El intento de asesinato contra un testigo clave en el próximo juicio sobre torturas subraya el hecho de que el gobierno peruano no ha ofrecido protección adecuada a los que tienen previsto declarar contra oficiales militares, señaló hoy Human Rights Watch. El intento de asesinato a tiros es el tercer atentado que ha sufrido el testigo, Luis Alberto Ramírez Hinostroza, en los últimos 15 meses.
En la tarde del miércoles pasado, 1 de junio, le dispararon varias veces desde un vehículo en movimiento cuando cruzaba por el parque Mariscal Castillo de Lima, acompañado de un guardaespaldas de la policía. El parque se encuentra frente a la sede de un grupo de derechos humanos peruano, el Instituto de Defensa Legal (IDL), donde Ramírez acababa de reunirse con su abogado. El guardaespaldas cubrió a Ramírez con su cuerpo para protegerle y afortunadamente ambos salieron ilesos.
“El gobierno peruano debe investigar plenamente el atentado contra Luis Alberto Ramírez y llevar ante la justicia a cualquiera que sea el responsable”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Este atentado podría haberse prevenido si se hubiera investigado adecuadamente los anteriores”, agregó.
En los atentados anteriores del 30 de agosto y del 13 de marzo de 2004, pistoleros no identificados intentaron asesinar a Ramírez en Huancayo, la ciudad en la que residía hasta hace poco. En el segundo incidente, Ramírez recibió una herida de bala en el estómago y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Tras los llamamientos internacionales, le asignaron dos guardaespaldas policiales y le trasladaron junto con su familia a Lima. Pero Ramírez ha seguido constatando vehículos desconocidos que le mantienen bajo vigilancia.
Está previsto que Ramírez testifique en el juicio contra el general retirado Luis Pérez Documet, quien fue jefe militar de la provincia de Junín a principios de los noventa durante el conflicto armado de Perú. Al menos nueve estudiantes universitarios desaparecieron durante dicho período, después de haber estado detenidos en el cuartel militar “9 de Diciembre” de Huancayo, el cual estaba bajo el mando de Pérez Documet en ese entonces. En marzo de 2004, la Cuarta Corte Penal de Huancayo acusó al ex general de secuestro.
Ramírez testificó ante la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú sobre la brutal tortura que había sufrido en la base. También fue testigo de la tortura a otras personas que “desparecieron” posteriormente. Está previsto que ofrezca pruebas cruciales de su detención durante el juicio, cuyo inicio se espera para dentro de seis semanas en Huancayo.
El año pasado, Ramírez recibió cartas anónimas en las que le llamaban “bocón” y le advertían que abandonara el juicio.
La proximidad del atentado con la oficina del IDL también hace temer por la seguridad del personal jurídico del Instituto que representa a Ramírez en este caso.
El gobierno peruano ha facilitado un guardaespaldas policial a Ramírez en respuesta a las peticiones de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades no han determinado quiénes son los responsables de los atentados, ni han adoptado medidas efectivas para detenerlos.
“Este incidente demuestra que el gobierno peruano debe implementar urgentemente un programa más efectivo de protección de testigos en casos con una carga política”, señaló Vivanco. “Es probable que el atentado contra Ramírez intimide a otros que se han decidido a testificar”, agregó.
(Lima, Perú, 3 de junio de 2005)
