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La situación de defensores de derechos humanos en Guatemala

El año pasado hubo 122 ataques en contra de defensores, de estos 12 fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares.

     

Este patrón es similar al ocurrido entre el 2000 y el 2003 donde se contabilizaron 387 ataques de los cuáles 119 tenían indicios de participación de aparatos clandestinas de seguridad. Durante el gobierno de Portillo se contabilizaron 68 allanamientos en cuatro años (un promedio de 17 ataques al año).

La cosa se agrava este año, hasta el 12 de mayo estábamos contabilizando 65 ataques, de los cuáles 15 son allanamientos. De estos allanamientos, 8 se dieron entre el sábado 7 y el jueves 12 de mayo. La gravedad de la escalada de los allanamientos llama a la reflexión y acción por parte de la comunidad nacional e internacional. El patrón de ataques que hoy vemos no se ha visto antes. Si bien es cierto, durante los cinco años anteriores ha habido momentos de picos de ataques, el patrón ha sido que organizaciones similares empiezan a recibir distinto tipo de ataques. Usualmente encontrábamos, allanamientos, amenazas de muerte e intimidaciones.

Experimentamos, el año pasado y este, dos patrones novedosos de ataques: uno el ataque sistemático y prolongado en el tiempo en contra de CALDH que ha llegado a contabilizar más de 28 ataques en un año y la criminalización del accionar de defensa orientado tanto contra abogados de casos así como dirigentes de manifestaciones. No obstante, se ha mantenido la persistencia de los ataques en contra de defensores de los departamentos que usualmente se vinculan a cuerpos ilegales y a redes criminales locales (ataques en contra de la UVOC, la Asociación de Mujeres Ixiles de Nebaj y el asesinato de Florentín Gudiel) y la acción de hostigamiento en contra de organizaciones que defienden el derecho de la verdad y la justicia, así como a los periodistas que cubren fuente o temas de derechos humanos (ataques en contra de H.I.J.O.S. y periodistas de Radio Universidad).

¿Qué es distinto de lo que ha pasado en los últimos 6 días y qué es común a los últimos cinco años?

Lo común es la persistencia de allanamientos para obtener información. Tanto la CNOC (noche entre el 7 y el 8 de mayo) e H.I.J.O.S (mañana del 12 de mayo cuando H.I.J.O.S. fue allanada con robo de computadoras y el equipo de sonido que es la sostenibilidad de la organización) le fueron robados los CPU’s conteniendo información. En ambas instituciones dejaron atrás cosas de valor y hubo registro de fotos – en H.I.J.O.S. se las llevaron -. El objeto de este tipo de allanamiento es tomar control de las redes de apoyo político, financiero y operativo de las organizaciones. En el caso de organizaciones como CNOC es conocer su estado contable y poder detectar sus debilidades. Los ataques a ambas organizaciones se vinculan al MICSP (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular) que se ha opuesto a la aprobación del TLC y de la Ley de Concesiones. Interesantemente, ambas tienen protagonismo en las manifestaciones. La CNOC por ser la sede operativa del MICSP e H.I.J.O.S. por ser activos y estar en la primera fila de las manifestaciones.

Esto es muy parecido a los 6 allanamientos en contra de organizaciones indígenas y afines al movimiento indígenas ocurridas en febrero como efecto posterior a las protestas en Sololá contra la minería de metales. El caso de H.I.J.O.S. empieza a preocupar ya que se parece al patrón sufrido por CEIBAS entre el 2000 y el 2001 que llevó a la desaparición de la organización.

Lo distinto han sido los allanamientos en contra de la sede del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Santa Rosa (noche entre 8 y 9 de mayo), la sede de la Federación de Iglesias Luterana en Petén (noche entre 8 y 9 de mayo), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (noche del 10 de mayo), la CUSG (noche entre 10 y 11 de mayo) y el intento de allanamiento en contra de la CGTG (noche del 10 de mayo, fue impedido por la presencia de sindicalistas en la sede a las 9:30 de la noche). En estos casos no ha habido ni robo ni registro de información. Lo que dejaron fueron huellas de su ingreso: puertas abiertas, puertas o techos forzados o prendas. Solo en el caso de Santa Rosa hubo robo de una grabadora de reportero y un UPS. En dos de estos casos no se forzó el ingreso.

