Questo lavoro è dedicato a Roberto Lombardi,
che porta il nome di un Partigiano,
Che comprenda e coltivi nel tempo l'importanza
della Memoria e della Dignità.
Il futuro ti appartiene!

“Es tinieblas con flores, revoluciones

y aunque muchos no están,

nunca nadie pensó besarte los pies,

cinco siglos igual. ”

León Gieco, Luis Gurevich

Cinco Siglos Igual

 

 

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a: la profesora Consuelo Ahumada Beltrán, directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana por haberme admitido en la Maestría; el profesor Luis Carlos Valencia Sarria, director de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana por sus bellísimas clases y por haber sido un excelente asesor de tesis; el profesor Miguel Ángel Herrera Zgaib coordinador del Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, por sus clases y todo su trabajo e investigaciones; la redacción de Papel Político y Papel Político Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana por haber considerado y publicado mi trabajo.

 

Un agradecimiento especial a Liliana, sin cuya paciencia, apoyo, colaboración, cariño y amor, este trabajo no hubiera sido posible.

 

Mis padres, Loredana y Piero, porque me han enseñado a ser lo que soy: ustedes son toda mi historia, pasada, presente y futura.

 

Mirta Acuña de Baravalle de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Argentina, porque me faltan las palabras para expresarle lo que su lucha ha representado, representa y representará en la historia del planeta.

 

Todos y todas los integrantes, trabajadores y colaboradores del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y en particular la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; las Comunidades en Resistencia, de Retorno y las Zonas Humanitarias de CAVIDA, Jiguamiandó, Curvaradó; el abogado Eduardo Carreño y todos los y las integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; el Pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta; Jairo Ramírez del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; los hermanos y hermanas de Hijos e Hijas por la Memoria; Iván Cepeda Castro de la Fundación Manuel Cepeda Vargas; por sus luchas y por haber compartido conmigo su gran fuerza y Dignidad.

 

Ricardo, Felipe, Santiago, Diana, Valeria y todos y todas los hermanos y hermanas de la Bodega, por su esfuerzo digno e incansable en el medio de las dificultades; Laura, porque uno se va hoy para volver con más fuerza mañana; Nelson, amigo, compañero y hermano; Lucho, un abrazo grande porque en Colombia “hay que comer colombiano”; Adriana por la fuerza de la comunicación independiente; todos y todas los compañeros y compañeras de la Maestría por el tiempo, las ideas y los estímulos; todas las comunidades, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes, profesores y sujetos que siguen resistiendo a la barbarie neoliberal en Colombia y en el mundo: ustedes son la luz del futuro; Daniela en Trieste que sigue luchando por los derechos y la memoria; Carmine por el apoyo y la amistad desde la distancia, te extraño hermano; Maddalena por aguantar Carmine, apoyarlo y quererlo; Annalisa para asumir el compromiso, tomar unas fotos bellísimas, cargar su mochila todo el tiempo y aguantar las peregrinaciones en el Chocó; Federico, espero verte pronto y esta vez que sea al Mar en Torre Del Lago; Alberto La Bella, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia que me sigue desde la distancia y se preocupa por mí: eres un gran amigo; Elena del WFP que cree en lo que hace y lo asume con determinación a pesar de todo; el Embajador Antonio Tarelli y el Primer Secretario de la Embajada de Italia en Colombia Fabio Messineo por ser la mejor representación diplomática de mi país que haya conocido a lo largo de mi corta experiencia internacional; Pina por ser la de siempre: espero verte pronto y tomarnos un par de tequilas; Alberto “E va bene così, Senza Parole”; Stefano para compartir con nosotros una esquina de Paraiso; Dario y Sarah en Viareggio por venir a conocer este país maravilloso y por todo lo que han hecho y siguen haciendo; Don Angelo en Bari, por su lucha y esfuerzo siguiendo las huellas de Camilo; Umberto Andalini por su ejemplo de integridad, profesionalidad y por su gran corazón; Guido Piccoli por sus trabajos sobre Colombia; todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de la Associazione Ya Basta! y del Global Project en Italia, por todas nuestras luchas y porque nunca me han dejado solo desde la distancia: ustedes son mi familia biopolítica; Lorenza Baroncelli por venir aquí, entender la complejidad, por el trabajo que está terminando y  todo lo que ha hecho en Colombia y sigue haciendo desde Roma; Francesco Raparelli de ESC y Uninomade en Roma por el interés demostrado y por el trabajo sobre Gramsci: espero verte pronto en Italia y luego en Colombia; Gabriele en Torre del Lago por el tickete para el Gods; Fabio, viejo amigo y nuevo papá; Zoltar, gran amigo y gran cocinero porque “a volte è meglio il fumo dell'arrosto”; Giovanni Gorgone Pelaya, amigo a pesar de los delirios; Grazia Francescato porque con su pésimo ejemplo y falta de compromiso me ha recordado una vez más quién SOY y todo lo que NO quiero ser: gracias de corazón por esta invaluable lección de vida; Josephina Huffington for her strenght and defense of the Island of Old Providence in the Caribbean; Richard of South West Bay for the good vibes and for taking care of my father during his holiday; Rock al Parque, Slayer e Iron Maiden en Colombia y el Gods of Metal en Italia; Tossic, “I Cinghiali del Metallo”; el Viejo de Caldas por su apoyo en los momentos difíciles; el maravilloso Mar Caribe y el Mar de Viareggio, que siempre llenan mi corazón; los muchos y muchas que no caben aquí por razones de espacio pero que siempre me acompañan: muchas gracias a todas y todos.

 

“The wind in our sails our flag flies high on the top

on the stormy horizon we get our course”

Running Wild

Riding the Storm

 

 

CONTENIDO

      INTRODUCCIÓN                                                                                                          

 

-         Entre derecho y biopolítica                                                           

 

-         Excepcionalidades y (des)orden internacional                    

 

-         Multitudes en la guerra, hacia la democracia                          

 

     IV. CONCLUSIONES                                                                                                   

 

               BIBLIOGRAFIA                                                                                                   

 

               ANEXOS                                                                                                                        

 

 

LISTA DE ANEXOS

 

ANEXO A. Entrevista a Mirta Acuña de Baravalle, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Línea Fundadora  Bogotá 8 marzo de 2008

ANEXO B. Premios, Menciones, Honores y Reconocimientos Otorgados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo

ANEXO C. Declaración final del III Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

ANEXO D. Documentos de discusión IV encuentro de Víctimas de Crímenes de Estado

Convocatoria

Propuesta de estrategia jurídica que persiga a los autores de crímenes de lesa  humanidad

·        Desafíos actuales en la construcción social de la verdad y la memoria histórIcas

·        Audiencias ciudadanas por la verdad

·        Comisión ética por la verdad en Colombia

·        Proyecto de acto legislativo

·        Catastro alternativo

·        Búsqueda de personas desaparecidas y afirmación del derecho a exhumar

·        El genocidio político y social en Colombia

·        Propuesta organizativa

·        Presupuestos de la reparación integral

-         Referentes psicosociales para el fortalecimiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 

ANEXO E. Matriz comparativa

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

Este escrito se propone estudiar de forma comparada el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE en Colombia y el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, bajo la categoría de multitud desarrollada por  Hardt y Negri.[1] El estudio se propone identificar los impactos sociales y político-jurídicos producidos por parte de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y. su relevancia para el sistema de las relaciones internacionales

 

El análisis desarrolla “comparaciones de medio nivel” según la definición de Pasquino,[2] porque toma en cuenta algunas “comunidades políticas”[3] parte integrante de sistemas políticos nacionales y del sistema político mundial como componentes de la Multitud global. El estudio se presenta de forma diacrónica ya que los movimientos serán considerados en sus primeros años de nacimiento, es decir entre el año 1977 y el año 1980 para las Madres de Plaza de Mayo y entre el año 2005 y el año 2008 para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano.

 

La categoría de movimiento social identifica un sujeto político en constante cambio y evolución, que presenta diferencias respecto a los partidos, porque los activistas de movimiento, en el sentido más puro del término, no anhelan  la toma del poder institucional sino más bien luchan por una difusión del mismo cuanto más amplia posible. Un movimiento difiere también de un sindicato porque este último desarrolla un trabajo de luchas sectoriales bien definidas dependiendo de su campo de acción en la defensa de los trabajadores. Además los movimientos sociales pueden ser estructurados, como en el caso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano,[4]  de forma flexible y más bien bajo un consenso hacia al construcción de un pacto de trabajo para conseguir diferentes objetivos que pueden cambiar en el tiempo, requiriendo la estipulación de un nuevo pacto entre sus componentes. Finalmente los movimientos sociales tienen carácter civil, es decir que sus luchas y formas de protesta normalmente no contemplan el uso de las armas como en el caso de las organizaciones insurgentes.

 

Los movimientos de víctimas en Argentina y en Colombia nacen durante coyunturas críticas[5] que produjeron (y todavía producen en el caso colombiano) en los dos países una ola de ataques contra los movimientos sociales, a partir de la ejecución de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, sumado a, la implementación de mecanismos de impunidad para defender los victimarios entendidos como los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes.

 

La situación política Argentina a finales de los años 70's se inscribía en los “equilibrios” de la Guerra Fría mientras las condiciones de Colombia de finales de los 90's y comienzo del siglo XXI, responden a una nueva etapa de redefinición de las formas de poder político-económicos globales, en el proceso constitutivo del Imperio[6]. Los dos periodos responden a fases de reestructuración del capitalismo global y consecuentemente a nuevas estrategias de intervención militar que interesan varias partes del planeta y en particular los países de América Latina. A pesar de las diferencias entre los dos periodos históricos, cabe señalar las importantes continuidades entre ellos y evidenciar las rupturas, aceptando la perspectiva del subcomandante Marcos, que define la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial y el actual periodo caracterizado por la globalización neoliberal, como la Cuarta Guerra Mundial.[7]

 

Mientras en la Guerra Fría se adelantaron operaciones militares de “contención” en América Latina, bajo la “doctrina del enemigo interno”[8], durante el periodo de la globalización neoliberal siguiente a la caída del bloque soviético, se implementa una guerra global contra el terrorismo internacional, bajo la “doctrina Bush”[9] (o doctrina de la guerra preventiva). Ambas estrategias han producido fracturas en el Derecho Internacional y en el Derecho Internacional Humanitario, a través de  masivas y reiteradas violaciones de los derechos humanos y ataques sistemáticos contra la población civil. Durante la dictadura de los militares argentinos cualquier tipo de posición política inconforme con el régimen establecido, era asociada directamente a la subversión y por lo tanto atacada y criminalizada, el ascenso al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, ha significado una progresiva criminalización de la protesta social a la luz de la nueva fase imperial de guerra civil global contra el terrorismo impulsada por la administración norteamericana del presidente George W. Bush.

 

Crímenes de lesa humanidad como la tortura, el asesinato selectivo y la desaparición forzada, establecieron para miles de personas argentinas y colombianas el status de víctimas como objeto político. La decisión constituyente de organizarse en movimientos sociales transformó las víctimas en sujetos políticos.

 

Condiciones diferentes han marcado este tránsito: en el caso de las Madres ellas  se constituyen alrededor de la amenaza directa y de las violaciones del régimen de los coroneles argentinos en el poder; mientras el Movimiento de Víctimas colombiano decide organizarse durante el periodo del primer mandado del presidente Uribe, como reacción política a la negociación con los grupos paramilitares, frente a la amenaza del establecimiento de un proceso de total perdón y olvido, reivindicando el derecho a la verdad, justicia y reparación integral frente a violaciones sistemáticas sufrida a lo largo de décadas en el país. Ambos movimientos pueden ser analizados bajo el concepto de multitud porque ellos, de un lado se presentan como actores políticos asumiendo una tarea histórica desde una perspectiva progresista y constituyente, y del otro tienen una composición multiforme que no es reconducible directamente a los conceptos de clase, pueblo o masa.

 

Características fundamentales de la multitud son su multiplicidad y la imposibilidad de reconducir su naturaleza a una unidad homogenizante. La fuerza de la multitud es su capacidad de actuar políticamente de forma común conservando sus diferencias internas.[10] Con las Madres y con el Movimiento colombiano, se asiste a la formación de nuevos sujetos políticos organizados en forma de red, que incluyen familiares con diferentes proveniencias socioeconómicas e identidades políticas en el caso argentino y una amplia red de organizaciones sociales, víctimas y familiares de víctimas en el caso colombiano.[11] Los dos movimientos han emprendido formas de “Éxodo Constituyente”, categoría elaborada por Giuseppe Caccia[12], en el sentido de que se han constituido como sujetos políticos conscientes y activos en una condición de “estado de excepción”[13], limitada en el tiempo en el caso argentino y casi-permanente en el caso colombiano[14], buscando alternativas practicables y la construcción de nuevos derechos y espacios de participación colectiva y ciudadana.

 

En este sentido retomando los conceptos de Imperio y Multitud, el Imperio no puede y de hecho no quiere, satisfacer la necesidad compartida y mundialmente invocada de justicia y paz, por parte de uno de sus componentes constitutivos, o sea por parte de la Multitud global.[15] Si el Imperio se constituye en un estado de excepción y guerra global permanente, totalizante, sin límites ni fronteras, la Multitud se afirma en la producción de una construcción ético-ontológica absolutamente alternativa respecto a las finalidades del Imperio, como “éxodo” de este último, no obstante sea ella parte constitutiva del proceso imperial.

 

Este “éxodo constituyente”[16], en el caso de los movimientos de víctimas argentino y colombiano fortalece naturalmente la construcción y el desarrollo práctico de una “Ética de la Liberación”, definida por parte Enrique Dussel donde la figura de la “víctima” adquiere un status político central.[17] En este sentido el caso de las Madres de Plaza de Mayo, que se han formado en la época de la Guerra Fría y del imperialismo, puede ser entendida como un movimiento multitudinario anti litteram, por sus formas de luchas, su organización y composición, mientras el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano, constituido ya en la fase imperial, es en todo sentido parte integrante de los nuevos movimientos multitudinarios globales.

 

Los dos Movimientos han contribuido a la construcción de nuevos principios y nuevas instituciones en los procesos nacionales e internacionales. En el caso de las Madres de Plaza de Mayo, sus luchas han “forzando” al sistema de las relaciones internacionales elaborar nuevos principios en el Derecho Internacional, permitiendo la creación y el fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,[18] frente a una evidente falta de normatividad en la protección de las víctimas de crímenes de Estado,[19] así mismo han logrado también producir fuertes cambios en la política nacional argentina con un proceso de juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad del periodo de la dictadura.

 

En el caso del Movimiento colombiano, se asiste a una parcial redefinición de la agenda política y de la legislación relativa al proceso de reinserción paramilitar implementado por el gobierno Uribe, que presionado por las altas Cortes colombianas[20] y por los organismos internacionales, se ve obligado a otorgarle un papel cada vez más relevante a las víctimas en dicho proceso; al mismo tiempo el Movimiento de Víctimas con sus denuncias ha prácticamente abierto la crisis de la “parapolítica”[21] en el país, cuyo primer caso ha sido el del alcalde Jorge Blanco Fuentes, del municipio de San Onofre en el Departamento del Sucre.[22] Consideradas esta acciones y otras que serán analizadas en seguida en este mismo estudio,[23] el Movimiento está materializando las “potencialidades virtuales”[24] de la multitud en el posse[25], es decir la capacidad constituyente de los movimientos de configurar nuevas formas organizativas de carácter colectivo que les permitan intervenir activamente en la “cosa pública” gracias a su irrupción directa en el campo de la política y de la normatividad tanto nacional como internacional.

 

Las luchas de los movimientos de víctimas[26] objeto de este estudio, se han dado y se dan frente al Estado y por lo tanto las reivindicaciones se basan sobre el respeto del derecho interno así como de los tratados internacionales ratificados  que han sido incorporados en las legislaciones nacionales. Existe una normativa internacional que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad,[27] por lo tanto esta convención es uno de los instrumentos más eficaces – aun no sea el único[28] – utilizados por parte de las víctimas para adelantar sus reivindicaciones porque establece la posibilidad de adelantar investigaciones retroactivas, fortaleciendo la centralidad de la memoria histórica.

 

Analizar las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, significa tomar en cuenta dos estudios de caso[29] paradigmáticos del proceso constituyente de la multitud global y su potencialidad en la redefinición de nuevas instituciones, que ya han permitido introducir nuevos principios en el Derecho Internacional que han sido incorporados por parte de la mayoría de los Estados pertenecientes a las Naciones Unidas y por lo tanto actualmente son parte del derecho positivo interno de gran parte de ellos. Estos movimientos han logrado romper con la rigidez del sistema de las relaciones internacionales, alterando la concepción clásica del derecho y de la política internacional, obligando de hecho el sistema de las Naciones Unidas a incluir nuevos principios en su intento de definición normativa y política de un nuevo orden global desde el cual derive la legitimación y construcción de los sistemas jurídico-políticos nacionales.[30]

 

 

 

I. Entre el derecho y la biopolítica

 

 

Esta investigación analiza de forma comparativa la experiencia histórica y los logros de dos Movimientos de Víctimas latinoamericanos por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral: las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia. 

 

El estudio se limitará a comparar la experiencia de los dos movimientos en sus primeros años de nacimiento, es decir entre el año 1977 y el año 1980 para las Madres de Plaza de Mayo y entre el año 2005 y el año 2008 para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano. Aunque los dos movimientos nazcan en periodos históricos diferentes y en zonas espacialmente delimitadas, su experiencia y su importancia trascienden los límites espaciales y temporales.

 

En el caso de las Madres se asiste de un lado a la única fuerza política que logró expresarse al interior y al exterior de Argentina durante los años de la dictadura militar y del otro a uno de los primeros movimientos en el mundo que hayan provocado una ruptura en el sistema de las relaciones internacionales y en el derecho internacional proyectando la figura de la víctima en el escenario del sistema internacional, que desde su creación ha sido protagonizado exclusivamente por parte de los Estados como sujetos de derecho. Esta experiencia entonces va mucho más allá del simple cuestionamiento de la dictadura argentina y pone las bases para las sucesivas construcciones del derecho internacional.

 

En el caso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, su acción se inscribe en una línea histórica de continuidad respecto a las Madres de Plaza de Mayo y otros movimientos por la Memoria, la Justicia y Reparación Integral y al mismo tiempo constituye una fuerte crítica a las políticas de ataque y criminalización de los movimientos sociales en el país, que tocan sus máximos niveles con la implementación de la “política de seguridad democrática”[31] introducida por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante su primer mandato. El Movimiento colombiano, a diferencia de las Madres, ha logrado incidir sobre todo en el campo de la política nacional colombiana y no todavía en la formulación o reconstrucción de nuevos principios del derecho internacional.

 

Probablemente el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, nacido en el año 2005, no existiría sin la precedente experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Los dos movimientos hacen parte de una corriente “continental” de movimientos que se ha dado en toda América Latina, desde los años 70's en adelante, pero la importancia de su experiencia excede las fronteras continentales y de sus respectivos países constituyendo parte del patrimonio global de las luchas de los movimientos sociales a lo largo del planeta.

 

La importancia política de estos movimientos tiene que ser analizada desde dos distintos niveles: el primero tiene que ver con su relevancia respecto a las políticas nacionales implementadas en sus respectivos países en el momento de sus creaciones como movimientos; el segundo destaca la importancia de estos movimientos en la redefinición del sistema del derecho internacional y por lo tanto su potencialidad constituyente desde una perspectiva multitudinaria, como parte integrante de los movimientos globales. El primer nivel evidencia la relación antagónica entre estos movimientos y sus respectivos gobiernos nacionales, subrayando la capacidad de los movimientos de cuestionar el orden constituido, ponerlo en crisis y proponer alternativas; el segundo nivel se refiere propiamente a la potencialidad y fuerza constituyente de estos movimientos, al posse así como lo definen Hardt y Negri en su obra,[32] hacia la construcción de un nuevo sistema de las relaciones internacionales.

 

La relevancia teórica de un estudio comparado de estos dos movimientos no se encuentra simplemente en la profundización de dos estudios de caso aislados y reconducibles a un simple ejercicio académico, sino más bien de un lado en destacar el nacimiento de nuevos sujetos políticos no analizables desde una perspectiva de clase y del otro en evidenciar como dichos sujetos juegan un papel de actores políticos en el sistema de las relaciones internacionales, como verdaderos “jugadores con veto”, así como son definidos por George Tsebelis,[33] en la construcción de la agenda internacional.

 

Las experiencias de las Madres de Plaza de Mayo y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia tienen que ser consideradas como unos de los ejemplos más relevantes de las luchas de los movimientos sociales globales de todos los tiempos. Las Madres supieron levantar un grito civil de dignidad, rompiendo con el silencio internacional que rodeaba Argentina y todo el continente latinoamericano (así como otras partes del mundo), durante el periodo del “equilibrio” de la Guerra Fría, donde cualquier tipo de acción represiva se justificaba a la luz de las necesidades de las guerras de baja intensidad contra el enemigo interno.[34] De la misma manera el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia es la primera expresión estructurada de la sociedad civil de este país para luchar contra las condiciones de impunidad que han caracterizado por décadas la dramática situación del conflicto político, social y armado.

 

Al entrar en contacto con miembros de los dos movimientos, impresiona la fuerza de todos aquellos y aquellas que han decidido reivindicar sus derechos a pesar de las violencias sufridas directa e indirectamente y por lo tanto todos estos sujetos merecen no sólo respecto, sino más bien el reconocimiento de su importancia como parte integrante e imprescindible de la multitud global y su experiencia es patrimonio de todos aquellos y aquellas que siguen convencidos que otro mundo es posible. Hardt y Negri escriben en su obra “Multitud”, que sin la experiencia de los “Monos Blancos” hoy no existiría ninguna organización política del proletariado,[35] de la misma forma sin la experiencia de las Madres y del Movimiento colombiano, no existiría hoy una parte fundamental de la conciencia histórica y de la dignidad de los movimientos globales, así como importantes figuras jurídicas del derecho internacional.

 

Estudiar los movimientos de víctimas argentino y colombiano, significa analizar dos componentes de la multitud global, así definida por parte de Hardt y Negri.[36] O sea un nuevo sujeto multiforme, que no se reduce a la pertenencia de clase, a movimientos étnicos o de género, a grupos territorialmente definidos y delimitados, sino más bien al conjunto de todos estos grupos que forman un nuevo sujeto, una nueva “potencia global”[37]. Tampoco se pueden sobreponer los conceptos de multitud y pueblo, siendo este último  de un lado producto del pensamiento burgués y nacionalista y del otro por su carácter unitario, mientras la multitud por su naturaleza tiene carácter multiforme, heterogéneo y no reconducible a la unidad.[38]

 

La multitud es la parte constituyente en el proceso de construcción de un nuevo orden global – el Imperio – y a la vez es el límite de este mismo proceso. La fuerza y la producción biopolítica de los sujetos y grupos que constituyen la multitud son el verdadero motor productivo del Imperio, pero al mismo tiempo la situación de crisis permanente que este último establece para autolegitimarse[39] y la progresiva liberación del trabajo que se vuelve cada vez más un trabajo relacional, donde la producción de la plusvalía se concentra en sus características de libre intercambio del conocimiento,[40] forman elementos de crisis que el Imperio no está en condiciones de resolver, sea desde un punto de vista ontológico, que desde un punto de vista productivo, o en una perspectiva biopolítica forman parte de un único conjunto y no pueden ser divididos, porque el trabajo relacional no sólo crea riqueza en forma de bienes y conocimientos, sino también produce y reproduce constantemente subjetividades nuevas, “un nuevo ser social y una nueva naturaleza humana”[41]

 

Allí donde el Imperio necesita de la guerra como fundamento del poder político[42], la multitud exige la paz con justicia como condición de construcción de un nuevo sistema global;[43] donde la multitud produce plusvalía a través del trabajo social y relacional, el Imperio se encuentra frente a una paradoja sin solución: “más el mundo se enriquece, más el imperio, que se basa en esta riqueza, tiene que negar las condiciones de la producción de la riqueza”[44], porque sigue en el intento de poner límites a la trasmisión de saberes así como a la movilidad de los seres humanos, condiciones sine qua non de esta producción de riqueza.

