el poder del presidente Bolaños; así cómo para repartirse un botín para el beneficio de las dos bancadas, y no para el beneficio de una mayor democratización y para el beneficio público.
Lo cierto es que si no es el caso, los sandinistas y liberales fallaron en explicarlo y demostrarlo a los ciudadanos, incluso a sus propios militantes. Así, según encuesta recientemente publicada en La Prensa, el 67% de los encuestados cree que las reformas constitucionales tienen como propósito restar autoridad al Poder Ejecutivo y crear inestabilidad. Lo más preocupante para las dos bancadas mayoritarias, es que 64.2 % de las personas que se identifican como liberales y 59.1% de los sandinistas opinan lo mismo. Si a eso se añade que tampoco el presidente Bolaños goza de un gran apoyo popular, siendo respaldado por el empresariado local y distintos actores internacional, el peligro reside en la creación de un desgaste generalizado hacía lo político y las instituciones públicas, lo que a final de cuenta beneficia a la derecha neoliberal que repudia toda forma de contrapeso colectivo.
Si bien se ha hablado acerca de que los sandinistas buscarían justamente ese desgaste para promover en las elecciones del próximo año un cambio de rumbo, algo “diferente”, esa eventual estrategia podría volverse contra ellos mismos. Aunque el pragmatismo no constituye una tara y que se puede promover el diálogo interpartido, resulta difícil entender cómo justificar que un partido anti imperialista y a favor de una “revolución democrática” puede negociar fraternalmente, gracias a su influencia sobre algunos magistrados, la liberación de un personaje derechista y condenado por casos de corrupción millonarios como Arnoldo Alemán, a cambio de la nominación de su gente al mando de instituciones públicas.
Es cierto que la liberación de Alemán y su presencia en los próximos comicios pueden favorecer la división de la derecha y del voto antisandinista, pero ¿a qué precio? Porque el precio puede significar no sólo ser contaminado por el desgaste creado por la situación de ingobernabilidad y de parálisis actual, sino perder la confianza de sus propias bases, como ya se empezó a manifestar por las divisiones que afectan al FSLN. Causa perplejidad la declaración del diputado sandinista Bayardo Arce, sobre que si bien el PLC y el FSLN son fuerzas “…antagónicas ideológicamente… coincidimos en aspectos fundamentales que tienen que ver en cómo sacar al país de la miseria, el hambre y el desempleo”. Por otro lado, no darle importancia a cualquier crítica interna al respecto, y tachar a sus autores de “criaturas del imperialismo”, tampoco ayuda a la credibilidad de un partido que dice querer instaurar la democracia participativa. Dada la coyuntura favorable para la izquierda latinoamericana y los buenos resultados que obtuvieron los sandinistas en las últimas elecciones, el FSLN corre el riesgo de desperdiciar una oportunidad histórica de volver al poder tras 15 largos años de espera.
Incidencia Democrática I.Dem, Guatemala, 19 de julio de 2005 – Nueva Época número 776.
