Con vigencia desde el 2 de mayo y hasta el 6 de noviembre de 2006, se acaba de firmar un nuevo acuerdo entre Colombia y el FMI. Al detallar las explicaciones dadas por el gobierno nacional al FMI sobre el manejo de la economía nacional, se comprende que el propósito básico y fundamental de la producción de millones de colombianos es generar riqueza para la banca internacional.

     

En efecto, el propósito fundamental de este nuevo acuerdo y del conjunto de la política económica que implica es sólo uno: garantizar que la deuda externa será cancelada. Veamos:

«Al posesionarse en agosto de 2002, esta administración emprendió una estrategia de mediano plazo para promover un crecimiento económico estable y recudir la vulnerabilidad de la economía (…). Las reformas económicas -centradas en la disciplina fiscal- fueron un componente esencial de esta estrategia. El Congreso aprobó varias iniciativas del gobierno para fortalecer la sostenibilidad de mediano plazo de la posición fiscal, con miras a reducir la deuda pública a menos de 45% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010.

Política fiscal

«El panorama fiscal de mediano plazo que se presentó al Congreso en junio de 2004…pretende recudir la deuda pública neta a 38% del PIB en 2015 (…).

«El gobierno central está dispuesto a ajustar su gasto si ello es necesario para alcanzar las metas del programa (…). En 2006, el déficit de ese Sector Público Consolidado llegaría a 2% del PIB. En julio de 2005 el gobierno presentará al Congreso un presupuesto para 2006 que es consistente con este objetivo (…). En 2006, el superávit primario alcanzaría 2,7% del PIB, lo cual –junto con una reducción de depósitos del sector público a niveles más normales- reducirá la deuda pública a menos del 50% del PIB para finales de 2006 (…).

Luego del 2006 el sector público continuará enfrentando desafíos importantes en sus esfuerzos por seguir reduciendo la deuda pública. Por esta razón, este gobierno empezará a sentar las bases para ambiciosas reformas de mediano plazo, sobre todo en las áreas de impuestos, subsidios, y transferencias (…). El gobierno restringirá el crecimiento del gasto en salarios y compra de bienes y servicios (…)».

Si el lector detalla el conjunto del informe, encontrará con sorpresa que el Ministro de Hacienda y el director del Banco de la República no tienen ninguna vergüenza en reconocer que todo el ajuste hecho en los último años (despidos de las empresas públicas, mayores impuestos, recortes al gasto, etcétera) ha tenido una única motivación: garantizar el dinero suficiente para el pago de la deuda pública.

Y así seguirá siendo. El acuerdo anuncia nuevas reformas de mediano plazo, además de medidas inmediatas como la reforma a las pensiones, la venta de más bienes públicos, crecimiento del precio de la gasolina y el diesel, y otras que significarán mayores dificultades para las familias colombianas.

Una vez más se hace evidente. Los proyectos e iniciativas de contenido estratégico que tramita el Congreso tienen un solo origen: las exigencias de la banca multilateral. ¿Hasta cuándo sobrellevaremos un legislativo antinacional?

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