 

Las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, son partes de la multitud global por su conformación heterogénea, reticular y por el carácter de sus luchas civiles que se presentan como prácticas constituyentes de rechazo a la guerra, por la reconstrucción de un tejido social destrozado por la violencia que se presenta (o se ha presentado en el caso de las Madres) como una condición dada en el cual los movimientos se mueven.[45]

 

Las prácticas biopolíticas de resistencia a la guerra se configuran en el caso de los movimientos de víctimas argentino y colombiano como un “éxodo constituyente”, o sea un proceso que no se limita a la simple resistencia contra la violencia impuesta desde arriba, sino que busca construir alternativas sociales practicables. Para definir el concepto, Giuseppe Caccia en su ensayo toma el ejemplo del pueblo judío en su proceso de fuga desde el Egipto del Faraón, evidenciando como esta masa de individuos se hace multitud en un proceso colectivo de liberación construido sobre relaciones sociales y afectivas que ligan sus miembros entre ellos y en su proceso político.[46]

 

Cada proceso de éxodo constituyente está dividido en fases: una primera que corresponde a la toma de conciencia; una segunda caracterizada la decisión de ruptura con el sistema constituido que es esencialmente una fase de rebelión; una tercera que tiene que pasar a través de la derrota del precedente poder constituido y se concretiza en una nueva alianza, en la construcción de un nuevo pacto social y de nuevas instituciones. El proceso de éxodo constituyente es propiamente aquella acción biopolítica que hace de un grupo de individuos y de grupos y sujetos atomizados, una multitud con un mismo objetivo político, sin todavía perder las especificidades de cada sujeto u grupo; en este sentido son emblemáticas las palabras del Subcomandante Marcos, según el cual hay que moverse como el caracol, hacia adelante buscando otros con la misma visión pero sin dejar su propia casa.[47] Finalmente el proceso de éxodo constituyente es tal siempre y cuando logre construir nuevas instituciones o cuanto menos un nuevo cuerpo jurídico.

 

Las Madres y el Movimiento colombiano están en un proceso de éxodo constituyente: ambos han atravesado las primeras dos etapas del proceso, tomando conciencia de su condición colectiva de víctimas y rebelándose al silencio y a la represión, pero mientras las Madres han logrado establecer cambios significativos en la política nacional argentina y en el sistema del derecho internacional, el Movimiento colombiano está  apenas comenzando a incidir en la agenda política de su país.

 

La importancia de la elaboración  de un sistema jurídico para la defensa de las víctimas de crímenes de Estado se inscribe en la aparente falta de normatividad en este sentido. Según la teoría clásica hobbesiana,[48] no existe ningún tipo de organismo superior al Estado y por lo tanto subyace el problema de cómo sancionar las violaciones cometidas por parte de ese último, mientras que sí existen una cantidad de normas internas para juzgar por ejemplo la conducta y las violaciones de grupos rebeldes e insurgentes como en el caso de las guerrillas colombianas. Por lo tanto la lucha de los movimientos de víctimas de crímenes de Estado como las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento colombiano, se han desarrollado y se desarrollan en gran medida apelándo a la comunidad internacional para lograr el respecto de sus derechos, presentando instancias y demandas tanto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como preparando demandas para la Corte Penal Internacional.

 

Recientemente la Asamblea General de la Naciones Unidas ha aprobado una Resolución que incorpora los puntos fundamentales del “derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”[49]. Utilizando este instrumento se pueden enunciar los principios fundamentales del “derecho de las víctimas”: Verdad, Justicia y Reparación Integral.

 

Por Verdad se entiende el derecho de exigir por parte de las víctimas a la autoridad predispuesta que las investigaciones sobre las violaciones esclarezcan en su totalidad las responsabilidades, no solamente de los victimarios directos, sino también de los mandatarios; así como el deber de los Estados de adelantar tales investigaciones. Las  víctimas  tienen también el derecho a ver garantizada su presencia – y la protección – durante el proceso de esclarecimiento de los hechos. [50] El derecho a la Verdad incluye entre otras cosas “la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”[51]. En particular los últimos dos puntos, es decir el establecimiento de conmemoraciones y la inclusión de los hechos en los programas de formación “a todos los niveles”, hacen una vez más un fuerte llamado a la importancia de la consolidación de una memoria histórica, como patrimonio colectivo de la humanidad.

 

Por Justicia se entiende que los responsables de las violaciones sean juzgados y reciban una pena proporcionada según las leyes vigentes. Los Estados deberán “investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables en conformidad con el derecho interno e internacional”[52]. Es decir que el derecho internacional no contempla de ninguna forma la posibilidad de un proceso de “perdón y olvido”, que no tome en cuenta el esclarecimiento de los hechos y una sanción proporcionada según los debidos criterios.

 

Uno de los puntos más interesantes de la normativa internacional, tiene que ver con la Reparación Integral. La decisión de profundizar el concepto de “reparación”, fortaleciendo su significado con la especificación de “integral”, deriva en buena medida de la clara imposibilidad de restablecer las condiciones previas a las violaciones sufridas. La conocida consigna de las Madres de Plaza de Mayo, que piden el retorno de sus hijos desaparecidos, “Vivos se los llevaron y que vivos los devuelvan”, resume perfectamente la dificultad de “reparar” en el sentido propio del término a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto la normativa establece, en primer lugar un trato particular para las víctimas durante todo el proceso de esclarecimiento de los hechos y en seguida una serie de principios para garantizar – en los límites de lo posible – “una  reparación plena y efectiva, (…), en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”[53]. Mientras la “restitución” y la “indemnización” tienen que ver con los daños materiales y físicos sufridos por parte de las víctimas la “rehabilitación” y la “satisfacción” tienen que ver con la esfera moral y psicosocial.[54]

 

Las Garantías de no Repetición definen las tareas y los deberes de las autoridades públicas, con el fin de prevenir que se repliquen hechos similares en el futuro. Esta parte de la norma adquiere una importancia central no sólo para las víctimas sino más bien para todos los miembros de una sociedad, porque establece condiciones mínimas para la construcción de instituciones verdaderamente representativas de sus ciudadanos y para la creación de un clima de respeto y convivencia civil.

 

En el caso de las Madres de Plaza de Mayo, se han alcanzado unos avances y reconocimientos tantos internacionales como nacionales,[55] los primeros logros significativos se han registrado sólo en el año 1983,[56] o sea seis años después del nacimiento del movimiento y una vez restablecidas una mínimas condiciones democráticas con el fin de la dictadura militar. En el caso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, se está desarrollando en el país un proceso de negociación con los grupos paramilitares fuertemente contestado por parte del mismo movimiento y observado con creciente atención y preocupación por parte de varias organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

 

Los Movimientos de Víctimas han logrado a lo largo de las décadas “forzar” la elaboración y la introducción de nuevos principios del Derecho Internacional, fortaleciendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,[57] un conjunto de principios hoy universalmente reconocidos y ratificados por la casi totalidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas, a pesar de la falta de implementación de mucho de ellos. Los límites del sistema de Naciones Unidas, abre el debate sobre la necesidad de construir nuevas instituciones capaces de aplicar y hacer respetar aquel conjunto de normas del Derecho Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que han sido ganadas con las luchas de los movimientos de víctimas.

 

Es necesario delimitar en el tiempo el análisis, considerando que las Madres tienen treinta años de historia y en el caso del Movimiento colombiano apenas tres. Por lo tanto el análisis será de tipo diacrónico tomando en cuenta sólo el periodo relativo a los primeros tres años de vida de ambos movimientos, o sea entre el año 1977 y 1980 para las Madres de Plaza de Mayo y entre el año 2005 y 2007 para el Movimiento de Víctimas colombiano. 

 

Los diferentes periodos en el cual nacieron los movimientos permiten de un lado  evidenciar las continuidades entre los dos y del otro las diferencias y rupturas, sea desde un punto de vista de las estrategias y logros que desde un punto de vista del periodo histórico. Un análisis diacrónico, o sea que se refiera al estudio de determinados fenómenos o actores que se dan en periodos temporales distintos, ofrece la ventaja de observar en particular las similitudes entre procesos desarrollados en periodos diferentes y al mismo tiempo destaca las diferencias entre ellos.

 

Considerando las diferencias entre las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, es necesario evidenciar la importancia de un estudio comparado entre los dos, ya que “el método comparado es un método, con toda seguridad el mejor, de 'control' de la validez de la hipótesis, de las generalizaciones, de las explicaciones y de la teorías”[58].

 

La continuidad más fuerte entre las Madres y el Movimiento colombiano, se encuentra en el hecho que el segundo nace con la misma perspectiva y linea de acción del primero, lo que tiene varias e interesantes implicaciones: desde un punto de vista histórico se abre una cuestión relativa a la repetición de las condiciones que impulsan el nacimiento de dichos movimientos, mientras desde un punto de vista biopolítico se dibuja un hilo conductor y un proceso de éxodo constituyente que se repite entre movimientos nacidos en el pasado y otros recientes en el proceso de continua construcción y reconstrucción del sujeto multitudinario global.

 

Desde el punto de vista de las diferencias y rupturas, se encuentran una vez más diferentes niveles de análisis: el primero histórico, relacionado con el sistema de las relaciones internacionales en dos épocas distintas, la Guerra Fría en el caso argentino y el Imperio en el caso colombiano; el segundo político y estratégico, que tiene que ver sustancialmente con las formas y técnicas de organización, comunicación, movilización y actuar político.

 

Comparar dos movimientos sociales significa desarrollar una “comparación de medio nivel”[59], o sea no tomar en cuenta sistemas políticos en su conjunto, así definidos por David Easton, compuestos de tres partes distintas: la comunidad política (es decir la sociedad civil), el régimen y las autoridades,[60] sino simplemente unos actores del primer componente: la sociedad civil. A diferencia de Easton, en este caso se propone una comparación sistémica de medio nivel, considerando en su conjunto el sistema internacional bajo el paradigma de Imperio, enfocando el análisis en el contexto regional latinoamericano. Entonces las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento de Víctimas colombiano, son parte de la sociedad civil global – la Multitud –  y como tales actores en el sistema imperial.

 

Ambos movimientos nacen durante periodos particularmente relevantes para el estudio de las relaciones de poder en el sistema internacional, con particular referencia al panorama continental latinoamericano y a la adecuación y estructuración de las políticas nacionales según los dictámenes de la Guerra Fría en el caso argentino y de la actual fase constituyente el Imperio, después de la caída del muro de Berlín y del bloque socialista en Europa, de la primera guerra del Golfo Pérsico y de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 en el caso colombiano.

 

Recuperando una herramienta útil de análisis introducida por parte de los Collier, estos periodos serán indicados como “coyunturas críticas”[61]. El concepto original fue elaborado para estudiar de forma comparativa las experiencias de inclusión o exclusión de los movimientos de trabajadores en América Latina, durante las diferentes fases “populistas” vividas en casi todos los países del continente y sus relaciones con los respectivos regímenes nacionales. El concepto de coyuntura crítica por lo tanto responde a una determinada fase del capitalismo global, que implica la reorganización de las relaciones de poder y del sistema de producción y por lo tanto provoca impactos de diferente magnitud en los movimientos sociales y sus consiguientes respuestas.

 

Las coyunturas críticas analizadas por parte de los Collier, coinciden con la configuración de las arenas políticas en varios países latinoamericanos que ha dado vida al fenómeno del populismo. Las coyunturas críticas propuestas en este estudio abarcan dos diferentes fases del proceso de configuración del capitalismo global, con particular referencia al continente latinoamericano: la primera que coincide con el periodo de las dictaduras, de las cuales la de los coroneles en Argentina es un ejemplo; la segunda que coincide con el proceso de formación imperial (particularmente después de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre 2001 y todavía en curso) cuya más fuerte expresión en América Latina es representada por parte de las políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia.

 

 

 

 

II. Excepcionalidad y (des)equilibrio internacional

 

 

Antes de analizar en detalle las características comunes y las diferencias entre el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, es necesario analizar las formas de excepcionalidad que han caracterizado la vida política en sus respectivos países, en América Latina y a nivel global, en el contexto de la Guerra Fría en el caso argentino y en la era del Imperio en el caso del colombiano.

 

La relación entre democracia, sociedad civil, fuerzas armadas y mercado ha sido particularmente complicada y conflictiva en el continente latinoamericano,[62] donde se han dado 327 golpes de estado sólo en el siglo XX,[63] muchos de los cuales, como en el caso argentino, han provocado la instauración regímenes y de estados de excepción prolongados, sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría.

 

Con el término Guerra Fría se entiende aquel periodo de la historia contemporánea y de las relaciones internacionales que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido delimitado por parte de la mayoría de los historiadores de las relaciones internacionales entre el año 1946, después del “largo telegrama” del diplomático estadounidense en Moscú George Kennan[64] y la caída del muro de Berlín con la disolución de la Unión Soviética y del bloque socialista en Europa en el año 1991.[65] Las décadas de la Guerra Fría han sido caracterizadas por una condición de equilibrio entre las dos superpotencias (Estados Unidos y Unión Soviética), basado en la amenaza constante de una posible guerra nuclear.

 

A pesar de esta condición de “equilibrio del terror” y de la falta de una confrontación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, el periodo de la Guerra Fría vio la multiplicación de conflictos locales, muchas veces impulsados por las dos superpotencias con el fin de extender sus zonas de influencia. En este escenario, el continente latinoamericano adquiere una importancia fundamental en el espectro de las relaciones internacionales, tanto por su cercanía con los Estados Unidos, tanto por la ola revolucionaria que estalló en todo el continente después de la Revolución Cubana.

 

Después de la liberación de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista y el acercamiento del nuevo régimen encabezado por Fidel Castro a la Unión Soviética, la política norteamericana en todo el continente latinoamericano se enfocó hacia la prevención de la “amenaza comunista”, tanto con intervenciones militares directas e indirectas, como con planes económicos, cuya más importante expresión ha sido la Alianza por el Progreso en función anticubana y anticomunista, impulsada por parte del Presidente John Fitzgerald Kennedy.[66]

 

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los actores políticos durante este periodo han sido fundamentalmente las dos superpotencias con sus intereses estratégicos, cuya imposición iba más allá de cualquier otro tipo de consideración, sea ella relacionada con los derechos humanos (al respecto considérese la teorización y aplicación sistemática de la tortura y otras violaciones como herramientas normales en el contexto de la lucha antinsurgente y anticomunista) o con el derecho internacional (las repetidas violaciones a la soberanía nacional y la injerencia militar directa tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética).

 

Este periodo ha sido además caracterizado por la existencia y contraposición entre dos sistemas económicos antitéticos, el liberal y neoliberal con su apertura de los mercados y teorías librecambistas y el socialista con la planificación nacional y mercados cerrados. En el campo de las relaciones internacionales se han particularmente desarrollado teorías relacionadas al concepto de imperialismo y a un análisis del mundo según el paradigma basado en la individuación de centros de poder y periferias, cuya máxima expresión se encuentra en los estudios de Immanuel Wallerstein[67].

 

La caída del muro de Berlín y la disolución del bloque soviético han abierto las puertas a la constitución de un nuevo orden global caracterizado por la creación de un gran mercado global, la libre circulación de capitales e información y la caída de la contraposición bipolar que había caracterizado la época precedente.

 

Hardt y Negri definen este nuevo periodo como Imperio, donde a diferencia de la época de la Guerra Fría, del sistema centro-periferia y del imperialismo, no existen centros de poder determinados y donde los Estados Nación pierden progresivamente parte de sus poderes en beneficio de otras entidades y sujetos.[68] El proceso de constitución imperial es determinado por las interacciones conflictuales entre las tres fuerzas que constituyen el Imperio: la monárquica representada por los Estados, la oligárquica representada por las empresas transnacionales y la democrática representada por la multitud global.[69]

 

Si de un lado se asiste al nacimiento de nuevos sujetos políticos en la arena internacional y cambios relevantes en la estructura económica global, del otro se da una fuerte reestructuración en el sistema de las relaciones internacionales y de las formas de guerra y conflicto. Ya con la primera guerra del Golfo Pérsico, las intervenciones militares, en este caso de los Estados Unidos de América, se justifican como operaciones de policía internacional, o sea como una intervención supuestamente extraordinaria para el restablecimiento de un Estado de derecho y la persecución de criminales, reivindicando un derecho de facto de intervención allí donde sea necesario según los criterios imperiales.

 

La guerra se vuelve un instrumento de imposición de un sistema político y económico y se generaliza progresivamente a todo el planeta, en particular después de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la consiguiente implementación del Patriot Act[70] y la elaboración de la doctrina de la guerra preventiva o “doctrina Bush”. Esta fecha marca aún más el pasaje a una condición de guerra global permanente, con la formación de una coalición mundial contra el terrorismo (según la definición del mismo adoptada por parte de la administración de los Estados Unidos) y repetidas intervenciones y amenazas en contra de todos aquellos que no acepten las imposiciones imperiales.

 

Mientras durante el periodo de la Guerra Fría, las condiciones de excepcionalidad eran delimitadas a determinados Estados y territorios en la óptica de la lucha contra el “enemigo interno”, durante la presente fase imperial, se establece y generaliza una condición de “guerra civil legal”[71] globalizada. Aunque como evidencia Giorgio Agamben “el derecho público carece, sin embargo, todavía hoy, de una teoría del estado de excepción”[72], dicha figura político-jurídica ha sido codificada, analizada, y sobre todo aplicada a lo largo de los siglos desde la época de la antigua Roma en adelante.

 

No obstante el esfuerzo teórico de “justificar” las condiciones de excepcionalidad, que implican restricciones a las libertades civiles y una concentración de poderes en manos del ejecutivo (y en algunos casos de una sola persona que lo representa), bajo la necesidad de preservar un orden democrático, sigue existiendo una evidente contradicción que se resume en la expresión según la cual es necesario suspender el orden de las garantías constitucionales con el fin de salvar el orden mismo.[73] Esta contradicción ha sido en parte temperada por el hecho que el estado de excepción se decreta por un tiempo limitado y definido.

 

Por lo tanto la negación del derecho sería garantía del derecho mismo, siempre y cuando se de sólo por un periodo limitado de tiempo. Esta condición que de hecho establece una zona gris entre el derecho y la política, presenta ya características que dificultan su justificación desde una perspectiva legal y evoluciona en una total aporía cuando las condiciones de excepcionalidad se vuelven indefinidas, totalizantes o hasta permanentes.[74]

 

En los casos de la dictadura argentina de los coroneles y prácticamente a lo largo de toda la historia republicana de Colombia, las restricciones de las libertades y garantías constitucionales han sido una constante de gobierno, respondiendo a las necesidades de contención del enemigo interno durante la Guerra Fría y luego en el caso colombiano durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, de la lucha contra el terrorismo internacional a luz del proceso de formación del nuevo orden imperial.

 

Como evidencia el coronel brasilero Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, durante el periodo de la Guerra Fría, “en gran parte de América Latina se implantaron regímenes militares como garantía efectiva del statu quo político-ideológico y de los intereses estratégicos norteamericanos [contra] el 'enemigo interno' [sacrificando] los derechos humanos y la democracia”[75]. Colombia ha sido una excepción a la implantación de regímenes militares, pero no lo ha sido en la implementación de políticas reconducibles a la figura de la excepcionalidad.

 

La imposición norteamericana de luchar contra cualquier tipo de verdadera o presunta subversión, mediante estrategias político-militares de progresivo involucramiento de la población civil en los conflictos armados, empieza en el continente desde la década de los 60's, después de la victoria de la revolución cubana. Para el caso colombiano se registra una primera misión militar estadounidense en el año 1962, o sea antes del nacimiento de las guerrillas propiamente dichas, con el fin de dictar directrices militares para el país, que por la primera vez utilizaran el término de “paramilitares” y serán incorporadas en los manuales militares nacionales.[76]

 

Desde los años 60's en adelante, pasando por el Chile de Pinochet,  las otras dictaduras del Cono Sur y los acontecimientos centroamericanos con la creación, financiación y apoyo político-militar a los “Contras” nicaragüenses, la injerencia de Estados Unidos en América Latina, respondía a la necesidad de prevenir cualquier tipo de viraje hacia la izquierda en una óptica de contención de la avanzada comunista en el continente, respondiendo a los presuntos equilibrios estratégicos de la Guerra Fría.

 

Es en particular durante los años 80's que la administración norteamericana del presidente Reagan y sus respectivos mandos militares empiezan a teorizar de forma explícita y detallada la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI). Cabe evidenciar como dicha estrategia presupone un desempeño supuestamente de “bajo perfil” por parte del aparato bélico norteamericano, utilizando en su mayoría tropas autóctonas adiestradas para utilizar técnicas de terror contra la población civil y “sin embargo por la contraparte, es decir aquellos países o movimientos de liberación a los que se les ha declarado guerra, la intensidad es altísima”[77].

 

La elaboración del concepto de GBI, no ha sido nada más que la sistematización teórica de prácticas que ya se venían dando en América Latina desde hace décadas, mostrando en todo su alcance el desprecio por la población civil en definir dichas formas de intervención de “baja intensidad”, sólo por el hecho de garantizar la defensa de los intereses nacionales norteamericanos sin una intervención directa – o con una intervención mínima – de sus tropas militares.

 

Los intereses estadounidenses en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría han sido impuestos tanto desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista cultural-académico con el entrenamiento de generaciones de tecnócratas, que han vehiculado las teorías económicas neoliberales a lo largo y ancho del continente.[78]

 

Las condiciones de excepcionalidad introducidas por las dictaduras militares o por la simple y repetida suspensión de derechos constitucionales como en el caso colombiano, tenían entre otros objetivos el de la implementación de un sistema económico capitalista neoliberal en el marco de los “equilibrios” de la Guerra Fría, cuya oposición fuese ella armada o civil terminaba siendo acabada por la represión y el terror de Estado, abriendo el espacio a reformas económicas que en dichas condiciones no podían ser obstaculizadas por parte de ningún actor social.

 

En este sentido la experiencia de la dictadura de los coroneles argentinos que empezara en el año 1976 tras un golpe de Estado militar y terminara en un fracaso político, económico y social en el año 1983 después de la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, estableció una condición de estado de excepción permanente durante todo su mandado en el poder.

 

El golpe de los militares argentinos el 24 de marzo de 1976 estableció una dictadura encabezada por las cúpulas militares de las tres fuerzas armadas nacionales, aprovechandose de la situación de inestabilidad política del gobierno republicano y de una fuerte percepción de inseguridad, que los mismos militares colaboraron en aumentar en los años inmediatamente precedentes a la dictadura, como parte integrante de su estrategia militar finalizada en la toma del poder.[79]

 

La expresión de Agamben según el cual “el totalitarismo moderno puede ser definido [...] como la instauración, por medio del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón no sean integrables en el sistema político”[80], define perfectamente el carácter de la acción política de los militares argentinos en el poder.