El siguiente allanamiento reviste características muy preocupante tanto por la característica del mismo como el hecho de que una de las víctimas es una acompañante. El 11 de mayo en horas de la mañana fue allanada la casa de Byron Garoz (de la CONGECOOP y la Mesa Global) y Cristina Buczko (Coordinadora del Proyecto de Acompañamiento de Austria). En este caso, el ingreso fue sin forzar la puerta y hubo señales de registro intenso. Dejaron atrás una serie de mensajes como una camisa de Marx extendida en la venta, un bulto conteniendo efectos personales del Sr. Garoz junto con fotografías de desconocidos y una carta de un preso. En este caso se bañaron en el lugar y dejaron atrás efectos personales.

Otra cosa que ha cambiado es la actitud de los defensores ante los ataques. Este año se ha caracterizado por el activo involucramiento de las organizaciones en la denuncia a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Casi todos los casos han sido remitos inmediatamente. En todos los casos denunciados las autoridades se han presentado y han realizado las diligencias de investigación. Aunque en algunos casos han dejado atrás evidencias, en general se han dado los procedimientos iniciales de investigación. Lo que ocurrió en el pasado con las denuncias de este tipo es que los resultados son nulos ya que usualmente ninguna de las evidencias dejadas atrás conectan con un nombre específico. La norma es que a los dos años los casos se archivan por imposibilidad de seguir investigando.

Por otra parte, la actuación de la PNC y del Ministerio de Gobernación es errática. Llega a diligenciar la investigación, pero por otra parte reprime al movimiento social y genera cercos para impedir el paso de las manifestaciones como ocurrió el 1 de mayo. Se muestra preocupada por la situación, pero en todos los casos donde hay medidas cautelares los efectivos policiales son inconstantes en su presencia y en algunos casos ni siquiera aparecen.

Algunas reflexiones útiles para explicar porqué se está agravando la situación

1. La pérdida de la CICIACS como resultado de la actividad proactiva de los partidos El Patriota, el FRG, el PAN y los Unionistas; así como la ausencia de voluntad para impulsarla de la GANA y el ejecutivo ha envalentonado a las estructuras clandestinas. Finalmente están retomando su juego de desestabilización que puede venir de grupos dentro del gobierno o fuera de él.

2. Los ataques para obtener información se unen a rumores de que desde la SAE presuntamente se están realizando operaciones de inteligencia en torno a la dirigencia social. Aunque no hay forma de probar dicho extremo, hay que señalar que la presencia de personas extrañas y vigilantes ante las organizaciones del COS y del MICSP es preocupante. Estos hechos llaman a preguntar, ¿quién está utilizando la información y para qué?

3. Funcionarios del gobierno iniciaron una campaña en contra de las organizaciones campesinas, medio ambientalistas, del COS y del MICSP. En todos los casos, desde el año pasado, se han querido equiparar a sus dirigencias con corruptos, desestabilizadores, terroristas y izquierdistas transnochados. Tenemos sendas declaraciones públicas en este sentido, emitidas antes, durante y después de momentos de altos grados de conflictividad. También hay rumores bastante graves de que algunos funcionarios han estado difundiendo la idea de que el movimiento social recibe fondos de Chávez y Castro tratando levantar los valores del anticomunismo de los años del enfrentamiento armado.

4. La persistencia de los ataques en contra de defensores de derechos humanos está generando una visión estadística y de equiparación a los hechos de violencia comunes. Finalmente, el Estado está reconociendo más de 1,200 robos de vehículos, más de 100 asesinatos de mujeres, un promedio de 10 homicidios diarios y más de 65 ataques a defensores.

5. Aunque hay enormes esfuerzos de trabajo unitario en temas puntuales, aún existe mucha dispersión y conflictividad entre y dentro de los sectores que vulnerabiliza la situación de todos y todas. Es necesario recuperar esfuerzos de defensa y búsqueda de la seguridad que permitan que los sectores sigan activando en sus temas.

Recomendaciones mínimas:

1. Revisar los planes de seguridad, realizar back up de la información de las organizaciones y reactivar las redes de emergencia.

2. Si ocurre algo, inmediatamente avisar a las autoridades y otras organizaciones (si es de interés la Unidad de Defensores y organizaciones como SEDEM están a sus órdenes). Si el hecho es grave recomendamos la denuncia pública.

3. Establecer un plan conjunto que no sólo denuncie lo que ocurre sino que busque que el gobierno y la comunidad internacional realicen acciones concretas para bajar el riesgo.

Guatemala, 13 de mayo de 2005

° El análisis fue preparado por Claudia Samayoa en nombre de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.

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