Un artículo de la agencia Adital dedicado al estudio sobre explotación sexual comercial de niñas y adolescentes indica que el problema atañe principalmente a municipios pobres y pequeños.
De acuerdo con el estudio de la UnB, el 74 por ciento de los municipios que Aparecen en la lista y registran la práctica del delito tienen una población entre 5 mil y 100 mil habitantes.
De los 930 municipios brasileños incluidos en la lista, más de un tercio (31,8 por ciento) están ubicados en la región Nordeste, la más pobre del país. En seguida, viene la región Sudeste, con un 25,7 por ciento, el Sur con 17,3 por ciento, el Centro Oeste, con un 13,6 por ciento, y el Norte donde están el 11,6 por ciento de los municipios.
Realizado por un grupo de seis profesores e investigadores, en el estudio se señala la impunidad y vulnerabilidad social de las víctimas como principal causa de la explotación sexual.
Como actividad para el combate del comercio sexual de jóvenes, el equipo investigador recomienda la articulación de tres frentes: políticas que revisen las condiciones de trabajo de las familias, transferencia de renta que llegue efectivamente a los más necesitados y compromiso con la educación de los niños.
“Tenemos de reconocer que hay una política pública de combate a la explotación sexual de las jóvenes, pero que está desarticulada y fragmentada”, afirmó la coordinadora del estudio, profesora Maria Lúcia Pinto Leal, del Departamento de Servicio Social.
Para la profesora es necesario promover una amplia capacitación de los sectores de combate de este delito y de protección de las niñas y jóvenes en riesgo, además de una efectiva implementación de los proyectos sociales de combate a la pobreza.
Fronteras son amenaza
Las fronteras de Brasil con los vecinos sudamericanos pueden ser consideradas áreas críticas en relación con la explotación sexual comercial de niñas y de adolescentes. De los 570 municipios en su condición de fronterizos, 104 fueron identificados en la investigación de la Universidad de Brasilia como localidades donde existe la práctica del delito.
Esos municipios limitan con 10 países: Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. En algunas de estas áreas, especialmente en Foz de Iguazú, en la frontera con Argentina y Paraguay, el tránsito de personas es intenso y la fiscalización precaria.
MUJERES HOY, 20.05.2005, Fuente: Audital.