Pero lo que define en el detalle el carácter de la dictadura argentina es la categoría de “dictadura soberana”[81] así como es introducida por parte de Carl Schmitt parafraseando la elaboración política de Hobbes. Este tipo de dictadura no establece límites temporales a su duración y aunque en el caso argentino se haga un llamado a la constitución, éste es puramente instrumental porque los militares de hecho no reconocen ningún tipo de autoridad por encima de ellos, sea de carácter jurídico, moral o político, “en tanto el conjunto de la nación estaba enferma [...] las Fuerzas Armadas debían gobernarla 'desde arriba', haciendo oídos sordos a sus reclamos y opiniones, conduciéndola contra su voluntad por el camino de la regeneración”[82].

 

Como evidencia Schmitt con extrema lucidez, “un Estado no deja de ser monarquía absoluta porque el príncipe, al tomar posesión del gobierno, prometa velar por el bien del pueblo”[83], así como la supuesta “solución institucional para una crisis institucional”[84] invocada reiteradamente junto con la Constitución Argentina de 1853 por parte de los coroneles, escondía un intento de construcción de un nuevo orden, “el golpe, se anunció, daba paso a un proyecto refundacional”[85].

 

Dicho proyecto permitió la convergencia (por lo menos en un primer momento) entre los intereses de los militares, cuya doctrina y formación ya estaba completamente permeada por los principios de la seguridad nacional en la guerra global contra la subversión promovida por el gobierno norteamericano,[86] de la oligarquía conservadora en su búsqueda de una reorganización del modelo económico según los dictámenes neoliberales,[87] y de casi toda la jerarquía católica[88].

 

Los militares argentinos demostraron en los hechos la máxima de Schmitt que “quien domine el estado de excepción, domina con ello el Estado”[89], logrando establecer un régimen de terror convenciendo a la opinión pública de la necesidad de seguridad contra una insurgencia armada, que en lo hechos ya casi estaba derrotada.[90]

 

El estado de sitio en Argentina según la aplicación del artículo 23 de la Constitución, ya estaba vigente desde finales de 1974, es decir dos años antes del golpe y la mezcla entre el régimen de detenciones arbitrarias, las acciones militares del ejército y el empleo de formaciones paramilitares como las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina)[91] que después del golpe desaparecieron y fueron incorporadas a las Fuerzas Armadas, ya habían debilitado no sólo las formaciones de guerrilla, sino también la capacidad de reacción de los movimientos sociales y en particular de los sindicatos.

 

A la luz de estos hechos se puede afirmar que el “peligro” en Argentina de una toma del poder por parte de supuestos grupos subversivos de izquierda, era en el marzo de 1976 extremadamente remota sino más bien imposible. No obstante todo lo anterior los militares decidieron prolongar el estado de sitio establecido a finales de 1974 en una condición de excepcionalidad permanente de facto, que adquiere particular dramaticidad en el caso de los detenidos ya encarcelados “ni prisioneros ni acusados, sino tan sólo detainees [que] son objeto de una pura dominación de hecho, de una detención indefinida, y no sólo en sentido temporal sino en cuanto a su propia naturaleza, puesto que sustraída por completo a la ley y al control judicial”[92].

 

La práctica de las detenciones masivas y arbitrarias se extendió durante los años del régimen militar y en muchos casos “evolucionó” en la práctica de la desaparición forzada, nueva herramienta de estado de excepción establecida como modus operandi de las Fuerzas Militares en particular durante los primeros años después del golpe de Estado. El número de los desaparecidos de la dictadura argentina se calcula alrededor de 30.000 personas, según las investigaciones adelantadas después de la restauración democrática por parte de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).[93]

 

La excepcionalidad en el caso colombiano, asume características diferentes respecto al caso argentino de la dictadura de los coroneles, en primer lugar porque las condiciones del estado de excepción en Colombia no se han dado bajo regímenes militares y en segundo lugar porque han sido un factor de continuidad a lo largo de toda su historia republicana, en particular durante los siglos XIX y XX, por lo tanto es necesaria una breve digresión para entender el carácter de la excepcionalidad colombiana durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Como evidencia Apolinar Díaz Callejas en un artículo titulado “La excepción como regla”[94], durante los cien años de vigencia de la Constitución Colombiana de 1886, cincuenta de ellos se han vivido bajo estado de sitio, figura jurídica que reglamenta el estado de excepción introducida en el artículo 121 de la Constitución Colombiana de 1886[95].

 

El hecho de que los estados de excepción en Colombia se den bajo un régimen constitucional, no impide la arbitrariedad de quienes aquí como en la Argentina de los coroneles detienen la facultad de declarar la excepcionalidad y sobre todo de implementarla ya que “el aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente cancelado y contrariado por una violencia gubernamental que – ignorando en el exterior el derecho internacional y produciendo en el interior un estado de excepción permanente – pretende, no obstante, seguir aplicando todavía el derecho”[96].

 

Para el caso colombiano el realismo de Carl Schmitt que nos permitiría considerar el caso del estado de excepción permanente en el país bajo la categoría de una “dictadura comisarial”[97], aunque con características peculiares, parece inadecuado para el análisis. Por lo tanto se debe volver al análisis de Agamben, cuyo eje fundamental es evidenciar como la condición de excepcionalidad representa una aporía, tanto en términos jurídicos, como políticos, resumible en los siguientes términos: si el “estado de excepción” es necesario para preservar el Estado mismo y las instituciones democráticas a través de la negación total o parcial de estas últimas, ¿Cuáles garantías existen para que la condición de excepcionalidad sea delimitada y  se vuelva a la democracia? o simplemente, ¿existen?  y ¿cuáles son los límites del estado de excepción? Según Agamben “del estado de excepción que vivimos no es posible retornar al Estado de derecho, porque los conceptos mismos de 'Estado' y de 'derecho' están ahora en entredicho”[98].

 

Por lo tanto en términos biopolíticos la distinción de Schmitt entre dictadura soberana y comisarial pierde relevancia y en particular si se considera el caso colombiano donde a diferencia de la dictadura argentina, el “dictador de turno” (el presidente de la República) que no establece un nuevo orden y simplemente se mueve en el marco constitucional existente introduciendo al mismo tiempo nuevas leyes y reglas a la vez que permite la aplicación extrajudicial de formas de control represivas, encarna una condición de continuidad de la excepcionalidad en el tiempo, evidenciando el carácter indefinido y sustancialmente ilimitado del estado de excepción.

 

Emblemáticas en este sentido las palabras del ex presidente de la República de Colombia Alfonso López Michelsen frente al Congreso del 20 de julio de 1978: “Al examinar la historia política colombiana, especialmente durante el siglo XX, salta a la vista del observador como la estabilidad y supervivencia de nuestro régimen democrático ha estado ligada en buena parte al uso y abuso del artículo 121 de la Constitución Nacional [...]. Por eso, y lo digo con franqueza, no creo que el país pueda darse el lujo de prescindir del estado de sitio en los próximos años”[99]. Y fue particularmente durante los años 70's en Colombia, que las condiciones de excepcionalidad en el país (impuestas tanto con medidas legales apelándo a la declaración de “estado de sitio”, como con acciones extrajudiciales) evolucionaron abarcando cada vez nuevas formas represivas de control social y político. El jurista Gustavo Gallon evidencia en su análisis cuales han sido estas evoluciones, desde un punto de vista de la aplicación y extensión de la norma constitucional del “estado de sitio”.[100]  

 

La excepcionalidad de un lado se impone de facto, “particularmente en las regiones de operación del Ejercito (donde) es un estado de guerra lo que existe en la práctica y es la ley del más fuerte la que si impone por sí sola”[101]; y del otro con la declaración constitucional del estado de sitio, que se utiliza cada vez más como herramienta de control a pesar de la inexistencia de condiciones tan graves que la justifiquen. Éste es el caso por ejemplo de las elecciones presidenciales de 1970, donde para garantizar la continuidad del Frente Nacional, se decide declarar el estado de sitio inmediatamente después de las elecciones, introduciendo nuevas prácticas y restricciones contra los movimientos sociales y sus reivindicaciones.[102] En los años siguientes todos los presidentes utilizaran abundantemente los poderes especiales otorgados con la declaración del estado de sitio segun el artículo 121 de la Constitución, sea como medida de represión de los movimientos obreros y estudiantiles,[103] o como medida de “reestructuración en el terreno de los poderes jurisdiccionales de los militares y de la represión de las contravenciones de orden público”[104].

 

Los años 80's verán la utilización sistemática de los poderes especiales de excepción y finalmente en la última década del siglo XX, Colombia adquiere una nueva Constitución en el año 1991, fruto de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente y de un proceso de negociación entre el Estado y algunos de los grupos insurgentes. Unas de las preocupaciones fundamentales de los constituyentes era la limitación de la discrecionalidad en decretar el estado de sitio que había sido “usado y abusado” en el pasado.

 

La nueva Constitución consagra la utilización de los poderes de excepción en los artículos 212, 213, 214 y 215, haciendo distinción entre situación de guerra externa; estado de conmoción interior; emergencia ambiental; emergencia económica y social.[105] A pesar de la introducción de mayores controles respecto a la arbitrariedad del pasado, de hecho la nueva Constitución y la sucesiva ley estatutaria para la reglamentación de los estados de excepción, Ley 137 de 1994, no  logran cambiar de manera significativa el manejo de la excepcionalidad en el país y siguen encontrando fuertes críticas por parte de juristas y defensores de derechos humanos.[106]

 

Si a las consideraciones eminentemente relacionadas a la dimensión de lo “normativo y jurídico en sentido estricto”[107] que por si mismas no alcanzan a explicar la condición de excepcionalidad, se le añade un análisis político-estratégico relacionado con el posicionamiento de Colombia en el contexto internacional y en relación a la configuración de los equilibrios y desequilibrios de poder internos al Estado, se adquiere una visión estructurada y compleja del ejercicio de la excepcionalidad en el país.

 

Después del 11 de septiembre de 2001 y de la adopción por parte del gobierno norteamericano del Patriot Act y de la doctrina Bush, con su guerra preventiva contra el terrorismo, el conflicto colombiano cambia su condición de conflicto nacional y se incluye a pleno título en la guerra global permanente imperial, con la inclusión de los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN y de las formaciones paramilitares de las AUC en el listado de las organizaciones terroristas internacionales[108].

 

Según el análisis del ex canciller de la República Rodrigo Pardo “la política exterior colombiana, en lo que se refiere al conflicto interno, tiene una larga tradición de subordinación a las prioridades y concepciones de Estados Unidos”[109], que empieza durante el periodo de la Guerra Fría y se fortalece durante el gobierno del presidente Uribe cuyo objetivo principal en términos de política exterior “ha sido vincular el conflicto armado colombiano a la cruzada internacional liderada por la administración de George W. Bush contra el terrorismo”[110].

 

Con ésta toma de posición por parte de la administración Uribe, el conflicto colombiano se proyecta inmediatamente en el escenario imperial, donde la condición de excepcionalidad se vuelve total e indefinida constituyendo una condición de guerra civil global permanente.[111] En este escenario global, donde el caso colombiano que ya presentaba las características de los “failing states”[112] o la condición provocada por “crisis fallidas o nunca resueltas de la conformación del Estado político”[113], las condiciones de excepcionalidad permanente en el país evidencian aún más como Colombia haya sido territorio de experimentación antes y durante el proceso de conformación del nuevo orden imperial global.

 

Pero en particular durante el primero y el segundo mandado del presidente Álvaro Uribe Vélez se observa la institucionalización de hecho de una condición de excepcionalidad, no tanto bajo la declaración del estado de conmoción interior, sino más bien con la conformación de nuevas políticas y estrategias bélicas profundamente inspiradas por la vieja doctrina de la seguridad nacional, remodelada y reutilizada en el presente. El presidente Uribe a diferencia de muchos de sus predecesores, ha declarado el estado de conmoción interior sólo durante los primeros meses de su mandado en el año 2002, inmediatamente después de su instauración en la Casa de Nariño, renovándolo por una sola vez en el noviembre del mismo año.[114] Pero la inauguración de la política de “seguridad democrática”[115] y su implementación ha establecido las condiciones político-militares para una instauración de condiciones de excepcionalidad permanentes con la instauración de una excepcionalidad de hecho y de una “guerra civil legal”[116], así definida por parte de Agamben.

 

Aunque en la introducción del presidente al documento del Ministerio de Defensa que dibuja las estrategias de la seguridad democrática se afirme, que dicha política no tiene nada que ver con la vieja “seguridad nacional” de las dictaduras latinoamericanas, continuando en la lectura se desarrolla no sólo un enfoque belicista sino más bien la implementación y construcción de políticas que involucran aún más la población civil – como las redes de informantes – o que exhuman sistemas represivos de tintas nazi como las “zonas de rehabilitación y distención”.[117]

 

Yolanda Rodriguez Rincón define la seguridad democrática como “la seguridad del miedo que anula los controles democráticos del poder político y cuyo complemento es la continuación de la modernización neoliberal en la vía a satisfacer el poder nacional y global imperial”[118]. Danilo Zolo, estudia las relaciones entre miedo, democracia y ejercicio del poder en particular en relación con la construcción teórica clásica de Thomas Hobbes, evidenciando la existencia de una “geometría del miedo” que representa “la paradoja esencial del poder” en la capacidad del poder soberano de “reducir el miedo mediante el ejercicio del miedo”.[119] La relevancia de este análisis aumenta si se toma en cuenta otro estudio pionero del sociólogo Harold D. Lasswell, que ya en el año 1932, publicó un trabajo sobre el nazismo (por precisión el hitlerismo como lo definió el autor), como una reacción de las clases medio-bajas a un estado prolongado de incertidumbre[120] que supo ver con anticipación y lucidez lo que hubiera pasado en pocos años en la Alemania nazista. Estos estudios evidencian la repetición de un fenómeno social y político profundamente radicado en cada contexto social, donde frente a una condición de incertidumbre y miedo se eligen aparentes soluciones, que en muchos casos no hacen nada más que aumentar las condiciones de conflicto pasando de una condición de miedo a una de terror difundido.

 

En este sentido y para comprender hasta el final “el presidencialismo de excepción en Colombia”[121] del mandatario Uribe es fundamental abrir una digresión sobre el principal agente del miedo en Colombia: las estructuras paramilitares, y analizar el proceso de negociación promovido con las mismas. La formación de organizaciones paramilitares[122] con el involucramiento de civiles en el conflicto armado, no sólo respondía a las directivas norteamericanas de forma encubierta, sino que fue reglamentada por leyes de la República en los años 60's[123], que siguieron vigentes hasta los 80's, cuando después de masacres cometidas conjuntamente por parte de las Fuerzas Armadas y de las mismas formaciones paramilitares, la Corte Suprema de Justicia y luego la Corte Constitucional, suspendieron y finalmente declararon inconstitucionales tales leyes y formaciones.[124] Cabe mencionar que el presidente Uribe, durante su periodo como gobernador del departamento de Antioquia intentó “recuperar a la legalidad”  de estas formaciones apoyando la conformación y el fortalecimiento de las Cooperativas de Seguridad Rural CONVIVIR, cuyos integrantes se integraron después a formaciones paramilitares y de sicarios.[125]

 

El paramilitarismo nacido como estrategia de Estado[126] en función de garantizar el cumplimiento de las directrices de la “seguridad nacional” durante el periodo de la Guerra Fría, en alianza con élites territoriales colombianas y luego fortalecido con el dinero del narcotráfico ya durante el periodo de la Guerra Fría, ha evolucionado en la conformación de verdaderos “señores de la guerra”[127], dejando de ser simplemente grupos de mercenarios al sueldo de los intereses de la “guerra sucia” y adquiriendo un nuevo status político como protagonistas de las oligarquías imperiales globales[128]. Como expresó Maquiavelo en el Príncipe, “resulta, pues, que los ejércitos ajenos, o te arruinan, o te abandonan, o te ahogan”[129] y el análisis del florentino tiene algo de profético si se observa la situación colombiana contemporánea en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

 

Si bien las formaciones paramilitares habían sido un instrumento eficaz de represión y la expresión más cruda de una excepcionalidad extra-jurídica a los márgenes del derecho, la imposibilidad de establecer un proceso de negociación con dichos grupos basado en el “perdón y olvido”, hace temblar todas las instituciones del país que han sido profundamente infiltradas. Probablemente la primera administración Uribe se involucró en este proceso anómalo ya que “los paramilitares no han enfrentado el Estado (de hecho en varios casos han operado en coordinación con el Ejército) por lo cual es muy difícil aplicarles las normas que establecen distinciones para delitos políticos”[130], con la certidumbre de poder “comprometerse con un esquema de ni un día de cárcel”[131].

 

El primer intento de establecer un marco legal para la reinserción de las formaciones paramilitares ha sido el proyecto de la “ley de alternadividad penal”, cuyas características hacían evidente la profunda voluntad de adelantar un proceso no tanto de desmonte cuanto más de verdadera legalización de las fuerzas paramilitares.[132] Las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales así como de la comunidad internacional, forzaron al gobierno a elaborar un nuevo proyecto de ley que terminó con la concepción de la Ley 975 de 2005, mal llamada “ley de justicia y paz”[133]. La ley fue demandada por parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ante la Corte Constitucional[134] que finalmente con la sentencia  No. C-370 del 2006, apoyó parte de la demanda en particular aumentando las penas previstas y otorgando mayores garantías para el esclarecimiento de la verdad e introduciendo otros criterios relacionados con las características necesarias para aplicar a la ley.

 

Aunque la ley siga siendo fuertemente criticada por parte de las organizaciones de derechos humanos y en particular del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el fallo de la Corte impidió un proceso de completo perdón y olvido, que provocó inmediatamente las reacciones de los jefes paramilitares.[135] Mientras el proceso de reinserción sigue desarrollándose, paralelamente se evidencian las relaciones con estas formaciones de hombres políticos y altos cargos de casi todas las instituciones del Estado, empezando con el ex-director del DAS Jorge Noguera, hasta llegar a decenas de congresistas relacionados de forma más o menos directa con el paramilitarismo.[136]

 

Si en Colombia se había pensado de adelantar un proceso similar al que utilizaron los coroneles de la dictadura argentina para incorporar las formaciones paramilitares de las Tres A operantes antes del golpe de Estado, tal proceso ha completamente fracasado debido a la diferente configuración nacional e internacional, a la circulación de las noticias y a la reconocida y reiteradamente denunciada brutalidad de los grupos paramilitares colombianos. Como evidencian excelentes análisis de enfoque estructuralista, el sistema político colombiano es caracterizado por una progresiva “ingobernabilidad y erosión del poder presidencial”[137], según la aplicación al caso Colombia de la teoría de los “jugadores con veto”[138], factor este último que con toda probabilidad ha contribuido a frustrar las aspiraciones del presidente Uribe respecto al proceso de negociación con las formaciones paramilitares, fortaleciendo una vez más la lectura del Estado colombiano como un “failing state”.

 

La imposibilidad de controlar todo el territorio nacional, la delegación consciente  parcial o total del monopolio legitimo de la violencia a formaciones extra-legales por parte del Estado, las repetidas y constantes violaciones de los derechos humanos, no sólo evidencian los grandes límites de la construcción democrático-liberal en Colombia, sino también su carácter de democracia sui generis y la existencia de hecho de un estado de excepción y de una guerra civil legal permanente.

 

Un reconocido jurista, ex-presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el profesor Rafael Nieto Navia, afirma en su análisis sobre Los Estados de Excepción y la Constitución Colombiana de 1991, que: “si la democracia es formal y existe la separación de poderes y sistemas electorales razonablemente seguros, pero no la función del bien común como determinante de la acción del Estado, éste será tiránico en cuanto representa imposiciones contrarias al interés de la comunidad”[139]

 

Según Gustavo Duncan, Colombia es un país con una gran abstención electoral, acompañada por un sistema político de tipo clientelista/mafioso[140] y fragmentado en poderes locales y particulares, donde la mayoría de la población vive desde prácticamente desde siempre en condiciones de pobreza[141] y bajo un estado de excepción permanente perennemente invocado o simplemente instaurado con la justificación de la existencia de un conflicto armado interno, cuya principal causa es la concentración de la tierra en manos de pocos propietarios, situación que además ha ido empeorando en los últimos años.

 

Probablemente el profesor Nieto no estaba pensando en Colombia cuando hacía sus consideraciones sobre las tiranías, pero es cierto que su análisis parece una fotografía del caso colombiano. El presidente Uribe, como expresión del “parapresidencialismo de excepción”[142], ha sido además el primero a introducir cambios constitucionales – a través de su mayoritario apoyo en un congreso fuertemente afectado por el escándalo de la parapolítica – que le permitieran una reelección directa  y abrir  el debate sobre la posibilidad de una segunda reelección.

 

Estas condiciones peculiares colocan el estado de excepción colombiano bajo el gobierno del presidente Uribe, perfectamente en línea con las necesidades imperiales contemporáneas de mostrar una fachada democrática mientras se impone un estado de excepción permanente. Las dictaduras contemporáneas tienen que ser analizadas bajo el espectro del sistema imperial que impone la construcción de un discurso autolegitimante apelándo a la paz y estableciendo un sistema de guerra global y un estado de excepción permanente.[143]

Si la dictadura de los coroneles argentinos respondía perfectamente a las necesidades geopolíticas de la Guerra Fría, el experimento colombiano y sus más recientes “evoluciones uribistas” se enmarcan en el continuum de las estrategias capitalistas por la definición y redefinición del orden global en la fase de la Cuarta Guerra Mundial[144] que no es nada más que otra expresión para el nuevo orden imperial, que se basa en una condición de guerra global civil permanente, así como lo definen Hardt y Negri[145]. Las víctimas de los estados de excepción, tanto en Argentina como en Colombia, han sido y siguen siendo los civiles, mostrando claramente que la presunta necesidad seguritaria con la que se pretende justificar y consolidar dichas formas de manejo de la cosa pública, está destinada a fracasar.

 

Las múltiples guerras sucias adelantadas durante el periodo de la Guerra Fría supuestamente para mantener el equilibrio entre los dos bloques de poder, han provocado desorden y desequilibrio en aquellos países sometidos a dichas intervenciones y a la relativa condición de excepción que de ellas derivaba. De la misma forma la excepcionalidad global y permanente imperial, lejos de garantizar una paz duradera, amplifica las condiciones de conflicto, la inseguridad y el desequilibrio internacional y social, amenazando degenerar completamente en una condición de “guerra sin límites”[146]. Las condiciones de excepcionalidad impuestas en Argentina durante la dictadura de los coroneles y en Colombia a lo largo de su historia republicana y en particular durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez han dado vida a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia.

Ambos movimientos nacieron como reacción a una coyuntura específica en sus propios países: la instauración de una dictadura militar en Argentina y el establecimiento de un proceso de negociación enfocado hacia la impunidad en Colombia. Pero al mismo tiempo mientras el nacimiento de las Madres tiene un carácter coyuntural debido a una condición temporalmente delimitada, el Movimiento colombiano es el producto de una lucha contra la impunidad y por el respecto de los derechos humanos que ya se estaba adelantando en el país desde hace años y con toda probabilidad las decisiones políticas del primer gobierno Uribe, no han hecho nada más que acelerar un proceso que ya se estaba estructurando autónomamente.

 

 

 

 

iii. Multitudes en la guerra, hacia la democracia

 

 

Las Madres de Plaza de Mayo en Argentina representan una experiencia pionera en la reivindicación de los derechos humanos y en particular de los derechos de las víctimas por el esclarecimiento de los hechos y la memoria histórica. Pese a que existían en el país varias otras organizaciones de derechos humanos,[147] no existían verdaderos antecedentes o alguna base de trabajo previa sobre la cual se estructuró el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

 

Por el contrario el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha tenido importantes antecedentes, en el trabajo de decenas de organizaciones nacionales e internacionales, como la del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, una de las redes sociales colombianas más antiguas, cuyo primer encuentro nacional se desarrolló en el año 1979, convocado por defensores de derechos humanos, artistas, intelectuales, activistas políticos.[148]

 

Otros  antecedentes relevantes han sido el proyecto Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad[149], que se formó en el año 1995 y presentó su primer informe en el año 1999, que recopilaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia entre el año 1965 y 1998, para un total de 41.400 casos documentados; [150] la campaña “Colombia clama Justicia”, que impulsó entre otras iniciativas varios tribunales internacionales de opinión para denunciar la verdad sobre algunas masacres ocurridas en el país así como el actuar criminal de varias empresas transnacionales.[151] y finalmente el Primero y Segundo Encuentro de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones de los Derechos Humanos, en el mes de mayo de 2004 y junio de 2005 respectivamente.

 

A la primera reunión asistieron alrededor de trescientas personas que elaboraron algunas tesis que fueron luego recogidas, en los años siguientes, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. En particular se elaboraron cinco puntos: el derecho al esclarecimiento de la verdad histórica; el derecho a la justicia; la lucha contra la impunidad; el derecho a la reparación; y la necesidad de un papel protagónico por parte de las víctimas en todas las negociaciones entre el Estado y los grupos armados.

 

La lucha de las Madres  de Plaza de Mayo en Argentina y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, son ambos ejemplos de formas de resistencia civil y multitudinaria a una condición de excepcionalidad y guerra. Ambos movimientos han representado y representan un éxodo desde el terror, el silencio y la desesperación hacia caminos de dignidad y construcción de sociedad, desde la memoria y la dignidad. Asumiendo el concepto de multitud así formulado por Hardt y Negri,[152] o sea como la única y verdadera instancia democrática en el proceso de constitución imperial, los dos movimientos pueden ser analizados bajo esta herramienta teórica, aunque las Madres son una expresión multitudinaria ante litteram perteneciendo a una fase histórica distinta respecto a la imperial.

 

En particular es necesario evidenciar aquellos elementos que hacen de las Madres y del Movimiento colombiano expresiones multitudinarias y precisamente su carácter de sujetos políticos colectivos no reconducibles a los conceptos de clase o pueblo; sus espacios de movilización, como reconstrucción de un espacio público; sus relaciones con el avance hacia la construcción de nuevas herramientas jurídicas y con ellas de nuevas instituciones; las consecuencias de sus existencias y luchas en una condición de guerra, excepcionalidad y ausencia de democracia.

 

En su proceso de construcción como sujetos políticos colectivos, es importante resaltar en primer lugar como ambos movimientos se han compuesto por aquellas parte de la sociedad consideradas más débiles y menos peligrosas en términos subversivos por parte del poder soberano. Las Madres de Plaza de Mayo eran en su mayoría amas de casa, con poca o ninguna formación política, mientras el Movimiento colombiano está compuesto por organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de organizaciones políticas y familiares de víctimas, pero en los dos casos son los más débiles en sus respectivas sociedades que se organizan, estructuran y movilizan, constituyendo redes de solidaridad y lucha política que trascienden las clases sociales.

 

Las Madres nacieron de forma autorganizada y espontánea con el fin de buscar sus hijos y nietos desaparecidos por parte del régimen argentino. En un primer momento las madres de los desaparecidos se reencontraban en la iglesia Stella Maris en Buenos Aires y  es el 30 de abril de 1977, un sábado[153], cuando las primeras catorce Madres decidieron reunirse en la histórica Plaza de Mayo de la capital argentina[154] y de allí empezar su movilización, cada jueves a las tres y media de la tarde. Como afirma una de las fundadoras e histórica líder del movimiento, Hebe de Bonafini, “esos primeros encuentros también generaron las primeras acciones, que fueron absolutamente impensadas, espontáneas”[155].

 

En su proceso de autoformación las Madres de Plaza de Mayo han debido aprender directamente en la práctica y compartiendo experiencias entre ellas, tanto las formalidades jurídicas necesarias para redactar un habeas corpus, como a defenderse de los gases y perros de la policía así como “lo habían hecho tantos jóvenes antes”[156] , y a moverse entre las relaciones políticas con otros grupos, movimientos y partidos.[157]

 

El movimiento que hoy es conocido a nivel mundial como Madres de Plaza de Mayo no nació con una estructura determinada, o una fuerte formación política, sino más bien con el fin de buscar a familiares desaparecidos, en una simple expresión, las Madres de Plaza de Mayo nacieron de un acto de amor frente a la aberración de la práctica de la desaparición forzosa implementada por parte de los militares argentinos contra sus seres queridos. Así como el pueblo judío en su éxodo en el desierto huyendo de la violencia del faraón se constituyó en multitud, las madres construyeron por etapas su proceso de autoformación y constitución en un sujeto político multitudinario.[158]

Las Madres argentinas no estaban constituidas por una red de organizaciones, sino no por una red de familiares, “eran mujeres diferentes unas de otras a las que unía una búsqueda común más allá de clases sociales, ocupaciones o credos religiosos”[159], mientras el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia es una red integrada por más de doscientos organizaciones de derechos humanos y miles de víctimas y familiares de víctimas.[160] Contrario a las Madres de Plaza de Mayo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia nace “el 25 de junio de 2005 durante el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos; cuatro días después de la aprobación por parte del congreso colombiano de la Ley 975 de 2005”[161].

 

En unos de los primeros volantes del Movimiento se especifica que la red reúne: víctimas de crímenes de lesa humanidad; víctimas de crímenes de guerra cometidos por el Estado contra civiles y no combatientes; víctimas de genocidio por razones políticas, sociales y étnicas; organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, familiares de víctimas directas, organizaciones sociales, sindicales, políticas, jurídicas que han sido agredidas dentro y fuera del país, y que afirman su derecho al esclarecimiento, a la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral; organizaciones acompañantes de víctimas de violaciones a los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.[162] El Movimiento nace ya como sujeto político consciente, organizado y estructurado con una estrategia propia y también como respuesta a las políticas de impunidad propuestas en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En particular el Movimiento nace como tal frente a la amenaza de impunidad de los crímenes de las formaciones paramilitares  representada en primer lugar por la propuesta de Ley 782 del 2002, que fue el primer intento de establecer un marco jurídico de negociación con dichos grupos ilegales, que les quitaba cualquier status político y planteaba borrar la responsabilidad del Estado en su constitución, entrenamiento y apoyo en los años y luego con la aprobación de la Ley 975 de 2005.[163]

 

El Acta de Constitución del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, redactada y suscrita por parte de 800 delegados pertenecientes a más de 200 organizaciones de derechos humanos a final del Segundo Encuentro de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humano del mes de junio de 2005 plantea formalmente los compromisos de la red afirmando la voluntad de trabajar para ayudar a organizar las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia, luchando contra aquellos mecanismos de impunidad que han permitido su perpetración a lo largo de las décadas; de contribuir a una solución pacífica y negociada del conflicto social, político y armado en el país; de animar la unidad de las organizaciones de víctimas alrededor de la recuperación de la memoria colectiva; de exigir el reconocimiento individual y colectivo a la verdad histórica dignificando el nombre y la vida de las víctimas.[164]

 

De la misma forma se especifican las tareas del Movimiento en: la recuperación de la memoria histórica; el desarrollo de acciones jurídicas; el trabajo de incidencia política tanto adentro como afuera del país; la movilización, visibilización y crecimiento del Movimiento mismo; la comunicación utilizando todos los espacios posibles; el desarrollo de actividades pedagógicas por la calificación de las víctimas y de todos los miembros del Movimiento.[165] Mientras el año que marcó un avance cualitativo para las madres, así como un recrudecimiento de la represión en contra de ellas, fue su segundo año de existencia como movimiento social, el 1978, año del campeonato mundial de fútbol en Argentina. A pesar de la represión, el movimiento iba fortaleciéndose y estructurándose y finalmente el 22 de agosto de 1979, las Madres de Plaza de Mayo institucionalizaron su movimiento creando la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo.[166]

 

En este mismo año, una delegación de la Organización de los Estados Americanos – OEA visitó oficialmente Argentina y ante ella las madres colectivamente pudieron exponer sus casos, aunque esto no sirvió para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Fue finalmente en 1980 que las Madres lograron retomarse la Plaza de Mayo, a pesar de una violenta represión policiaca. Para este año ya existían grupos de apoyo en toda Europa y con el soporte económico del grupo de apoyo holandés las Madres pudieron abrir su primera oficina y finalmente sacar su primer boletín, donde se afirmó de manera escrita por la primera vez , el principio de la “Aparición con Vida” de todos los desaparecidos.[167]

 

Mientras la reivindicaciones de las Madres en sus primeros años se resumen en la consigna “vivos se los llevaron y que vivos los devuelvan”, enfocando la lucha a la búsqueda de los desaparecidos y de los hijos de los desaparecidos, el Movimiento de Víctimas colombiano se enfrenta a una tarea histórico-político mucho más articulada, asumiendo como propia la lucha de todas las diferentes víctimas de crímenes de Estado en el país a lo largo de las décadas, abarcando una cantidad de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos que va mucho más allá de la desaparición forzada, sin todavía dejar de lado este crimen. Las Madres se movilizaban en contra de los crímenes cometidos por parte de la dictadura argentina y de sus antecedentes, como en el caso del Movimiento de las Tres AAA[168], mientras el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado adelanta una lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral para miles de crímenes de Estado cometidos a lo largo de las décadas en Colombia.

 

Tanto las Madres de Plaza de Mayo en Argentina como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, nacen como respuesta de la sociedad civil de sus respectivos países contra una condición de represión, excepcionalidad y guerra, en la búsqueda de la construcción de una democracia absoluta e incluyente. Aún más el accionar de las Madres en Argentina y del Movimiento en Colombia, representan en sus respectivos países la continuidad democrática en condiciones de excepcionalidad y guerra civil.

 

Así como la multitud global en el proceso de formación imperial representa la componente democrática, las Madres durante la dictadura de los coroneles representaron la única instancia democrática frente a la barbarie del régimen y a la suspensión de los derechos y de la misma manera el Movimiento en Colombia rechaza las imposiciones de un pensamiento único que busca estigmatizar como antipatrióticos y subversivos todos aquellos sujetos que no comparten las imposiciones imperiales de la política de seguridad democrática establecida por parte del gobierno del presidente Uribe.

 

Como ya se ha evidenciado, la dictadura de los coroneles en Argentina, así como el régimen de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, responden a la necesidad de establecer un control biopolítico sobre aquellas instancias democratizantes, que surgieron con fuerza en la Argentina a mediados de los años 70's y en la Colombia contemporánea. El Estado de excepción, la violencia y la guerra contra la población civil, ha sido y sigue siendo una herramienta de control preventivo, ampliamente teorizada por parte de los numerosos manuales de contrainsurgencia producidos en particular por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, para responder a unas necesidades de control y reestructuración de las formas de producción y del sistema capitalista.[169] La represión violenta de los movimientos sociales no ha podido acabar con las múltiples instancias democratizantes que se han levantado tanto en Argentina como en Colombia, multiplicando de hecho los esfuerzos de resistencia a las imposiciones del poder y fortaleciendo redes globales que asumen como propias todas estas luchas.

 

No es casualidad que uno de los primeros esfuerzos y acciones de las Madres de Plaza de Mayo haya sido relacionado con la búsqueda de una respuesta democrática e institucional a la incertidumbre frente a la desaparición de sus hijos ya que las Madres nacieron de forma auto-organizada y espontánea con el fin de buscar sus hijos y nietos desaparecidos por parte del régimen argentino. La formulación de los primeros habeas corpus, presentados ante las instancias judiciales argentinas, son el primero paso hacia la búsqueda de una restauración de garantías democráticas en el medio de la dictadura y de la guerra civil en el país. Como afirma Hebe de Bonafini respecto a la condición de los desaparecidos, las Madres al comienzo de su lucha seguían “todavía con toda la ilusión de encontrarlos, con toda la ingenuidad de que la dictadura tal vez no fuera tan terrible”[170]. De la misma manera el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, presenta sus instancias judiciales en primer lugar frente a las autoridades del Estado colombiano, a pesar de las condiciones de impunidad tristemente conocidas en el país, en la búsqueda de un reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

 

Pero es en el campo propiamente político que la lucha por la democracia y contra la guerra de estos movimientos adquiere una importancia sin precedentes y su carácter multitudinario. Afirma Hebe de Bonafini que “los pueblos, la única manera que tenemos para solucionar nuestras cosas es luchando, es movilizando, es participando, es accionando, con la lucha de la base del pueblo”[171] y tanto las Madres como el Movimiento se han encaminado en esta dirección.

 

Las acciones políticas de los primeros años de las Madres, les han permitido salir del silencio en el cual la dictadura las había relegado, empezando a comunicar tanto en el país como en el exterior las condiciones a las cuales estaba sometida Argentina. La comunicación se volvió una potente herramienta política, como instrumento de lucha,  como forma de elaborar nuevas estrategias que eran al tiempo una necesidad y como parte del proceso constituyente del nuevo sujeto colectivo que estaba naciendo.

 

Las condiciones en Argentina impusieron a las Madres formas de organización clandestinas y la adopción de códigos de comunicación entre ellas para planificar encuentros, visitas y estrategias comunes. Así se reunían en cafés públicos para adelantar sus discusiones y utilizaban pequeños papeles para comunicarse entre ellas, que se pasaban en lugares públicos como las  iglesias.[172] Por el contrario el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado adelanta públicamente sus estrategias declarando sus formas de actuar, presentado demandas judiciales, comunicando ampliamente sus estrategias y las decisiones tomadas en los encuentros nacionales que establecen las directivas y los ejes de trabajo del Movimiento.

Las Madres de Plaza de Mayo lograron hacer público su primer documento en el diario La Nación, en el mes de diciembre de 1977, pagando el espacio en el periódico para publicar un listado de los desaparecidos.[173] Frente a la imposibilidad de pasar en los medios oficiales, las Madres constituyeron también sus formas de comunicación alternativa empezando a incursionar en otros eventos para entrar en contacto con los ciudadanos argentinos y contar su propia verdad frente a los que estaba pasando en el país.

 

Inicialmente las Madres de Plaza de Mayo se buscaban, encontraban y aumentaban sus filas tanto en la capital argentina como en el resto del país gracias a una circulación de noticias “boca a boca”[174], sin el apoyo de la prensa o de cualquier otro medio de comunicación oficial, que por razones diferentes rechazaban casi todos los intentos de hacer público el horror de la desaparición.[175] Entre ellas habían decidido dividirse el trabajo para buscar y convocar otras madres de desaparecidos y en particular en Buenos Aires lo hacían en tres grupos diferentes: uno buscaba y convocaba las Madres que se acercaban al Departamento de Policía; otro las que iban al Ministerio del Interior y el tercero iba casa por casa.[176]

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, beneficiando de los modernos medios de comunicación, en particular internet, ha podido comunicar sus estrategias, sus movilizaciones, sus luchas y sus logros, desde su propio nacimiento, habilitando una página web[177] y listas de correos electrónicos para enviar  informes, comunicados y denuncias  en el país, como y en el y al mismo tiempo de vez en cuando teniendo acceso a los medios de comunicación masiva. De la misma forma se citan encuentros periódicos a nivel regional y nacional para impulsar la discusión y la elaboración de estrategias por parte de las organizaciones, víctimas y familiares de víctimas integrantes de la red del Movimiento.

 

Muchas otras acciones y símbolos de las Madres de Plaza de Mayo que hoy son internacionalmente conocidos, nacieron por necesidad y de manera casual y luego fueron asumidos y reivindicados como tales. Un ejemplo es el pañuelo blanco que llevan las Madres y que se ha vuelto un símbolo universal. En un primer momento ese pañuelo no era nada más que el pañal del hijo u de la hija desaparecida que las madres se pusieron por primera vez durante una marcha con otras organizaciones para reconocerse entre ellas.[178]

 

A pesar de las dificultades iníciales y de la falta de formación, las Madres demostraron una gran capacidad de enfrentarse a las imposiciones de la dictadura y al clima de terror y silencio imperante, creando desde la nada, o mejor desde la necesidad, nuevas tareas y formas de acción. Algunas de ellas se organizaron como Abuelas de Plaza de Mayo, enfocando sus esfuerzos en la búsqueda de sus nietos, desaparecidos juntos con sus padres o a veces secuestrados antes de nacer en el seno de las mujeres embarazadas. Estas abuelas “comenzaron con sus primeras labores 'detectivescas': una abuela se internó en un sanatorio psiquiátrico para seguir una pista, otra se disfrazó de enfermera, otra incluso llegó a trabajar como empleada doméstica en una casa para estar cerca de una niña”[179]. Otras adelantaban también acciones individuales en búsqueda de sus hijos, como “ir a los lugares de detención, a los campos de concentración (...) en la época en que estaban llenos de desaparecidos”[180]. Estas y otras acciones siguen siendo emblemáticas y han tenido una importancia vital en la reactivación de la movilización social en el país bajo la dictadura de los coroneles.

 

De la misma manera varias movilizaciones impulsadas por el Movimiento en Colombia han tenido particular importancia desde un punto político como jurídico en el país. En primer lugar la acción de tutela presentada por el Movimiento de Víctimas que logró postergar por algunos días la extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar alias “Macaco”,[181] aunque posteriormente el Consejo Superior de Judicatura  fallara contra la tutela del Movimiento a favor de la extradición de  ese mismo jefe, permitiendo ceder a la justicia de Estados Unidos otros trece jefes paramilitares, trasladándolos de las cárceles al aeropuerto militar de Catam en Bogotá en medio de la  noche del 13 de mayo de 2008, evitando clamores y escondiéndose de las posibles reacciones de la opinión pública colombiana.[182] El gobierno con esta acción ha indirectamente reconocido la fuerza política y el poder constituyente del Movimiento de Víctimas, demostrando su miedo frente a una posible movilización popular para impedir la extradición.

 

Esta forma de accionar por parte del gobierno nacional con toda probabilidad ha sido influenciada también por lo ocurrido algunos días antes con el primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, Mario Uribe Escobar. El ex presidente del senado, implicado en un proceso de parapolítica, después de la emisión de un orden de captura en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación y después de haber expresado su voluntad de entregarse a la ley, se equivocó confundiendo la sede de la Embajada de Costa Rica con la de la Fiscalía General de la Nación. El primo del presidente el día 22 de abril de 2008 se refugió en horas de la mañana en la sede diplomática de Costa Rica pidiendo asilo político. Los primeros en llegar al lugar fueron miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que pidieron al gobierno de Costa Rica rechazar la petición del ex senador y de entregarlo a la justicia colombiana.[183]

 

La movilización de las víctimas y sus voceros atrajo en el transcurso del día todos los medios de comunicación del país, es entonces cuando se produce un comunicado de la Fiscalía de la Nación y un equipo de la DIJIN en horas de la noche captura  a Mario Uribe Escobar. En un país donde la impunidad reina soberana, cabe preguntarse que hubiera pasado si las víctimas no se hubieran movilizado, pero esto no pasó y finalmente después de horas de espera, el gobierno de Costa Rica rechazó la petición de asilo político al primo del presidente y lo entregó a las autoridades colombianas.[184]

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia es además el responsable político de haber destapado el escándalo de la parapolítica en el país. Como ya se ha mencionado, el primer proceso de parapolítica en Colombia, se ha dado contra el ex alcalde de San Onofre en el departamento de Sucre, Jorge Blanco Fuentes (hoy en la cárcel) después de una audiencia pública del Movimiento donde se recogieron más de trescientos testimonios en contra de él.[185] Faltan todavía elementos y tiempo para poder evaluar la real importancia para la historia del país, en términos de lo que esto significa como aporte hacia la construcción democrática e institucional y la recuperación de la memoria histórica, siendo este proceso político actualmente abierto y en pleno desarrollo y considerando la magnitud de su alcance hacia los más altos niveles de las instituciones del Estado. Pero es un hecho que el papel protagónico del Movimiento marca inevitablemente una afirmación biopolítica que es al mismo tiempo práctica de resistencia a la impunidad, al olvido, al miedo y poder constituyente que ejerce toda su fuerza en destruir las barreras de la mentira y de la imposición de la violencia, afirmando la memoria colectiva y proyectándose hacia el futuro en la construcción de un nuevo pacto social, que tiene necesariamente que pasar a través de una renovación y depuración institucional.

 

La gran potencialidad constituyente de movimientos como las Madres y el Movimiento colombiano se expresa en su reivindicación de una democracia real y del respecto de los derechos humanos, no como simples afirmaciones o artículos de declaraciones entre Estados, sino como una reapropiación constante de los mismos, también a través de la recuperación de los espacios públicos y la incursión directa e indirecta en la política institucional.

 

La importancia de recuperar y reconstruir el espacio público es otra característica común de los dos movimientos aunque con relevantes diferencias. Mientras la Plaza de Mayo, frente a los palacios del poder en Argentina, no sólo adquirió para las Madres un fuerte contenido simbólico, sino que fue también una elección necesaria: ser visibles en dicho lugar era la única forma de encontrarse y al mismo tiempo buscar un mínimo de protección en la condición de terror existente en Argentina, la única forma de no desaparecer política y físicamente.

 

La acción político-social de las Madres de Plaza de Mayo en sus primeros tres años de vida, se articulaba entorno a la necesidad de construir un espacio de encuentro social y  físico, para hacerse fuerza recíprocamente y buscar articular iniciativas para encontrar sus desaparecidos. De esta forma no se puede hablar de verdaderas estrategias delineadas e implementadas, cuanto más bien de una condición de experimentación constante de tácticas y formas de movilización y visibilización de la situación del país, tanto el interior como en el exterior.

 

El hecho mismo de tomarse como lugar de visibilización la Plaza de Mayo en Buenos Aires y defenderla contra las agresiones de la fuerza pública, adquiere una importancia político-histórica de primer plano. Una de las Madres habla de la Plaza como “un pequeño espacio liberado, separado del resto del país”[186], recuperando al mismo tiempo la memoria histórica de este lugar donde antes de la dictadura y desde los albores del siglo XIX “nunca cesaba el movimiento, siempre había bullicio”[187]. La Plaza de Mayo era un espacio de igualdad “y era como no había ningún tipo de distanciamiento, por eso es que la Plaza agrupó, por eso es que la Plaza consolidó”[188] y fue así, de forma solidaria y colectiva que estas señoras aprendieron día a día a enfrentarse a la dictadura, a su imposición del silencio, a su intimidación, a su violencia directa. Y fueron las Madres a restituir su identidad y su vida a la Plaza, aprendiendo cuando era necesario “a llevar bicarbonato y una botellita de agua, para poder resistir”[189] a los gases de la policía.

 

Así como la recuperación de la Plaza de Mayo a la vida política ha tenido una importancia fundamental como punto de partida, demostrando que era posible reanimar una movilización popular aun bajo el terror de la dictadura, también la acción de denuncia y entrega de un memorial con la recopilación de los casos de los desaparecidos al Secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance en el noviembre de 1977, ha tenido una importancia fundamental. Para lograr esta acción las Madres no han pedido citas oficiales, ni han respetado los protocolos diplomáticos, sino que atendieron pacientemente el pasaje de Vance en las calles de Buenos Aires y empezaron a gritar pidiendo justicia para sus hijos desaparecidos y así lograron acercarse y romper los cordones de seguridad de la policía argentina y entregarle el documento al secretario estadounidense,[190]marcando otro avance en la recuperación biopolítica del espacio público de la calle.

 

Otra de las acciones más importantes en este sentido se dio en el mes de noviembre de 1977, cuando monseñor Antonio José Plaza[191] decidió convocar una “noche heroica” en La Plata de fiesta y música con todos los estudiantes de las escuelas católicas para demostrar que en el país todo iba muy bien y no estaba pasando nada. Las Madres se confundieron entre los integrantes de un colegio, sacaron su pañuelo blanco y empezaron a marchar hacia la Plaza Moreno, cuando la policía las reconoció, intentó cercarlas, ellas empezaron a rezar a alta voz a la vez que se acercaban a la catedral y finalmente entraron. Los jóvenes en la plaza las siguieron para saber quiénes eran y por qué estaban ahí y fue así que las Madres empezaron a contar sus historias. Estos jóvenes les contaron a otros afuera y todos empezaron a irse, dañándole la fiesta a monseñor Plaza. Las Madres se quedaron toda la noche solas en la iglesia, hasta que unos jóvenes volvieron a las cinco de la mañana para acompañarlas durante la misa, en la cual Madres insultaron directamente monseñor Plaza por no pedir por los desaparecidos en sus oraciones.[192]

 

Si bien existe una trágica continuidad histórica entre las evoluciones de las formas de producción y organización capitalistas y con ellas de las estructuras bélicas y de las formas de excepcionalidad que producen víctimas que organizan sus resistencias democráticas a la guerra, también se asiste a cambios en el sistema internacional, en las comunicaciones y en la opinión pública global, mucho más informada en la actual fase imperial que durante el periodo de la Guerra Fría. Tantas son las novedades en las formas de resistencia y organización que asombra la incapacidad del biopoder imperial de entender que ya los tiempos han cambiado y que no es posible esconder la brutalidad y la barbarie, sin que tarde o temprano se paguen las consecuencias, manejando un discurso paternalista y pseudo-patriótico.

 

En este sentido es interesante intentar una comparación entre dos momentos históricos y estrategias políticas importantes en la historia de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia: respectivamente los acontecimientos relacionados al año 1978 y al campeonato mundial de fútbol en Argentina; y las grandes marchas del 4 de febrero y del 6 de marzo de 2008. Ambos periodos y las movilizaciones que los caracterizan han sido de una importancia fundamental en el desarrollo histórico de los dos países latinoamericanos, aunque en el caso colombiano los eventos sean muy recientes y las consecuencias no puedan ser todavía examinadas. Ojalá este estudio pueda brindar una herramienta más en la construcción de proyecciones hacia el futuro.

 

Las Madres han sido fuertemente despreciadas en su propio país durante los primeros años de la dictadura por parte de muchos ciudadanos comunes y esta actitud fue particularmente fuerte durante el año del campeonato mundial de fútbol, en 1979. La retórica nacionalista del régimen de los militares y el gran interés alrededor del evento deportivo, provocó un ataque directo y continuo contra las Madres, no sólo por parte de las autoridades, sino también por parte de muchos ciudadanos comunes, más preocupados por la necesidad de mostrar al mundo las buenas calidades de Argentina y de los argentinos, que por las violaciones de los derechos humanos. Inclusive el gobierno argentino impulsó una campaña, distribuyendo botones y otros materiales donde se leía: “los argentinos somos derechos y humanos”[193]. Durante este periodo no sólo aumentó la represión directa contra las Madres, sino también los secuestros y las desapariciones, “fue muy terrible en el mundial porque se tapó, o se quiso tapar, todo lo que estaba pasando”[194]. Al mismo tiempo el Mundial fue la ocasión que permitió a las Madres entrar en contacto directo con la prensa extranjera, a pesar del silencio interno impuesto por parte de la dictadura. Recuerda Hebe de Bonafini “que cuando se inició el Mundial, había más periodistas extranjeros en la Plaza que en el propio Mundial”[195].

 

El contacto directo con la prensa internacional permitió a las Madres dar a conocer su condición y su lucha afuera del país, provocando una situación singular y anómala, por la que al interior de Argentina eran consideradas como antipatrióticas y en el exterior como heroínas. Los militares en el poder subestimaron la potencia de las madres y sus capacidades comunicativas y ebrios del triunfo nacionalista en los campeonatos mundiales de futbol, no se dieron cuenta que algo ya estaba cambiando, sino en su país, por lo menos en el exterior, donde ya se conocía la situación Argentina y donde las Madres ya estaban fortaleciendo sus primeros grupos de apoyo.[196]

 

Si en la época de la Guerra Fría las consecuencias de la falta de visión de largo plazo de los dictadores permitía que se necesitaran años para que se viera algún tipo de resultado político desde la perspectiva de la resistencia democrática, en la época del Imperio, de la comunicación sin fronteras y de internet, todo se vuelve más rápido y muchas veces es complicado hacer proyecciones confiables. Lo que ha pasado en Colombia con las grandes marchas del 4 de febrero y del 6 de marzo de 2008[197] expresa claramente una multitudinaria búsqueda de paz, aunque con muchas contradicciones.

 

La primera de las dos marchas fue convocada supuestamente de forma independiente a través de internet en contra de la guerrilla, y respaldada ampliamente por parte del gobierno, empresarios y todos los medios de comunicación masiva en el país, a pesar de los indicios no se dispone de bastantes informaciones para comprobar si esta marcha fue convocada estratégicamente para cubrir el escándalo de la parapolítica. La segunda fue la organizada por parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convocada para el 6 de marzo de 2008 en favor a las víctimas del desplazamiento, la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos, las masacres.

 

Pero el verdadero y más importante dato político es que muchas de las personas que han marchado el 4 de febrero contra la guerrilla, han vuelto a marchar el 6 de marzo al lado de las víctimas y una reciente encuesta, atribuye a estas y a las organizaciones de derechos humanos una tasa de consenso ciudadano alrededor del 80%,[198] no obstante el fuerte control casi totalizante de los medios de comunicación de masas por parte del gobierno colombiano, que en la persona del Presidente Álvaro Uribe Vélez[199] y de altos funcionarios del Estado como en el caso del asesor presidencial José Obdulio Gaviría[200], no pierden ocasión de atacar tanto los líderes del Movimiento, como las organizaciones que hacen parte del mismo, estigmatizándolos y de esa forma poniéndolos en la mira de la violencia paramilitar.

 

Mientras las Madres necesitaron años de luchas y la restauración de la democracia para recibir la merecida solidaridad de la mayoría de sus ciudadanos en Argentina, el Movimiento de Víctimas y los defensores de derechos humanos en Colombia, cuentan hoy con una extensa solidaridad tanto nacional como internacional y sus movilizaciones han logrado resultados políticos y sociales de primera importancia, recuperando cada vez más dignidad y espacio político y su lucha democrática contra las condiciones de excepcionalidad permanentes imperiales.

 

En el caso del Movimiento colombiano, los espacios de movilización son múltiples y no sólo físicos. Internet y las nuevas tecnologías de comunicación permiten fortalecer redes y contactos también en el cyber-espacio, que adquieren una importancia fundamental en establecer, mantener y fortalecer contactos con ciudadanos colombianos y hasta internacionales, en Colombia, como en otros países. Tanto la marcha del 6 de marzo de 2008, como las movilizaciones locales, las audiencias públicas regionales, las constitución de comunidades de retorno y en resistencia y las numerosas actas por la memoria, evidencian una peculiaridad del Movimiento colombiano, o sea su presencia fraccionada a lo largo de todo el país e inclusive en el exterior. Muchas han sido las movilizaciones impulsadas por el MOVICE en Colombia, desde las Galerías de la Memoria frente a las sedes de la Fiscalía de la Nación durante las audiencias libres de los paramilitares, hasta la incidencia directa en la aplicación de las leyes de la República, así como la influenciando la Organización de los Estados Americanos en su veeduría del proceso farsa de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Así que mientras las Madres particularmente en sus primeros tres años establecieron su lugar preferencial de movilización en la Plaza de Mayo en la capital argentina, multiplicando al mismo tiempo el trabajo personal y solitario de “inteligencia” para la búsqueda en los centros de detención de sus hijos desaparecidos así como de sus nietos, el Movimiento colombiano, respondiendo a la diferente organización y fraccionamiento de las redes sociales en el país, adapta sus formas de reconstrucción del espacio público según necesidades locales, en particular en zonas rurales donde la violencia de las formaciones estatales y paraestatales ha sido particularmente fuerte. En aquellos lugares se impulsan actas de conmemoración, construcción de monumentos y hasta la recuperación por parte de las comunidades desplazadas de sus tierras[201]. De esta manera la Plaza Bolivar, frente al Palacio de Nariño en Bogotá, no tiene que ser considerada tanto como el epicentro biopolítico de donde se mueven las víctimas con sus reivindicaciones, cuanto más un lugar de encuentro y reunión colectiva que de vez en cuando, en ocasión de grandes movilizaciones, reúne los integrantes del Movimiento en una sumatoria y composición de sus acciones políticas y reivindicaciones.

 

Acciones de este tipo no sólo asumen un fuerte valor simbólico sino que también demuestran la posibilidad de oponerse y resistir en la práctica a las imposiciones de las autoridades constituidas, para reivindicar sus derechos , también a través de la recuperación de espacios públicos y colectivos como espacios biopolíticos. Desde el punto de vista jurídico, tanto las Madres como ell Movimiento de Víctimas en Colombia son una expresión de la necesidad de elaborar nuevas normas que conduzcan a la construcción de nuevas instituciones, por lo tanto el accionar legal asume también un valor constituyente y biopolítico.

 

Si en un primer momento las Madres actuaron de forma ingenua frente a la violencia de la dictadura (postura que cambió en los años) y el Movimiento colombiano conozca las condiciones de impunidad de las cuales han gozado la mayoría de los victimarios en la historia del país, su accionar en el campo jurídico tiene que ser analizado a la luz de un proyecto de reconstrucción de un tejido social y de un Estado de Derecho en los dos países poniendo las bases para la creación de nuevas instituciones en el futuro. Hardt y Negri analizan de forma crítica el sistema de las organizaciones internacionales y del derecho internacional[202] y al mismo tiempo exaltan la importancia del trabajo y de las luchas de la Multitud global en la construcción de nuevas instituciones y de un nuevo pacto social. Tanto las Madres de Plaza de Mayo como el Movimiento de Víctimas han aportado y aportan piezas fundamentales en esta construcción, tanto respecto al derecho interno de sus respectivos Estados, cuanto respecto a la reestructuración del derecho internacional.

 

En el caso específico de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, por ejemplo algunos artículos de la Convención de los Derechos del Niño[203], se deben a su lucha. Así mismo la propuesta del proyecto de acto legislativo del Movimiento para otorgarle a las víctimas un reconocimiento constitucional en Colombia, prohibiendo al mismo tiempo cualquier forma de paramilitarismo y de “guerra sucia” en el país, marca un avance para los ciudadanos colombianos y al mismo tiempo establece un precedente jurídico. Uno de los primeros grandes reconocimientos político-jurídicos al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado recibidos por parte de una institución Colombiana, ha sido la aceptación por parte de la Corte Constitucional de la demanda contra la Ley 975 de 2005, presentada el 9 de septiembre de 2005 y presentada a la Alta Corte con casi 800 firmatarios[204], que se identificaban tanto a título personal, cuanto como integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La Corte aceptó la demanda de los ciudadanos reconociendo y citando también su pertenencia al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado,[205] reconociendo una dignidad política a la red del Movimiento, que como tal no tiene personería jurídica, ni alguna otra estructura institucionalizada según las leyes de la República.

 

El sucesivo fallo de la corte sobre la demanda del Movimiento,[206] no acogió en su integridad la demanda que pedía declarar la inconstitucionalidad de la ley en su totalidad, pero de todas formas aportó importantes modificaciones al texto de la ley, en particular en lo que tenía que ver con las sanciones penales contra los paramilitares involucrados en el procesos y la reparación a las víctimas. Al respecto el Movimiento afirmó que “al haber declarado inexequibles algunos artículos de la Ley 975 de 2005, la Corte no asestó un 'golpe mortal a la paz', como lo expresaron los jefes de las AUC. Su sentencia simplemente introduce limitaciones razonables a los beneficios sinfín que promovía el marco jurídico adoptado. Se trata de condiciones mínimas para impedir que tras la impunidad y el lavado de activos ilícitos se consolide el inmenso poder coactivo que conservan los paramilitares sustentado en la riqueza que en las últimas décadas han acumulado por la vía de métodos criminales de extrema crueldad”[207]. Si de un lado el Movimiento no se considera satisfecho del fallo de la Corte, al mismo tiempo su incidencia jurídica y también política en el proceso de negociación entre gobierno y formaciones paramilitares, ha sido de grandísima importancia y esta se deduce directamente de las declaraciones de los mismo jefes paramilitares involucrados en el proceso.

 

Las consecuencias de las acciones biopolíticas de los primeros tres años de existencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, han sido cruciales en los respectivos equilibrios  de poder internos de sus países y de toda la región. Las denuncias de las Madres, su capacidad de comunicar afuera la verdadera condición que se estaba viviendo en Argentina, produjo tanto una primera visita de la Organización de los Estados Americanos, como la concientización de la opinión pública internacional frente a la realidad de la dictadura de los coroneles.

 

El accionar de estas “viejas locas”[208], como las tildó un oficial del ejército respondiendo al coronel Videla que les pidió informaciones sobre ellas, supo desafiar y atacar el corazón mismo de la dictadura con su discurso patriótico y nacionalista, desenmascarando su verdadera cara de servidores de otros intereses – los del imperialismo – en contra de los de miles de hijos e hijas de Argentina, que fueron torturados y desaparecidos. Las Madres de Plaza de Mayo han sido la única voz democrática frente a la violencia de las armas, las únicas a enfrentarse cara a cara con la violencia de la dictadura, marchando justo en frente a los palacios del poder. Han sido en última instancia el testimonio de una memoria histórica democrática y como tal entre las principales responsables de la caída de la dictadura y de la restauración democrática.

 

En el caso colombiano, durante sus primeros tres años de existencia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia ha logrado establecer una red de relaciones tanto nacionales como internacionales con movimientos sociales, gobiernos, cuerpo diplomático, organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.[209] Pero sobre todo el Movimiento ha logrado consolidarse estableciendo unas directrices de trabajo que han sido resumidas en la declaración final del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que se ha desarrollado en la ciudad de Bogotá en el mes de julio de 2006. La Declaración final establece ocho estrategias del Movimiento para adelantar sus luchas por el derecho de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica y las garantías de no repetición.[210] Sin analizar en el detalle todas las ocho estrategias del Movimiento, cabe mencionar algunas de ellas por su importancia en términos biopolíticos, como éxodo desde el conflicto permanente hacia la reconstrucción de un tejido social en el país y de nuevas instituciones públicas incluyentes.

 

Entre ellas en primer lugar la constitución de una Comisión Ética[211] independiente para la salvaguardia de la memoria de las víctimas y como primer paso hacia una reparación integral. La idea de constituir una Comisión Ética nace de la experiencia de varios encuentros internacionales realizados desde el año 2002 en las comunidades en resistencia de CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Río Cacarica)[212] en el departamento del Chocó en Colombia.[213] La Comisión Ética tendrá sesiones por diez años y será compuesta por cinco miembros nacionales y veinticinco miembros internacionales promoviendo también la creación de casas y museos de la memoria, monumentos y el rastreo de fosas comunes. El objetivo fundamental de dicha Comisión es adelantar el trabajo de una futura verdadera Comisión de Esclarecimiento Histórico. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas -que deberá ser reconocido por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia”[214]. En seguida la propuesta de ley para prohibir constitucionalmente la reconstrucción de bandas paramilitares y ejércitos privados, elevando al tiempo la protección y el status de las víctimas a nivel constitucional, marcando un pasaje fundacional y constituyente entre la recuperación de la memoria y los primeros pasos hacia la reconstrucción de un nuevo sistema jurídico con nuevas instituciones y mayores garantías para los ciudadanos.

 

Otro punto de gran relevancia es representado por el esfuerzo colectivo de las organizaciones que componen el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para la creación de un catastro alternativo, que permita individuar los responsables del despojo de millones de hectáreas de tierra en todo el país y devolverlas a sus dueños originales. La importancia de esta iniciativa transciende cualquier evaluación político-estratégica de corto plazo, porque individuar y expropiar los usurpadores de las tierras de millones de familias de indígenas, afrodescendientes y campesinos colombianos, significa atacar el conflicto armado social y político en el país en sus raíces, significa hacer temblar la configuración de las oligarquías imperiales colombianas y en última instancia significa abrir las puertas a la construcción de un nuevo sistema social basado en la redistribución y equidad social y económica. Este último punto, cierra el círculo de los primeros tres años del proceso de éxodo constituyente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, que ya pasó las primeras dos fases, así como las define Caccia, de toma de conciencia y ruptura con el orden constituido, [215] tomando una propia dirección política con propuestas que implican un cambio radical en las relaciones de poder en el país y que se presentan como la única alternativa creíble al prolongamiento sin fin del conflicto armado interno como reflejo de la guerra global permanente imperial.

 

Tanto las formas de construcción de sujetos colectivos, cuanto los avances en el campo jurídico y la recuperación y reconstrucción del espacio público, por parte de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, expresan claramente la potencia constituyente de ambos movimientos en la transición entre una condición de excepcionalidad y guerra civil, hacia la reconstrucción de instituciones democráticas e inclusivas.

 

 

iv. Conclusiones

 

 

Muchas son las preguntas y los interrogantes que quedan abiertos a luz de este trabajo, que en primer lugar quiere ser un homenaje y un reconocimiento a todos aquellos y aquellas que han luchado y siguen luchando en contra de la barbarie, de la guerra y de la muerte, por el futuro y la dignidad de todas y todos. Tanto las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, ya hacen parte del patrimonio colectivo de lucha y resistencia de todas las multitudes globales y no sólo de los movimientos y ciudadanos de sus países. El valor de la memoria contra el olvido y del rescate de la dignidad de todos aquellos y aquellas que han sido desaparecidos y exterminados porque soñaban un mundo más justo e incluyente, son una fuente de fuerza para todas las nuevas generaciones que siguen, con diferentes medios y estrategias en la misma dirección. Por esto es necesario seguir construyendo proyectos, caminos, estrategias y análisis, partiendo desde la memoria hacia el futuro.

 

Considerando la importancia de dichos movimientos como resistencia democrática en condiciones de excepcionalidad y conflicto armado generalizado contra la población civil, es necesario volver a considerar la relación entre la guerra y el derecho, la resistencia y la democracia. Durante el periodo de la Guerra Fría en  el caso de la dictadura argentina, como en muchos otros, la necesidad de implementar un sistema económico que respondiera a los intereses de una de las dos superpotencias de los contropuestos bloques de poder, permitió la implementación de formas de guerra sucia, el establecimiento del estado de excepción y la consiguiente deestructuración de la democracia.

 

Durante todo el periodo de la dictadura de los coroneles, las Madres de Plaza de Mayo han sido el único baluarte democrático visible a lo largo y ancho del país y su resistencia adquirió un poder constituyente que creció hasta la derrota definitiva del régimen y el restablecimiento de la democracia en el país. Las Madres han sido la única instancia democráctica en un país oprimido bajo la excepcionalidad impuesta por una de las distaduras militares más violentas y bárbaras en la historia del planeta. La enorme desproporción entre el empleo de la violencia por parte del Estado Argentino y la resistencia de un grupo de mujeres, de madres, engendra por si mismo un proceso de éxodo constituyente[216] basado en la resistencia.

 

Así como las Madres fueron una respuesta democrática a las condiciones de guerra y excepcionalidad impuestas en Argentina por las necesidades geopolíticas de la Guerra Fría, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia representa el máximo nivel de sujetividad política en la época del Imperio. Las condiciones de excecionalidad impuestas por el proceso de ordenamiento imperial, generan una condición de guerra global permanente necesaria para las finalidades del control biopolítico del Imperio. Se asiste al intento de reelaborar el marco legal del empleo de la violencia, tanto definiendo las nuevas guerras como acciones internacionales de policía,[217] cuanto intentando recuperar algún tipo de marco jurídico como producto necesario de las intervenciones bélicas llegando a una coincidencia de facto entre derecho y guerra, como propone David Kennedy.[218]

 

Es evidente que el único derecho y la única guerra justa dependen de la fuerza biopolítica de aquel que la impone. No hay ningún marco jurídico que pueda justificar las intervenciones en Irak y Afghanistan, como tampoco la existencia de centros de detención como Guantanamo y Abhu Grahib. No exite ninguna posibilidad de reconducir las acciones de las guerra imperiales a un marco jurídico que no se base solo y simplemente en el principio y en el derecho del mas fuerte. Las guerras imperiales se presentan cada vez mas como “guerras sin límites”[219] marcando una ruptura total entre derecho y guerra, entre democracia y guerra. Si como proponen los dos coroneles chinos Quiao Liang y Wang Xiangsui no existe diferencia entre combatientes y no combatientes, si los campos de batalla abarcan todos los niveles biopolíticos de la existencia sean ellos fisícos o immateriales, si las necesidades de los nuevos conflictos asimétricos contemplan cuaqluier herramienta como arma, ya no existe derecho, ni democracia, ni garantía para la población civil y de hecho no existe ninguna población civil.

 

La población civil vive una condición de incertitumbre permanente y constante, con la sola aparente elección de volverse un objetivo militar pasivo o tomar las armas y asumir en su totalidad el rol de combatiente en una guerra civil global. En esta condición resistir a la guerra en todas sus formas significa emprender procesos de éxodo constituyente que construyan una resistencia desde la memoria y la dignidad. Es aquí donde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado asume su tarea histórica en cuanto portador de instancias democratizantes reivindicando el respecto y la aplicación del derecho y la construcción de un nuevo derecho allí donde el viejo ha fallado.

 

El proceso de éxodo constituyente y de resistencia a la guerra en el Imperio pasa en primer lugar por la toma de conciencia por parte de la sociedad civil de su rol, de su identidad y de su sujetividad política en la guerra global. Es en este sentido que la sociedad civil se vuelve multitud en resistencia contra la guerra. En la época del Imperio la resistencia biopolítica de la multitud es la única alternativa democrática a una condición de guerra sin limites, hacia la construcción de nuevas formas de democracia y nuevas instituciones. En síntesis, reivindicar el respecto y la aplicación del derecho allí donde los derechos y la democracia no existen, así como hace el Movmiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, es el primer paso hacia la construcción de una nueva democracia.

 

Por lo tanto las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, como parte de la Multitud global adquieren un potencial de gran importancia, siendo sujetos constituyentes y protagónicos en la construcción de una democracia absoluta y de nuevas instituciones. En este sentido, retomando el análisis de George Tsebelis, los dos movimientos pueden ser considerados verdaderos jugadores con veto.[220] Con esta categoría se entiende la capacidad de un sujeto político de influenciar la agenda política en su arena de participación. Tanto en el caso de las Madres en Argentina como del Movimiento en Colombia, ambos movimientos adquieren un poder de veto, o sea de influenciar la construcción de la agenda política, tanto a nivel interno, como internacional.

 

La lucha de las Madres ha logrado erosionar desde el interior, la legitimidad de la dictadura conduciéndola a su fracaso total en el año 1983 y al mismo tiempo ha sido una experiencia pionera a nivel internacional para la formulación de nuevos principios del derecho internacional y para la construcción del derecho de las víctimas. De la misma forma el Movimiento Colombiano ha logrado influenciar profundamente la agenda política nacional permitiendo la apertura de los casos relacionados a la parapolítica, despertando el interés de la sociedad civil colombiana e internacional hasta la llegada al país de una delegación de la Corte Penal Internacional con el fin de evaluar el proceso abierto en el marco de la Ley 975, mal llamada de “justicia y paz”.

 

La importancia política y la actualidad de los temas que involucran los dos movimientos son cada vez más evidentes en subrayar la necesidad de construir nuevos sistemas de reglas, de derecho, una nueva democracia. La progresiva sustitución de la guerra y de la excepcionalidad a la democracia, se está volviendo una forma normal y constante de manejar las relaciones internacionales, desde Irak, hacia Georgia pasando por Afghanistan, Guantanamo y los crímenes de Estado en Colombia.

 

Reconstruir un nuevo tipo de democracia es una necesidad hoy más que nunca y las luchas de estos movimientos siguen siendo de fundamental importancia en este sentido. Las recientes declaraciones de  Luis Moreno Ocampo fiscal general de la Corte Penal Internacional en Colombia, muestran un esfuerzo internacional en este sentido.

 

Luis Moreno Ocampo es un juez argentino que juzgó junto con otros a Videla y la junta militar en el proceso en contra de ellos que se abrió en 1985 en Argentina. Durante una larga entrevista del fiscal con el periodista Yamid Amat,[221] Moreno afirma repetidamente que en el caso que el proceso adelantado en el marco de la Ley 975 lleve a la impunidad de los responsables, la Corte Penal Internacional intervendrá. El fiscal argentino destaca el hecho que aunque se sigan juzgando los responsables de la dictadura Argentina, los procesos siguen todavía abiertos y lo mismo pasará con Colombia, donde no se permitirá que los responsables de crímenes de lesa humanidad queden impunes. En particular Moreno reconoce que en Colombia a diferencia de otras experiencias, las víctimas no están solas y son rodeadas por parte de toda la ciudadanía que pide justicia.

 

Reconocer este papel a las víctimas colombianas, significa reconocerles la importancia de sus luchas y lo que han podido lograr con su resistencia. Las víctimas hoy en Colombia no están solas porque supieron emprender un proceso de éxodo constituyente adquiriendo una propia sujetividad política y pasando de ser objeto de la política y de la violencia a sujeto biopolítico activo y conciente. Por lo tanto la importancia política y la actualidad de las luchas de los movimientos de víctimas argentino y colombiano trascenden sus propios límites nacionales y continentales y adquieren protagonismo global como parte de las luchas de la Multitud hacia la democracia.

 

El papel biopolítico de las víctimas tanto en el caso argentino como en el colombiano va mucho mas allá de las reivindicaciones relacionadas al esclarecimiento de los hechos, a la memoria histórica y a la reparación. El reto fundamental es garantizar las condiciones de no repetición de los hechos, lo que equivale a afirmar que es necesario construir las condiciones para un nuevo pacto social sobre bases de dignidad y memoria histórica. No sorprende por lo tanto que desde el punto de vista del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Colombiano los precedentes procesos de paz en América Latina (Central en particular) han sido un fracaso respecto a los derechos de las víctimas[222] y son considerados como ejemplos de no repetir.

 

Mirta Acuña de Baravalle, de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, no sólo reitera que las demandas son hoy las mismas de ayer, sino que también los problemas siguen siendo los mismos en su propio país: el desempleo, las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población, el hambre. Por lo tanto así como las Madres siguen marchando todos los jueves de 15:30 a 16:00 en la Plaza de Mayo,[223] es necesario continuar con las movilizaciones, estudiando también nuevas formas de autorganización, resistencia y producción biopolítica. Hasta que las demandas de verdad, justicia y de reparación no encuentren respuesta, quedaran abiertas heridas que impediran cualquier tipo de duradera reconciliación y construcción democrática.

 

Por lo tanto cabe preguntarse observando el caso argentino, cuales son los verdaderos límites de la democracia liberal, que después de 25 años desde su restauración en el país no ha podido, o no ha querido juzgar todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el periodo de la dictadura militar y algunos de los cuales siguen todavía en altos cargos del Estado. Pero al mismo tiempo, ¿que hubiera pasado en Argentina sin la resistencia incansable de las Madres de Plaza de Mayo? Y más aún, ¿no siguen las Madres marcando un camino hacia aquella democracia absoluta que no se ha conseguido con la caída del régimen de los coroneles?

 

Para el caso colombiano, ¿cuál puede ser el papel del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en futuras negociaciones entre el Estado y los grupos insurgentes?, ¿es posible pensar que las guerrillas se sienten a negociar con un Estado que en el pasado ha exterminado prácticamente todos aquellos ex-combatientes que escogieron una salida política, quedando además en la impunidad más total? ¿En este contexto y bajo esta perspectiva cuál es la verdadera importancia de implementar un proceso serio de esclarecimiento de los hechos y castigo los responsables de las innumerables violaciones que se han registrado en el país desde la década de los cuarentas en adelante? ¿Y volviendo al presente y a las negociaciones con las formaciones paramilitares, ¿cuál es el verdadero valor político y sobre todo social del proceso propuesto e impuesto con la Ley 975 del 2005 y la Comisión Nacional de Reparación? y sobre todo ¿qué tipo de sociedad se quiere imponer en Colombia? y ¿qué tipo de sociedad quieren los colombianos cuyo respaldo a las víctimas se gira alrededor del 80%?

 

Estas preguntas y muchas otras restan abiertas para el análisis y la profundización, en la búsqueda de respuestas y más aún de nuevas preguntas, con una sola certidumbre a la base: en la construcción biopolítica del futuro ni la memoria ni la dignidad son negociables.

 

 

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ANEXO A

Entrevista a Mirta Acuña de Baravalle

Madres y abuelas de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Bogotá 8 marzo de 2008

 

Mirta Acuña de Baravalle: Hay una película llevada a las escuelas,  con nuestros testimonios, se llama “Madres” la han presentado como una película recomendada en todos sus aspectos que apunta a una época de la dictadura; ha sido presentada en el festival de San Sebastián y en varios otros países. Al ser llevada a las escuelas los estudiantes, los alumnos de primaria y secundaria van conociendo la historia, relatada, testimoniada por las propias víctimas directas que somos las madres

Dario Ghilarducci: ¿Cómo fueron los primeros años, cómo inició todo?

MAB: Se dio inesperadamente, sin tener en cuenta cuántos años ibamos estar en esta lucha porque ninguna imaginába que íbamos a estar tantos años buscando a nuestros hijos y que no íbamos a obtener respuesta. Cada una pensó en su ingenuidad que quizás al juntarnos un grupito, este Videla, nos va a escuchar porque en forma individual no teníamos respuesta. Entonces nos encontrarnos ahí en frente a la casa de gobierno donde generalmente íbamos todas las madres, -iban otros familiares pero las mujeres íbamos especialmente-, y allí al salir nos cruzábamos en la Plaza dando vueltas pensado que quedándonos alguien nos iba a decir algo. Y en una de esas mañanas, que unas entraban y otras salían, una de las madres pensó y consideró que solas no íbamos a poder tener respuesta que si no nos juntábamos, como lo dije anteriormente no nos iban a escuchar y fue así entonces que esta madre, Azucena Villaflores, dice “vamos a hacer una convocatoria para juntarnos en la Plaza de Mayo” y fue así que convocándonos en los distintos lugares donde iban los familiares a pedir una información del familiar que tenían desaparecido, se puso un día especial para ese día de encuentro en la plaza el 30 de abril. Fuimos 14 madres a la plaza y era sábado, porque se dijo el 30 de abril sin pensar y considerar nada nada, pero allí nos dimos cuenta, este grupito de mujeres, que la plaza estaba completamente vacía y era mañana, no se trabajaba en la Casa Rosada que era donde nosotras nos juntábamos allí. Inmediatamente cruzaron los soldados con sus “tacas”, que son unas armas largas, y nos hicieron retirar de allí porque no se podía estar, bueno nos fuimos pero de todos modos volvimos a insistir otro día. Fuimos ya cambiando el día porque nos dimos cuenta que nadie nos iba a ver, qué era lo que nosotras también queríamos que la gente supiera.

No se llegaba a un acuerdo, fuimos un viernes también pero nos convencía, entonces se deliberó cuál sería mejor, cuál convenía, se decía martes, pero habían algunas de las madres que decían que el martes es mala suerte y se fue ganando posibilidad de lunes, martes, miércoles, JUEVES, y se vio que al decir jueves fue gusto de la mayoría. Ese grupito le gusta más el jueves y entonces decidimos un jueves, todos los jueves ir a la plaza, nosotras no pensábamos que íbamos a estar ni semana tras semana, ni meses tras meses. Nosotras pensábamos que bueno otra vez que nos reuniéramos ya íbamos a tener más posibilidad de respuesta. Nosotras empezamos a ir los jueves pero nos quedábamos paradas no marchábamos, pero ya venían los soldados y los militares nos sacaban del lugar “porque no se podía estar juntas, solo de a dos personas sí se podía”,  empezamos  poquitas de a dos no estamos contraviniendo nada, pero estaba el estado de sitio, entonces tres personas no se podían juntar, pero de a dos...

Fue muy difícil porque no nos permitían estar en la plaza, siempre habían obstáculos, pero nosotras insistíamos, yo recuerdo que evitabamos el hecho de salir de ese lugar,  pero nos ponían la taca ahí en la cintura y entonces de esta medida empezábamos a caminar en torno a la plaza.

Pasaron otras semanas y se iban incorporando mas personas, al principio no era un encuentro de madres para denunciar, se llamaban “Los familiares”, pero se dio el caso que fuimos todas madres las que fuimos ese día entonces de ahí bueno ya después se acercaban las familias que tenían sus desaparecidos por mucho tiempo atrás se informaban por alguien que pasaba por la plaza un jueves que preguntaban quiénes eran estas señoras. Entonces les contábamos y ya entonces llevaba esta información a esa familia conocida, y entonces habían a veces madres que se iban a la plaza pero no iban directamente a la ronda porque también tenían miedo. No sabían que podía ser esa ronda y se quedaban a parte, no se animaban, se quedaban ahí al margen hasta que bueno tomaban confianza y empezaban a participar y así bueno se iban sumando madres cuyos casos tenían mucha antigüedad y otras de nuevos casos que iban pasando,  era el año 1977 y en ese año y el siguiente los secuestros fueron miles.

La dictadura, decia de las Madres “esas locas, quién les va a creer que tienen sus hijos detenidos” porque al principio no se hablaba de desaparecidos, sino de detenidos, sin embargo la palabra desaparecido empezó a surgir. No tuvimos en cuenta que pudiéramos ser para ellos un motivo de preocupación y así fue dando que nosotras siempre buscábamos la posibilidad de dar testimonio, denunciar especialmente al extranjero.

DG: ¿Por qué se dice que uno de los momentos más importantes de visibilizacion para ustedes fue el campeonato mundial de futbol?, ¿fue una casualidad?, ¿qué pasó?

MAB: Antes la información salia a fuera por los exiliados en Europa, personas que sobrevivieron, que se exiliaron y contaron allá lo que pasaba, allá empezaron a recoger la información, pero no llegaban a la Argentina y entonces cuando el mundial vinieron muchísimos periodistas, muchísimos. Puedes imaginar de todos los países para cubrir el mundial, yo siempre digo que fue un boomerang para la dictadura, porque muchos de esos periodistas sabían lo que estaba pasando en Argentina, porque nosotras ya en algún momento ya habíamos dado nuestro testimonio. Entonces ahí empezamos a contar, cuidándonos de que la dictadura no se diera cuenta que nosotras dábamos testimonios, porque era un riesgo para los mismos periodistas y entonces siempre teníamos la posibilidad, en tal lado, nos vemos en tal esquina, en tal cafetería y allí entrabamos de casualidad que nos encontrábamos hablábamos, y mientras tanto ahí sabíamos que tenían un grabador y grababan.

DG: En forma casi clandestina prácticamente....

MAB:Todo clandestino, todo.

DG: Antes del campeonato mundial ustedes ya habían tenido la posibilidad de denunciar algo, pero ¿a través de quíenes?,  redes de periodistas o de defensores de los derechos humanos?

MAB: Nosotras las denuncias que hacíamos a nivel de gobierno y dijimos que íbamos a salir al exterior a denunciar porque nosotras no teníamos respuestas del gobierno, entonces íbamos a ir a buscar ayuda

DG: ¿Cómo lo lograron? ¿Con embajadas de Estados o con otras organizaciones?

MAB: Siempre claro, había alguien del otro lado, sabíamos que había gente que estaba observando, cuando se salía al exterior al regreso era muy peligroso porque se sabía que venían las madres y se hacía lo que no se hacía a lo mejor con otros pasajeros, para  ver que traían. Ya  la dictadura estaba sabiendo lo que pasaba, las contradicciones en el exterior entre lo que ellos decían y las denuncias, por ejemplo en Francia  el gobierno argentino hablaba de los anti-argentinos que estaban denigrando a los argentinos, al país, con todas estas mentiras que decían de que habían desaparecidos que se llevaban la gente.

En el año 78 después del mundial la OEA llegó a solicitar una presencia en Argentina para descubrir si eran verdad todos estos testimonios que les llegaban a ellos. Pues yo me fui a hacer mi testimonio y mis denuncias no en Argentina, yo me fui o a Bolivia, de ahí para seguridad de que no me lo dejara en el camino, pero otros organismos llevaban los nombres de los desaparecidos. Sí hubieron otros organismos que en su momento también trabajaban pero lo que pasó con Madres es que nosotras éramos visibles, los otros organismos trabajaban muy bien pero estaban en un espacio cerrado.

DG: Como redes de defensores de derechos humanos pero invisibilizados...

MAB: Claro, en cambio nosotras no.

DG: ¿Eran en su mayoría redes nacionales o redes internacionales?

No no, las que vinieron y fueron más contundentes fueron las internacionales, porque a la dictadura no le importaba en absoluto lo que el argentino supiera, pensara...nada, nada, pero por eso se cuidaban de ir a hablar bien fuera del país del gobierno militar y allá enviaron represores, gente que había torturado y secuestrado, como a Paris. Fueron muchas cosas que se fueron dando para que   el gobierno supiera que ya no pudiera decir que no pasaba nada.

Cuando la OEA decían: “Que vangan estos señores, que vengan que van a ver que acá no pasa nada”. Claro cuando vino la OEA estábamos en la Avenida de Mayo, éramos cuadras de gente, de familiares que estábamos esperando turno para denunciar y salió uno de estos cómplices de la dictadura un representante, que había sacado pegatinas, con los colores de Argentina que decían “los argentinos somos derechos y humanos” y todo auto que pasaba le chantaban esa pegatina y a nosotros que estabamos ahí nos decía que éramos todos traidores, pero con todas las denuncias que se llevó la OEA no podían negar nada eso en el año 1979.

Llegó el año 80 y cada vez habían mas casos, y no sabían como escapar  de eso y no se les ocurrió mejor cosa que la guerra de las Malvinas, ya lo habían intentado antes con la guerra con Chile, para sacar la atención, así la gente se ocupa de otra cosa.  Al inicio de la guerra de las Malvinas yo no estaba en la Argentina y justo me había ido unos días antes cuando nadie suponía que iba a haber una guerra. Yo había viajado a Austria y Alemania a una gira en el 82 y allá nos decían a nosotros que Argentina estaba perdiendo la guerra y los argentinos creían que la estaban ganando. Cuando volví a Argentina todos me decían que pensaban que la estábamos ganando y yo les decía que ya sabía que la estamos perdiendo.

Es lo que pasa también acá en Colombia; que ha sucumbido mas a la prepotencia,  al poder y sabemos de dónde,  porque no es el presidente de acá, porque este es un presidente títere, porque el que manda es Estados Unidos, Bush,  el primer terrorista del mundo es Bush, yo se lo dijo a los norteamericanos que van a Argentina, yo les digo, el primer terrorista, ustedes consideren que él es el que lleva la guerra a otros países, porque la guerra no surge de un país, él hace que se metan a pelear, mete la cizaña, porque para él lo importante es que haya guerra para poner su mercado de armas, con esa fuerza quiere ser el dueño no solamente de Norteamerica y de Suramerica, sino de todo el mundo, estamos viendo como está moviéndose en todos los lados.

Nosotras hemos tenido mucho desencanto en el sentido que a veces habían muchas esperanzas, por ejemplo cuando se fue la dictadura y vino un gobierno constitucional que hizo el juicio a los militares, entonces pensamos ahora ya vamos a saber, nosotras  sabíamos que si la justicia actuaba como tenía que ser y nos decían lo que pasó todo se aclaraba,  pero  no dijeron nunca nada. A mi no me dijeron porque se llevaron a mi hija y a mi yerno, yo no sé nada hasta el  día de hoy. Yo no sé dónde se los llevaron, quién fue que dio las órdenes.

Entonces la justica sabemos que era cómplice y que todavía hay algunos jueces cómplices de aquel tiempo. La justica cómplice, la Iglesia cómplice y nosotras teníamos muchas amarguras en la iglesia especialmente. Uno sabía como era  la  dictadura, el gobierno, pero de la Iglesia pensábamos que actuaban de otra manera, que actuaban de acuerdo al evangelio

Uno constata que  sabían lo que pasaba y que eran cómplices, cómplices porque estaban los obispos en los campos de concentración y esto no se hizo visible y sabemos también que adentro habían curas que han sido asesinados porque eran realmente lo que deberían ser todos ellos.

No pudieron con nosotras, no pudieron, porque después ya tocar a una madre,  habían secuestrado las tres madres al principio, al secuestrar a estas madres pensaron que al ser las más visibles,  todo el movimiento caería,  quedaría parado pero nosotras seguimos con más fuerza todavía, denunciamos también esas desapariciones y continuamos el movimiento con más fuerza porque teníamos más necesidad de justicia y de denuncia.

Después salen las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y ya fue un masazo en la cabeza porque volvíamos atrás, era como que nos negaban todo otra vez, como volver a buscar, volver a empezar.  y se empezó a trabajar para ver como se podían tumbar estas leyes hasta que pasó el tiempo, y se dieron los frutos al final porque abolieron esas leyes, la leyes de impunidad y ahora nadie se salva. Antes se salvaban todos porque quedaban libres.  Ahora están presos, pero presos en sus residencias y otros que han ido a juicio, otros misteriosamente se auto asesinaron, se auto suicidaron, justo cuando se sabía que iban a ser testigos porque no querían caer solos, porque iban a comprometer a los de arriba los suicidaron,  ahora antes de venir a Colombia informaron que otro componente de ese grupo de torturadores de alto cargo militar, se “suicidó”.

En este último tiempo tres tenían que presentarse a testiguar. Y hay que ver quienes participaron, porque todavía no se ha sabido todo, ahora hay el caso de un alto militar que está en un importante cargo y era un torturador de los que secuestraban y asesinaban, en 25 años nadie jamás lo nombró... Bueno hay tanto para hacer todavía pero el hecho que la justicia ahora está ya queriendo renovarse, apersar de que todavía hay algunos remanentes y si no se depura todo nunca va ser nada auténtico porque siempre va ser alguien que diga: “No esto no”.

D.G:¿Ustedes han tenido un papel activo en el pasaje de la dictadura a la democracia?

MBA: No solamente nosotras, sino todo el grupo de derechos humanos, las personas que se iban comprometiendo  para  producir la fuerza desde adentro. Aunque  son los partidos políticos los que de alguna manera también mueven después el pasaje de un momento al otro, cuando vino ese gobierno constitucional se fueron integrando las fuerzas de la sociedad: los distintos estamentos, organismos que trabajaban, comisiones de derechos humanos, después se agruparon en coaliciones, para llevar a cabo cosas fundamentales, aunque podían representar distintas facciones políticas se unieron porque sabían que para poder llegar a tal punto había que consensuar muchas cosas mas allá de cada uno, de su pensamiento político individual o de organización. Así fue como se fueron formando esas colectividades políticas.

DG: ¿Redes?

MAB:Todos convergiendo lo mismo en tal cosa y ya los militares no podían estar más

DG:¿Durante la dictadura, ustedes tenían relaciones con otros grupos, partidos políticos?

MAB: Los partidos políticos no actuaban, primeramente no podían intervenir, estaban marginados, aunque se dieron excepciones, hubo un partido que recibía nuestras denuncias, que no hacía mucho pero por lo menos nos escuchaba, los otros no querían saber nada, nada, absolutamente nada, creían que todo estaba bien, no se comprometían, uno les llevaba una carpeta y les deciamos  estos son los casos y en la mayoría de los casos no la recibian, ni siquera nos atendia. Una vez queríamos distribuir un dossier, con nuestras jóvenes embarazadas, y  un solo partido lo recibió, el Partido Intransigente, los otros partidos no lo recibieron porque tener eso ahí era un compromiso.

Después justamente surgió el Partido Radical que no se fugó, como el pueblo quería elecciones, elecciones había que haber. Entre el uno y el otro por lo menos se llegó a ese fin de conseguir que se fueran los militares pero imagínate que cerebro que tenían, antes de irse  hicieron una auto amnistía, pero fíjate vos, ya sabían todas las barbaridades que habían hecho y ya todo el espacio como decir: “Nadie nos venga a decir nada porque hay una auto amnistía”. La Iglesia comprometida con ellos igual

DG:¿Cuál era la composición social de las Madres?

MAB: Cuando nosotras nos fuimos juntando venían de todos los sectores sociales y nosotras no preguntábamos: ¿de dónde eres, quién eres, qué religión tienes, qué nacionalidad? Era una madre a la que le habían llevado  su hijo o  su hija y punto se integraban a las filas. Desde luego que es una organización en la cual, habían madres universitarias, profesoras, maestras, y después la mayoría madres del pueblo, digamos madres comunes porque en esa época no se trabajaba,  las madres ocupaban un lugar en la casa, no estaban liberadas, independizadas, nosotras estábamos la mayoría en nuestras casas, en ese entonces lo importante eran los hijos, el esposo y la casa y con eso uno vivía feliz.

DG:¿Hubo algún proceso de formación política entre ustedes como sujeto político como Madres en el tiempo?

MAB: Nosotras en el tiempo fuimos aprendiendo lo que pudimos. Habían unas que sabían más, con más experiencia por su vida anterior al secuestro de sus hijos. Otras con mucho menos experiencia quizás limitadas en muchas cosas, lo que fuimos aprendiendo es lo que nos dio el caminar, la búsqueda de hablar con uno, de hablar con otro, de saber distinguir quiénes son buenas personas, quiénes nos iban ayudar, quiénes no, quiénes nos querían usar, quiénes no,  esa experiencia se fue dando, unas son más inteligentes, más desenvueltas, tienen más oratoria, más facilidad de palabra y otras somos más retraídas. Pero bueno hay una verdad que si es la verdad que nosotras sufrimos desde el momento que se llevaron nuestros hijos, en el momento que vimos como actuaba el ejército, como actuaba la policía como actuaba la iglesia, como actuaban grupos determinados y esas fueron unas experiencias buenas unas y otras que nos marcó.

A mi me marcó en el punto de la Iglesia, de la religión, no porque uno se aparte, pero la confianza que tenía en la Iglesia. Ahora yo no creo absolutamente nada, la rechazo, pero la rechazo.  Antes siempre la defendía cuando me hablaban mal de la iglesia, de los curas yo los defendía decía son hombres con sus falencias, depues  a través del tiempo abrí los ojos y analizaba muchas cosas que quizás antes también, pero no le daba la importancia que le daba después. Yo he tenido malas experiencias con dos, uno el nuncio Calareis, cuando le dijimos que por favor interlineare que había jóvenes que están embarazadas, que había que cuidarlas, sabes que me dice?,  atendiéndome a la entradita no más: “Pero señora las chicas hoy en día se hacen tantos abortos”. Eso me dijo, eso me dijo el Nuncio Apostólico de la Iglesia, de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, cómo yo voy a creer? ... Son cerdos, por lo menos hubiera sido falso, me hubiera dicho: “Bueno señora vamos a ver qué podemos hacer”; pero hacerme un gesto así.

Y otro que era decán de las fuerzas armadas, lo vamos a ver  tres madres -nos atendió de pie, no nos dejó sentarnos-, a él le solicitamos que interviniera ante el crímen de la tortura, depues de escucharnos,  él con una sotana de dos metros nos mira así, y nos da la espalda, camina a paso lento y después de avanzar casi dos metros se da vuelta y viene caminando con toda su altura y haciéndose así  las manos y nos dice: “A mí las torturas no me constan”. Esa escena no la puedo olvidar jamás, y  siempre la he denunciado, siempre me acuerdo de ese momento, muchísimas veces porque es una cosa terrible...

DG: ¿Cómo han cambiado, las consignas en los años?

MAB: Hay consignas que siguen intactas como siempre y ahora hay consignas nuevas, como una que vamos hacer ahora el 24 de marzo: “por la aparición con vida de Julio Jorge López”, que es un desaparecido en democracia. Nosotras no cambiamos en absoluto, seguimos haciendo la marcha de la resistencia todos los años para la fecha de la declaración de los derechos humanos, seguimos haciendo la ronda todos los jueves de 15:30 a 16:00 y las consignas son las mismas, hemos incluido otras, pero las consignas son las mismas

DG¿Y las demandas también?

MAB: Y las demandas siguen en lo mismo, porque prevalece la misma situación: falta de trabajo, falta de vivienda, falta de educación, falta de salud, igual que antes, no cambió en el tiempo, bueno sí era otra época, otro gobierno pero respecto a eso todavía no se ha dado solución: no hay fábricas, no se generan fuentes de trabajo y al no generar fuentes de trabajo se ven los niños chiquitos que mueren de hambre porque no hay solución para ese problema. Lo que cambió   es que ya no pueden cometer libremente tantos delitos como antes.

 

 

ANEXO B

Premios, Menciones, Honores y Reconocimientos Otorgados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo

 

Premio "A la Lucha por la Vida"
Otorgado por la Universidad de Essen.
Marzo 1980, Essen, Alemania.

"Premio por la paz"
En reconocimiento a su lucha y coraje, otorgado a través del Obispo Curt Schort de Berlión en la Iglesia de la Cruz de Bonn y encargo de la Comunidad Estudiantil Evangélica de la República Federal de Alemania
10 de marzo de 1980, República Federal de Alemania.

Premio "Solidaridad del Pueblo Noruego"
Diciembre 1980, Noruega.

Premio "Por la Verdad y la Libertad"
Otorgado por The Rothko Chapel
20 de julio de 1981, Estados Unidos.

Premio "A las Madres"
1983, Cambio 16, Madrid, España.

Mención "Homenaje a las Madres"
Cámara Municipal de Río de Janeiro
Bancada del P.D.T.
Mayo de 1983, Río de Janeiro, Brasil.

Mención de Honor
al Periódico Madres de Plaza de Mayo
25 de julio de 1985, San Pablo, Brasil.

Premio "Vladimir Herzog"
Otorgado al Periódico Madres de Plaza de Mayo
25 de octubre de 1985, San Pablo, Brasil.

Homenaje de los estudiantes latinoamericanos a las Madres
Con motivo del 70 aniversario de la Reforma Universitaria y los 60 años del nacimiento del Comandante Che Guevara
16 de agosto de 1986, Córdoba, España.

Los Notables
1987, Radio Rosario.

Premio "René Sand"
Otorgado por la contribución a los Derechos Humanos, la Justicia y el Bienestar Social
Agosto de 1988, Berlín, Alemania.

Réplica del Sable Bolívar
Entregado en guarda por el M-19
1988, Buenos Aires, Argentina.

Medalla de Honor
Entregada por la Universidad de Córdoba con motivo de los 70 años de la Reforma
1988, Córdoba, Argentina.

Premio "Orden José Rafael Varona"
Entregado por la O.C.L.A.E. (Organización Lationamericana de Estudiantes)
1988, Cuba.

Reconocimiento de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos
de Nov Barris por su lucha ejemplar
Marzo de 1990. Barcelona, España.

Premio "León Felipe"
1990, Madrid, España.

Medalla de Oro de la Ciudad
Otorgada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Castelldefels
10 de marzo de 1990. Barcelona, España.

Vecinos del Nuevo Barrio de Barcelona,
nombran "Madres de Plaza de Mayo" a una plaza
1990, España.

Premio "Una Utopía hacia la Paz"
Otorgada por el Ayuntamiento de Marinaleda
Marzo de 1991. Sevilla, España.

Mención al Periódico Madres de Plaza de Mayo
De la Asociación de Oyentes "Sin Anestesia"
1º de abril de 1991. Buenos Aires, Argentina.

Premio "Sajarov" a la Libertad de Pensamiento
Del Parlamento Europeo
17 de diciembre de 1992, Europa.

Testimonio de Reconocimiento
Por vuestra lucha y nuestra libertad. Por la dignidad humana, social y nacional. No olvidar y no perdonar.
50 aniversario del levantamiento del Gheto de Varsovia
Otorgado por la Federación de Entidades Culturales Judías en la Argentina
19 de abril de 1993, Argentina.

Premio del Auntamiento de Castell de Fells
Otorgado a las Madres de Plaza de Mayo por su lucha de amor no violento
1993, España.

Mención Especial al Periódico Madres de Plaza de Mayo
Otorgado por la Asociación de Oyentes "Sin Anestesia"
Julio de 1994. Buenos Aires, Argentina.

Mención Especial al Programa Madres de Plaza de Mayo, Radio FM Comunitaria de Avellaneda
Otorgado por la Asociación de Oyentes "Sin Anestesia"
Julio de 1994. Buenos Aires, Argentina.

Mención Especial al Programa "Cuídese pero no se salve", Radio FM Futura de La Plata
Otorgado por la Asociación de Oyentes "Sin Anestesia"
Julio de 1994. Buenos Aires, Argentina.

Premio Rector Mauricio A. López ala defensa de los Derechos Humanos
Universidad Nacional de San Luis
1994. San Luis, Argentina.

Premio Ciudad de Brescia "Laura Bianchini"
Al testimonio precioso de amor, de vida y de la libertad
1995.

Premio "Caballeros de la Vida"
29 de septiembre de 1995. Verona, Italia.

Premio a la Mujer Luarca
Otorgado por el Consejo Nacional de la Mujer del Ayuntamiento de Valdés
1996. Valdés, España.

Ciudadana Emérita de Santos
1996, Brasil.

Premio "Cavallieri de la Vita"
Otorgado por el Centro Aiuto Vita Valpolicella
26 de octubre de 1995. Verona, Italia.

Comité de Solidaridad con América Latina (CO.S.A.L.)
8 de abril de 1996. Asturias, España.

Jornadas Nacionales de Etica y IIº Congreso Nacional Interdisciplinario de Etica Aplicada, "Etica y niñez"
31 de octubre al 2 de noviembre de 1996. Buenos Aires, Argentina.

Premio a la Gran Madre
Otorgado por el Instituto Superior de Danza Armonizadora
1996. Buenos Aires, Argentina.

Celebración para las Madres
Instituto Poligráfico de Roma.

Diploma de Honor Cátedra Pablo de la Torriente Brau
Otorgado por la Universidad de La Habana
14 de marzo de 1996. La Habana, Cuba.

Premio Mate Amargo, FM Compartiendo
1996. Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Premio de La Rete - Milán -
Notiziario della Rete Radial, Resch de Solidarieta Internazinale, año 1
1999. Milán, Italia.

Premio Cultura Quente o Compromiso, CQC
Concello de Caldas de Reis.
1999.

Elkaltasuna. Solidaridad.
22 de abril de 1999. Euskal Herria.

Condecoración del Pueblo de Yugoslavia
por haber actuado como escudos humanos contra la guerra
1999. Yugoslavia.

Premio UNESCO Educación para la Paz
13 de diciembre de 1999. París, Francia.

Calles, Plazas y Monumentos con el nombre "Madres de Plaza de Mayo"
en Alemania; en Holanda: Amsterdam; en España: Madrid, Barcelona, Almería y Coslada.

 

Fuente:

http://www.madres.org/asp/contenido.asp?clave=799

 

 

ANEXO C

Declaración final del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Ocho propuestas para la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad

 

El segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano político, y profundamente regresivo en el plano social.

Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La política de “seguridad democrática” incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía, la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno.

Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una competencia que favorece únicamente a la economía de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del país, el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y una extensión social de la pobreza absoluta.

En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción. En estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares respaldada por las unidades del Ejército y la Policía (realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social y político a través de la infiltración de las instituciones, para después instituir el lavado de activos, la contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de tierras.

La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un significativo ascenso de la acción pública de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y organización de las asociaciones de víctimas y sobrevivientes de crímenes de Estado.

Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.

1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales

Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.

Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.

El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales y megaproyectos que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.

2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral. Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas y exterminadas puedan participar de la vida pública. También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos.

La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón, la difusión social y la utilización jurídica de esta información son tareas estratégicas para las víctimas del Estado.

En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio por razones políticas.

Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el Movimiento de Víctimas trabaje por la creación de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allí pueden tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes y compilaciones documentales disponibles.

3. Una estrategia por la memoria y la reparación integral desde las víctimas: la Comisión Ética

El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria histórica a través de la conformación de una Comisión Ética que custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica de las víctimas de crímenes de Estado, así como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia y la reparación integral. La Comisión Ética nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los derechos de las víctimas, y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05. La Comisión Ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, África y Asia. Promoverá la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios y objetos de las víctimas. Así mismo, animará espacios públicos de la memoria con museos públicos, construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar.

La Comisión Ética como construcción de propuestas de verdad, de justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las organizaciones de víctimas –indígenas, afrocolombian@s, campesin@s, mestiz@s, mujeres, niñ@s y jóvenes, trabajador@s- recopilará insumos fundantes para la futura conformación de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando en Colombia existan garantías reales para la misma. Partiendo de la solución política del conflicto social y armado.

La Comisión Ética acompañará las prácticas de las víctimas en la afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones, creación de zonas de reserva campesina y de catastro alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, recuperación y fortalecimiento organizativo y tejido social, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas -que deberá ser reconocido por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia.

4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo

Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales.

Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantían de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo.

El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).

El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales.

El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional.

El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.

5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo

Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las víctimas por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos, como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quienes tienen que reparar son los actores intelectuales causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos.

Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de impulsar el Mandato Agrario en su conjunto, con énfasis: en el fin al desplazamiento forzado, la solución al conflicto social y armado y la unidad de las víctimas; al igual la propuesta de la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la política de terrorismo de Estado.

El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos. También podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento.

6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar

Las víctimas de crímenes de Estado declaran su derecho a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar.

Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus líderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas. Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.

El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crímenes, de revitalizar los ríos, las tierras, liberándolas de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre, las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.

7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica

La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los colosales esfuerzos de las victimas de las y los sobrevivientes del Partido Comunista colombiano y de la Unión Patriótica, por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado.

El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición UP.

Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de oposición.

Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad, y por lo tanto, no permitirá que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social, popular y político alternativo puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición.

8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas

El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente en el plano nacional.

Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes de Estado en un solo mecanismo de coordinación permanente, y haga realidad las líneas de acción social, política y jurídica en cada lugar. En dicha dinámica la educación y capacitación en los temas de conflicto y paz, las vías de exigibilidad y realización de los Derechos Humanos, y en especial, los Derechos de las Victimas, deben ocupar un lugar importante.

La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos se fortalece con la conformación de cada nueva organización de familiares o sobrevivientes de crímenes del estado, por ello saludamos la creación del “Movimiento Hijas e Hijos contra la impunidad y por la memoria.

Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Bogotá D.C., 9 de julio de 2006.

 

Fuente: http://www.movimientodevictimas.org/node/105

 

 

 

ANEXO D

 

Documentos de discusión IV encuentro de Víctimas de Crímenes de Estado

6,7 Y 8 de Marzo de 2008

- CONVOCATORIA

La lucha por la recuperación de la memoria histórica, los derechos a la verdad, la justicia,la reparación integral y las garantías de no repetición, se ha visto expresada con firma determinación a lo largo y ancho del país en numerosos esfuerzos de una multitud de personas, organizaciones y comunidades afectadas por la acción criminal del poder estatal y su estrategia paramilitar.

Como el Movimiento de Víctimas lo ha reiterado, el camino recorrido por Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de gobierno, no conduce a la reconciliación y mucho menos a la paz, por el contrario, ha estimulado la confrontación armada, consolidando la impunidad e incrementando considerablemente la vulnerabilidad y el número de víctimas, como lo demuestran los últimos acontecimientos. Con la apertura de los procesos judiciales y las capturas de altos funcionarios del gobierno, Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, etc., es cada vez más claro que se viene deslegitimando el actual proyecto oficial de ultraderecha debido a que todos ellos son los que han apoyado su campaña política a costa de la sangra delos Colombianos y las Colombianas.

El Estado sigue siendo rehén del paramilitarismo y del nacotráfico. Las recientes elecciones han confirmado su poder social, económico y político en centenares de municipios del `país. El paramilitarismo no solo no se ha desmovilizado sino que mantiene intactos sus nexos con los agentes de la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia del Estado y sectores del Poder Judicial; así como los vínculos con gremios económicos, empresas nacionales y transnacionales. El gobierno hace todo los esfuerzos por obstruir las investigaciones de la Corte Suprema en un descarado afán por favorecer a la bancada Uribista vinculada con crímenes de lesa humanidad. Bajo las políticas de “lucha contra el terrorismo” y la estrategia oficial de la “seguridad democrática” se viene legalizando el poder mafioso en Colombia, lo cual es una amenaza para las fuerzas sociales y democráticas que buscamos una transformación real del país.

Diversas valoraciones de entidades nacionales e internacionales coinciden con el Movimiento de víctimas sobre el colapso de la ley 975 de 2005. Las versiones libres de los jefes paramilitares no vienen aportando mayores elementos para esclarecer la verdad y en cambio se han dedicado ha hacerle apología al delicto. Más de cuatro millones de personas continúan desplazadas porque no ha habido devolución de tierras y bienes; al mismo tiempo que crecen las amenazan y riesgos para las víctimas la llamada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está más empeñada en proteger los intereses del gobierno y de los victimarios, que en ofrecer garantías a las víctimas para la superación de la impunidad.

Por su parte las fuerzas armadas, que tienen en su contra cientos de investigaciones, recobraron su protagonismo en la guerra sucia non solo por la continuación de alianzas con el paramilitarismo, sino que adicionalmente se registran 955 asesinatos y torturas por manos propias, que hacen parte de falsos positivos.

También llama la atención la crisis económica, social, cultural, y de soberanía nacional que vive el pueblo, crisis que se expresa en el aumento de las cifras del desempleo, pobreza, privatización de empresas de servicios domiciliarios y el cierre de hospitales y cínicas publicas. De otro lado el gobierno insiste en suscribir con Estado Unidos un TLC arbitrario y desventajoso.

A pesar que el acuerdo humanitario, está lejos de ser una prioridad del gobierno, quien entorpece o desconoce cualquier iniciativa para su desarrollo, durante el último año ha emergido con mayor fuerza la exigencia por la libertad de los retenidos; los estudiantes y profesores se levantaron ejemplarmente para defender el carácter público de la educación; los trabajadores se han movilizado oponiéndose a las políticas de privatización y en contra del recorte a las transferencias. Las luchas indígenas y campesinas se expresan en forma heroica en busca de sus derechos; las operaciones del Plan Colombia y su nueva fase, están causando un enorme daño al medio ambiente, a la salud campesina y vienen victimizando enormemente a la población civil en las áreas de conflicto. Frente a esta realidad la exigencia de la solución política negociada al conflicto colombiano surge como la alternativa más realista en la hora actual.

Desde su tercer encuentro el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE –, propaga numerosas acciones en torno a sus ocho estrategias a nivel nacional y en los lugares mas apartados del mundo donde ha sido invitado. Las audiencias públicas, los encuentros regiones de víctimas, la creación de nuevos capítulos, la constitución de la Comisión Ética, los avances para hacer efectivo un Catastro alternativo, la consolidación de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, entre otros, son signos contundentes del fortalecimiento del Movimiento de Víctimas y de los avances de la lucha contra la impunidad en el país.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca al IV Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y graves violaciones de los derechos humanos para los días 6,7 y 8 de marzo de 2008 en la ciudad de Bogotá, D.C. En esta reunión nacional, los familiares de las víctimas del terrorismo estatal, los sobrevivientes de grupos políticos y movimientos sociales sometidos a genocidios, los representantes de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en resistencia, los delegados de los desplazados y exiliados por la violencia política, evaluarán, discutirán y ampliaran las estrategias de lucha contra la impunidad tendientes a fortalecer el Movimiento y sus relaciones con experiencias similares en América Latina. El Encuentro adoptará además las directrices a seguir en la lucha por la verdad, la justicia,la reparación integral y las garantías de NO repetición; por la salida negociada del conflicto político, social y armado, el acuerdo humanitario y por la democratización del país.

!Contra los crímenes del terrorismo estatal: verdad, justicia y reparación integral para las víctimas!

 

Propuesta de Estrategia Jurídica que persiga a los autores de Crímenes de Lesa Humanidad

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado.

Antecedentes

Desde finales del año 2002 el Gobierno Nacional inicio un proceso de “negociación y desmovilización” con las estructuras Paramilitares, en el que se ha demostrado falta de transparencia,  desconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral que le asiste a las víctimas, inconsistencia en las cifras de desmovilizados  frente a las cifras oficiales del  número de miembros pertenecientes a las estructuras paramilitares, incumplimiento del “cese de Hostilidades”, el no desmonte de dichas estructuras y su fortalecimiento en amplias zonas del país, el rearme o creación de nuevas estructuras,  la expansión de su  poder político-económico  y la expedición de un marco normativo encaminado a la legalización de la impunidad de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por la estrategia paraestatal.

Según cifras oficiales hasta la fecha se habría producido la desmovilización individual y colectiva de 35.288 miembros de las estructuras paramilitares.  Estas “desmovilizaciones” se realizaron a partir de la aplicación de dos marcos jurídicos:

-         Primer marco normativo[224]: Se efectuó una supuesta reincorporación a la vida civil de estructuras paramilitares, concediendo beneficios económicos, administrativos y jurídicos a favor de quienes se acogieran al proceso sin comprometerlos con el deber de confesar la verdad respecto de los crímenes cometidos, ni someterlos a un proceso judicial para a investigar, juzgar y sancionar los crímenes perpetrados o violaciones a los Derechos Humanos o del Derechos Internacional Humanitario durante su permanencia en esas estructuras ilegales. A los grupos sólo se les exigió un listado de personas a desmovilizarse y las armas que entregarían, y a los paramilitares individuales únicamente facilitar sus identidades, huellas dactilares y registros dentales, con los que el Gobierno en un plazo muy corto comprobó sus antecedentes, obviando información sobre su estructura,  bienes y fuentes de financiamiento. En este proceso, no se previeron mecanismos adecuados de participación y reparación a las victimas, constituyéndose  en un mecanismo de perdón, olvido e impunidad.

32.300 Miembros de las estructuras paramilitares desmovilizados recibieron beneficios  económicos, administrativos y jurídicos en virtud de dicha normatividad y en consecuencia les fueron otorgados indultos, preclusiones de la investigación, cesaciones de procedimiento   etc; sin que se efectuara una efectiva investigación para establecer si estaban  vinculados a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos o del derecho Internacional y Humanitario.

A la fecha, la situación jurídica de estos 32.000 desmovilizados no ha variado, pese a que las autoridades judiciales están en la obligación de dar cumplimiento al Fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresó que los miembros de las estructuras paramilitares no pueden ser considerados como autores del delito de sedición considerado como  delito político dentro de la legislación penal., debido a que los hechos cometidos por las mismas NO fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente; en consecuencia, sus “desmovilizados”  no podían recibir beneficios de indultos, amnistías o asilos, ni ser favorecidos con la prohibición de la extradición y la posibilidad de aspirar a ocupar cargos públicos.

En otras palabras, las autoridades judiciales han desconocido la obligación de abrir y adelantar las investigaciones penales por el delito de concierto para delinquir agravado a aquellos paramilitares que se desmovilizaron en virtud de la Ley 782 de 2002 y el decreto 128 de 2003,  pues hasta la fecha esto no se ha producido.

-         Segundo marco normativo[225]: Constituye un marco de carácter residual y consiste en la aplicación de un procedimiento penal especial a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, quienes a partir del cumplimiento una serie de requisitos se  hacen acreedores a penas mínimas por los crímenes perpetrados.

Han transcurrido dos años de entrada en vigencia de la “Ley de Justicia y Paz”, los resultados que prometía en materia de esclarecimiento histórico de los hechos y satisfacción del derecho a la verdad individual y colectiva, distan enormemente de lo alcanzado hasta el momento. El Gobierno Nacional ha expedido una serie de decretos que desconocen los  fallos de la Corte Constitucional proferidos al ejercer el control constitucional de la ley, que aunque no resolvieron  los problemas estructurales de la misma, si fijaron algunas pautas en materia de garantías y protección de los derechos de las víctimas.

El MOVICE y la estrategias de lucha contra la impunidad:

El movimiento de víctimas de crímenes de estado –MOVICE- ha señalado que el marco jurídico constituye una negación de los derechos de las víctimas y la legalización de la impunidad de los crímenes de estado cometidos en Colombia. Por esto, en sus asambleas ha reafirmado que uno los retos y desafíos es develar estos mecanismos de impunidad a través de la intervención en diversas instancias y procedimientos jurídicos tanto nacionales como internacionales.

De un simple análisis del los componentes del marco jurídico planteado por los victimarios, para el enjuiciamiento de los paramilitares, podemos prever que los mínimos que nos hemos propuesto en nuestra lucha contra la impunidad, no se cumplen ni están contemplados por dicha normatividad. Por ello la decisión de no participar de la farsa de los tribunales creados por la ley 975 significa un rechazo rotundo de algún grado de legitimación de la impunidad. Significa la búsqueda de alternativas ético-políticas y jurídicas que posibiliten la funcionalidad de la justicia y la aplicación pertinente de la condena a los paramilitares, a sus financiadores y actores directos de su existencia y accionar asesino.  Es lograr que a través de un accionar alternativo a la propuesta en la ley de justicia y paz se reconozca la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los grupos paramilitares.  Es buscar formas alternas para garantizar la reparación y la no repetición de los crímenes cometidos por los paramilitares con el beneplácito del Estado colombiano.

Esta postura no significa de ninguna forma quietud e indiferencia ante los procesos de justicia y paz, por el contrario exige un seguimiento minucioso a los mismos para extraer los elementos necesarios, para ejercer la presión jurídica y política, que cambie el escenario de la lucha contra la impunidad. Significa esta postura una disposición a buscar escenarios diferentes a los prefabricados por los victimarios, donde las víctimas, las ONG y abogados que las acompañamos tengamos más posibilidades de reclamación.

Los Mínimos Desde los que Debemos Partir.

Derecho a la Verdad:

Se busca establecer la verdad como forma inicial de lucha contra la impunidad, por ello la verdad deberá oponerse de manera directa a las distintas formas que toma la impunidad en el país, es decir a la impunidad jurídica, a la política, la social y la histórica, en ese  sentido se hace necesario reflexionar sobre el tipo de verdad que buscamos establecer.  

Esta no es una verdad judicial, meramente conceptual que hace referencia sólo a los hechos de forma narrativa y descriptiva de cada situación violatoria de la dignidad humana, que se haya efectuado sobre un individuo o de manera colectiva a una determinada población u organización. La verdad que se pretende establecer es una “verdad completa”, donde todos los crímenes  de lesa humanidad sean evidenciados junto con sus autores intelectuales y materiales, pero además identificando el porque de estos, es decir las razones detrás del accionar criminal del Estado, las razones políticas, económicas, sociales y/o históricas.

Una verdad capaz de incidir política y socialmente en la comunidad colombiana y que aporte a la construcción de una sociedad diferente, en la cual la barbarie no tenga cabida, que posibilite la construcción de nuevos imaginarios culturales, donde no se posible recurrir a la agresiva y exterminadora violencia, como mecanismo para defender u obtener privilegios o superar las diferencias.

Para ello, se necesita una verdad que deje en evidencia pública a los beneficiarios  socio-políticos y económicos de los crímenes del terrorismo de Estado, dejando claro que los crímenes cometidos no fueron únicamente contra personas, sino contra proyectos políticos y sociales, de oposición que buscaban la construcción de una sociedad más democrática e incluyente, a los que se les aplico una estrategia sistemática de exterminio, para eliminar la posibilidad de que proyectos políticos alternativos al actual sistema llegaran a tener acceso al poder aun sin el uso de las armas. Además se busca que la construcción de la verdad no se de desde los victimarios sino desde las victimas y para esto debemos incidir en que estas participen directamente de todo el proceso de construcción de su verdad (sin tener que someterse a la regla “jurídicas” creadas por los victimarios), generando conciencia en la sociedad del deber de recordar.

Solo de esta manera lograremos evidenciar la responsabilidad del Estado colombiano y del establecimiento en la conformación de grupos paramilitares y por tanto en sus crímenes. 

Derecho a la Justicia:

Buscamos una justicia aplicable al autor intelectual y al autor material, una justicia que se extienda a los beneficiarios de los crímenes de lesa humanidad. Por tanto debemos exigir investigaciones y sanciones a empresarios, políticos, funcionarios públicos, terratenientes etc., que financiaron, apoyaron y propiciaron el paramilitarismo.

Planteamos desde esta perspectiva la necesidad de develar los mecanismos de impunidad y de complicidad que encierra el sistema de justicia en Colombia y especialmente la mal llamada ley de Justicia y Paz, presionando al Estado políticamente para lograr garantías de una investigación imparcial.

Debemos propugnar por una justicia que condene al Estado colombiano por su responsabilidad y su política de conformar y financiar estructuras paramilitares en Colombia. Así mismo que condene a organizaciones particulares que han servido como aparatos políticos y económicos para llevar adelante sus planes, tal es el caso de gremios económicos, empresas transnacionales y  partidos políticos.  Una de las condenas que proponemos es la inhabilidad de por vida para el ejercicio de derechos políticos para todos los responsables como pena accesoria a la privativa de libertad. 

El tipo de justicia a aplicar debe ser ejemplarizante y responsabilizante, garantizando a su vez la verdad de acuerdo a los criterios expuestos anteriormente, de forma que envié un mensaje directo a la sociedad de las consecuencias que tendría la comisión de crímenes de lesa humanidad y la constitución de grupos paramilitares.

 

Derecho a la Reparación Integral:

En lo que respecta a la Reparación, creemos que no se debe interpretar como una indemnización o remuneración económica por los daños provocados a las familias. La reparación debe ser integral;  deberá garantizar la reparación del daño tanto a las victimas como a la sociedad, así como a las organizaciones sociales y políticas o a las comunidades a las que se les haya ocasionado perjuicios con los crímenes cometidos.  De igual forma se deberá tener en cuenta la honra, el nombre y el honor tanto de las victimas como de sus familiares y organizaciones. Entendemos por reparar, el devolver a las victimas y a la sociedad a la situación en la que se encontraban antes del crimen.

En este sentido las formas de reparación deben ir encaminadas esencialmente a reconstruir los elementos sociales, políticos, económicos y en suma culturales, destruidos o frenados por el accionar criminal que asesino al hombre o mujer, que destruyó y desapareció su cuerpo queriendo con ello destruir sus proyectos y sus ideales y su aspiración de una nueva sociedad.

Para esto planteamos que se debe definir la fuente de los recursos para la reparación, creemos que estos deben surgir de la extinción de bienes tanto lícitos como ilícitos de los responsables (entendiendo con ello a todos los que han tenido que ver con la implantación de estrategias de terror desde el estado) y deberán ser manejados por el Estado para  luego reparar a las victimas en el aspecto económico. En el ámbito político se deberá tener en cuenta las particularidades del caso, de la organización o colectivo a ser reparado y de acuerdo a ello se corresponderá propender por devolver a las victimas y sus organizaciones al estado anterior a la violación.  En ese sentido se deberá legislar para favorecer las formas de organización social debilitadas a partir de la implementación de la estrategia de terror de Estado, por ejemplo abrir un escenario de reforma agraria como forma de reparar al campesino, acabar con leyes de flexibilización laboral y antisindicales para reparar a la organización sindical.  En fin trazar políticas públicas para el fortalecimiento del tejido social afectado y devolverle su capacidad de transformación democrática.

 

Garantías de no Repetición:

Creemos que garantizando los derechos de las victimas y de la sociedad en general de acuerdo a los criterios expuestos anteriormente, se generan las condiciones para la no repetición de los crímenes y de la actuación terrorista del Estado.

 

Para ello también consideramos necesario, que se tracen políticas públicas que garanticen los derechos humanos y que castiguen de manera severa y prioritaria a quienes intenten repetir lo sucedido.  Para esto es muy importante que se tomen las medidas de protección al derecho de oposición política y social, a la participación social, al derecho de organización y sindicalización, a la acción social y popular, a la libre expresión y a la protesta ciudadana. Para ello se deben expedir medidas que castiguen de manera severa cualquier actuación de autoridades o particulares, contra el ejercicio de la libre expresión y de oposición y reprimir de manera grave cualquier ataque contra estos derechos.

Por ello creemos necesario desarrollar una estrategia que convine dos partes fundamentales, en primer lugar un Accionar Jurídico, Político y Social y por otra parte unas Acciones Jurídico Practicas.

 

1. Estrategia de investigación y documentación:

Recuperar los listados y archivos fílmicos sobre las desmovilizaciones colectivas, allí aparecen los comandantes y muchos paramilitares que se han desmovilizado.

Recolectar testimonios sobre toda la violencia paramilitar y la responsabilidad estatal.

Diseñar una Metodología o retomar la del Proyecto Nunca Más para recolectar información de crímenes de lesa humanidad.

Recoger testimonios sobre connivencia de paramilitares con el ejército, policía, administraciones locales u otros estamentos del Estado.

Solicitar las listas que se encuentren en los procesos acerca de los paramilitares que se hayan desmovilizado de zonas específicas, en aras de individualizarlos e indagarlos acerca sobre la comisión de crímenes, desaparecidos o desplazados.

Realizar de un dossier de prensa regional en el que se evidencie la  relación entre paramilitares y políticos, el control económico de los paramilitares y la connivencia de éstos con autoridades civiles y militares.

Recoger los discursos gubernamentales en los que se haga evidente el respaldo a los paramilitares y se ataque a las víctimas. 

Consolidar un listado de bienes que se encuentran en cabeza de desmovilizados y/o testaferros.

Consolidar una base de datos que contenga aspectos como: Composición de las estructuras paramilitares, jurisdicción donde actuaban, Planificadores y ejecutores, crímenes cometidos (mapeo),  mecanismos de actuación y ejecución de los crímenes, relaciones con agentes estatales, contexto locales, pirámide de responsabilidad, entre otros.

Solicitar a las víctimas  que hagan inventario de bienes muebles e inmuebles robados. Se puede acudir a fuentes oficiales o a la información  que las propias víctimas tienen. Ellas deben buscar los mecanismos para saber a nombre de quienes se encuentran (que ellos mismos soliciten la información a la Oficina de registros de instrumentos públicos). Diseñar un formato para la recolección de la información,  Consolidar un listado de bienes, de aquellos que se encuentran en cabeza de desmovilizados y/o testaferros. Esta información debe ser remitidas a las entidades encargadas  con la garantía de los derechos de las victimas  (complemento con la estrategia de catastro alternativo)

Trabajar con las victimas y comunidades inventarios de daños. Hacer un documento conforme al crimen sea individual y/o colectivo, el tipo de comunidad  y/u organización social que afecto e integrar en la propuesta todos los componentes de reparación conforme a los estándares internacionales  que ya han sido explicados ampliamente. Además es necesario que se esclarezcan las dimensiones del daño, la manera en que ha afectado a las personas y comunidades, sus consecuencias puntuales y sus secuelas futuras (complemento con la comisión de ética)

 

2. Estrategia Jurídica

2.1. Ante la Justicia Nacional:

 

2.1.1. Justicia Ordinaria: Es necesario insistir en la participación desde la ley ordinaria colombiana y generar desde ahí un presión jurídica que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la obtención de pruebas que posibiliten abrir nuevos procesos contra los paramilitares. Para tal efecto se proponen las siguientes acciones desde las víctimas:

• Presentar memoriales dentro de los procesos ordinarios que se adelantan por delitos de desaparición forzada y desplazamiento forzado donde se solicite la de no remisión  de  estos procesos a la unidad de justicia y paz de la fiscalía general por ser delitos de carácter permanente y  crímenes de lesa humanidad.

• Las víctimas presentarán la petición de excepción de inconstitucionalidad para que los jueces y fiscales ordinarios que vienen conociendo casos perpetrados por estructuras paramilitares, inapliquen la Ley y conserven su competencia. La misma petición se deberá formular a los Fiscales de Justicia y Paz, a los Magistrados de Justicia y Paz y a la Corte Suprema para que inapliquen la Ley en cada caso en particular.

• Constitución como actor civil popular en casos de la llamada para política.

• Con relación a los crímenes cometidos por el paramilitarismo que nos han sido investigados y/o aceptados en las versiones libres, presentar denuncias penales,  como un mecanismo encaminado a demostrar el no cumplimiento de los requisitos y el no otorgamiento de los beneficios legales.

• Exigencia por medio jurídico vinculante al Fiscal General de la nación, de acatamiento el fallo de la Corte Suprema de justicia, abriendo investigación penal y ordenando la detención a los paramilitares beneficiados con el indulto en el marco de la ley 782 y el decreto 128.

• Formular denuncias penales contra los testaferros, fuera del procedimiento de Justicia y Paz.

• Llamar a declarar a los desmovilizados ante cada proceso para buscar verdad.

• Evitar que investigaciones posteriores al  25 de junio de 2005, sean remitidas a las Fiscalías de Justicia y Paz.

• Realizar denuncias y documentar los casos de responsabilidad de autoridades civiles y de la fuerza pública con el paramilitarismo, al igual que de actores privados económicos.

Así mismo se debe hacer seguimiento a la funcionalidad de la fiscalía especializada creada por solicitud de la OIT para el esclarecimiento de los crímenes contra los trabajadores sindicalizados.

 

2.1.2. Seguimiento a la Ley 975 de 2005:  Tendiente a evidenciar que la ley es un mecanismo más que sirve a la impunidad y buscar la pérdida de beneficios a los paramilitares que oculten información, a través de la información compilada a partir de las audiencias y de la que estaba probada en los procesos que cursaban por esos hechos en la justicia ordinaria.

Una vez recabada la información necesaria que permita concluir 1. Que no existe un real arrepentimiento de los paramilitares que pretenden beneficiarse con la ley; 2. Que no se han confesado la totalidad de los crímenes, o se ocultan móviles, beneficiarios de hechos, fuentes de financiación, etc, 3. Que los paramilitares continúan justificando el asesinato, desaparición, tortura, en la presunta calidad de rebelde de la víctima; o en aquellos eventos que de la información se evidencie 4. Responsabilidad de agentes estatales; 5. Empresas o particulares que financiaron, patrocinaron, apoyaron políticamente, etc, se propone la siguiente línea de acción desde las víctimas:

 

• Presentación de denuncias por calumnia por parte de las organizaciones victimizadas en contra de los paramilitares que han confesado su participación en hechos que han justificado en que la víctima era guerrillero.

 

• Presentar  solicitudes  tanto a los Fiscales de la Unidad de  Justicia y paz y a los respectivos Tribunales donde se solicite el no otorgamiento de los beneficios a los miembros paramilitares por la no devolución de los desaparecidos, por ser delitos permanentes y por constituir crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y no pueden ser objeto de indultos o amnistías.

• Exigencia Investigación a Agentes del Estado que resulten involucrados en las versiones de los paramilitares, tanto sometidos a justicia y paz como justicia ordinaria.

• Exigencia de pérdida de beneficios a los paramilitares que no muestre verdadero arrepentimiento de los delitos cometidos y que por el contrario justifiquen los mismos o sigan señalando y victimizando a las víctimas.

• Proyectar memorial de incompetencia de Tribunal de Justicia y Paz por casos de crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta jurisprudencia internacional, los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. (formatos)

2.1.3. Frente a la Ley de Justicia y Paz: Se parte del criterio común al interior del MOVICE en el sentido que esta ley constituye un mecanismo de impunidad, y que a través de la misma jamás se lograrán concretar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Sin embargo, por responsabilidad con las víctimas y en aras que las que decidan participar adopten una posición conciente, coherente y digna en su actuación frente a la norma, se plantea:

• Las víctimas deberán ser asesoradas sobre sus derechos en el marco del avance jurisprudencial y de las normas de rango internacional que consagran los mismos, par que tengan unos mínimos elementos para su participación en el proceso de la ley de JyP, en caso que así lo decidan. Para esto se diseñara un de plan de formación para las comunidades desde el punto de vista jurídico para oponerse a la impunidad de esta ley.

• Adoptar un MANUAL PARA LAS VICTIMAS EN JUSTICIA Y PAZ para que de manera autónoma ellas definan si participan o no participan en este procedimiento.

• Presentación de derechos de petición por parte de las victimas al Fiscal General, solicitando información sobre las garantías que como tal tiene de participar en el esclarecimiento de la verdad y de ser parte en el proceso jurídico de enjuiciamiento a los paramilitares; igualmente deberán plantear el interés que tiene de conocer lo que sucedió con su caso: Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho; móviles; beneficiarios; autores materiales e intelectuales; determinadotes del hecho; fuentes de financiación, etc.

• Asistencia de las victimas a las audiencias de versión libre de los responsables de algunos de los crímenes que se quieran relevar, formular cuestionarios sobre los casos para tratar de obtener elementos de verdad que permitan reconstruir la historia de los crímenes y se avance sobre los responsables materiales e intelectuales de los mismos.

• Las víctimas que asisten a las diligencias de versión libre, pueden realizar cuestionarios por escritos directamente donde se especifique la fecha del hecho, el lugar, cómo ocurrió, características de la víctima. Además debe preguntar por vínculos de paramilitares con autoridades civiles y militares de la región.  ( Modelo de cuestionario)

• Las victimas que asisten a las diligencias de versión libre deben presentar constancias históricas cuando se vean afectados sus derechos, ejemplo: cuando el paramilitar señala a las víctimas como “guerrilleros dados de baja en combate”, o son señaladas las víctimas como delincuentes, etc. es fundamental que se formule inmediatamente preguntas sobre si las víctimas estaban armadas, uniformadas  para demostrar que fueron asesinadas en total estado de indefensión (modelos y constancia)

• Presentación de cuestionarios sobre delitos y crímenes sexuales, reclutamiento de menores para que salgan a la luz dichos crímenes y su sistematicidad.

 

2.1.4. Sobre el tema de Reparación y recuperación de bienes

·        Las victimas  de desplazamiento que tenían título sobre sus bienes,  deben hacer peticiones a la Procuraduría Agraria, Umatas, acción sobre las medidas adoptadas para la protección de sus bienes.

·        Las victimas que tengan demandas de REPARACION en lo nacional o casos ante INSTANCIA INTERNACIONAL COMO LA CIDH deben mantener activas esas demandas y no acudir a los incidentes de reparación o menos aún a las reparaciones por vía administrativa.

·        Las victimas que no tengan demandas de REPARACION deben saber y decidir si se van a presentar mediante incidente de reparación en Justicia y Paz, o si van a acudir  al programa de reparaciones administrativas que se va a implementar. Sin embargo, las víctimas deberán tener claro que el incidente de reparación, no solamente deberá restringirse al aspecto económico sino también por en él debe tenerse en cuenta el componente del derecho a la verdad (Reparación integral).

 

2.2. Jurisdicción Internacional:

• En lo que refiere a justicia internacional planteamos apelar a organismos internacionales para lograr la justicia, para ello debemos documentar de mejor manera los casos de violaciones graves a los derechos humanos y las fallas de la justicia colombiana en casos concretos ya sean individuales o colectivas. 

• La participación en la Justicia Internacional para impedir que muchos crímenes queden en la impunidad y para lograr garantías que posibiliten un real esclarecimiento de los hechos y unas condenas proporcionales a los daños acaecidos contra la dignidad y humanidad del pueblo colombiano y sus organizaciones sociales, exigiendo que se determine la responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano.

• Preparar casos que queden en la impunidad en el marco de la ley de Justicia y Paz ante la Corte Penal Internacional. y la CIDH.

• Interposición de una solicitud de medidas cautelares a las fosas comunes.

• Las victimas que tengan demandas de REPARACION en lo nacional o casos ante INSTANCIA INTERNACIONAL COMO LA CIDH deben mantener activas esas demandas y no acudir a los incidentes de reparación o menos aún a las reparaciones por vía administrativa.

• Incidir para que se abra el caso de Colombia en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos y que se siguen cometiendo desde noviembre de 2002. En la comunicación que ya se realizó se involucra toda la cúpula militar y paramilitar, y el Gobierno nacional.

• Incidir para que se abran casos de Colombia ante la jurisdicción Universal por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Colombia, por grupos paramilitares.

• Buscar un fallo de la Corte Interamericana parecido al de Barrios Altos que anuló las leyes de impunidad en el Perú, se han hecho lo propio en el caso de Mapiripán que ordena no aplicar la Ley 975 a sus autores, y habrían otros casos que pasaran a la Corte IDH que pueden reforzar esta estrategia.

• Audiencias ante la CIDH para que se aborde el tema de la legalización del paramilitarismo y el monitoreo de este proceso.

 

• En los casos internacionales, también es importante preconstituir pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad.

Preparado por:

 

Colectivo de Abogados                               Fundación Comité de Solidaridad             José Alvear Restrepo                                                 Con los  Presos Políticos

 

Desafíos actuales en la construcción social de la verdad y la memoria históricas

 

Fundación “Manuel Cepeda Vargas”

El presente documento de trabajo es un insumo para el debate interno del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el que se pretende aportar elementos para una estrategia en el campo de la construcción social de verdad y la memoria históricas. Dicha estrategia contiene propuestas que apuntan al corto, al mediano y al largo plazo, y complementan los avances realizados por los dos encuentros nacionales de víctimas realizados en 2004, 2005 y 20076.

El primer asunto es recordar por qué la la búsqueda de la verdad es una prioridad en la agenda del Movimiento Nacional de Víctimas. Durante los años trascurridos de los diálogos paramilitares – gobierno, a pesar de la progresiva paramilitarización de la sociedad se ha abierto un espacio para el debate acerca de los derechos de las víctimas, y en particular, acerca de la necesidad de la construcción social de verdad sobre los crímenes del pasado y del presente. Determinados sectores de la sociedad han manifestado la necesidad de que se esclarezcan los episodios más oscuros del conflicto armado y del terror estatal. Entre los temas que se han formulado en este contexto figuran el responder la pregunta acerca de por qué es imperativo el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y cuáles deben ser las condiciones fundamentales para la creación de una comisión nacional de esclarecimiento histórico.

Por eso no debe sorprendernos que los sectores oficiales intenten cooptas los esfuerzos por la verdad que han sido realizados desde los sectores organizados de las víctimas, y desde las propias organizaciones de derechos humanos.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. Consideramos que la verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y a la reparación integral. De ahí veamos la construcción verdad como un imperativo social e histórico. El proceso de esclarecimiento es en sí mismo un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.

También es un proceso que puede impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a la víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos. El esclarecimiento histórico permite poner en evidencia que el sistema de exclusión social está basado en la implementación de sucesivos modelos te terrorismo estatal, y que este concepto se descompone en múltiples formas de persecución, que alcanzan incluso los procesos de exterminio.

En este orden de ideas, nuestro movimiento ve en le proceso de construcción social de la verdad histórica un proceso de participación democrática lleno de contenidos políticos relevantes para la transformación de la sociedad colombiana.

 

El debate actual: ¿Quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios?

Como parte de ese proceso, el reconocimiento social de las víctimas ocupa un lugar central. Dicho reconocimiento pasa por lograr que se acepte socialmente la realidad de todas las víctimas, y no solamente de aquellas que el Estado privilegia con su propio reconocimiento. Para las víctimas del terrorismo estatal es fundamental que se reconozca, en primer lugar, que el Estado ha cometido crímenes masivos y que con ese fin ha diseñado políticas y planes de exterminio, que han contado para su ejecución con mecanismos de carácter estatal y paraestatal.

La ley 975/05 y el decreto 18/03 excluyen a las víctimas del Estado, y reducen el paramilitarismo a un fenómeno aislado y sin conexión con el aparato estatal. Dentro del sistema que crea la ley, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Sistema Nacional de Información sobre las Víctimas se encargarán de intentar imponerle a la sociedad un concepto reductivo de quiénes son las víctimas y cuáles son los sectores sociales que deben ser reparados. En este sentido, sin que se realice un debate social, la Comisión de Reconciliación apunta a imponer pará,metros que reduzcan al mínimo el universo de la población victimizada a través de la creación de un registro nacional de víctimas que tenga los siguientes criterios:

-        Exclusión de las víctimas del Estado (artículo 5 de la ley 975/05, “Definición de víctima”).

-        Exclusión de la población desplazada que se considera atendida ya por otras dependencias estatales.

-        Preeminencia cuantitativa y cualitativa de las víctimas de la guerrilla.

-        Inclusión de los miembros de la Fuerza Pública que hayan sido lesionados en desarrollo del conflicto armado (artículo 5 de la ley 975/05, “Definición de víctima”).

El trasfondo ideológico de esta reducción es poder economizar la reparación al máximo y magnificar cualquier acción de resarcimiento por insignificante que sea.

Frente a este proyecto de reducir el universo de la población victimizada, el Movimiento debe actuar decididamente por mostrar el espectro que conforman los sectores afectados por el terrorismo estatal, y que han sido enunciados en el acta de constitución de nuestra coalición: las víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra cometidos por agentes estatales y paramilitares, graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de estas categorías ocupa un lugar estratégico la población desplazada, pues además de conformar el sector más numeroso de las víctimas encarna la exigencia estratégica de la reforma agraria y el respeto de los territorios. Además se hace necesario reivindicar a las víctimas olvidadas: los exiliados, que conforman un capital humano muy importante para un futuro proceso político en Colombia.

Se requiere, entonces reiterar la exigencia de que la cuestión de quiénes son las víctimas se defina de manera transparente, sin que las organizaciones de víctimas sean suplantadas y de acuerdo a los criterios internacionales que definen las categorías de crímenes contra la humanidad y el genocidio.

El reconocimiento social de los crímenes estatales y sus víctimas atañe directamente a la posibilidad de señalar e identificar públicamente a los autores de los crímenes. Salvo esfuerzos puntuales, durante mucho tiempo las acusaciones que han sido hechas en este campo son genéricas, sin nombres propios y sin pruebas que documenten las denuncias. Se requiere pasar a la identificación individual de los responsables de alto nivel, y la realización de acciones que impliquen sanciones morales y políticas de los autores intelectuales y materiales de los crímenes de Estado. Esa es la única forma de socavar la legitimidad social que detentan los autores de los graves crímenes, y de buscar la ruptura de la sociedad con los discursos y prácticas justificatorios.

En ese sentido, se requiere apoyar iniciativas como la elaboración de los prontuarios de los jefes paramilitares, pero igualmente elaborar los prontuarios de los presidentes de las República, ministros, congresistas, altos mandos militares, gobernadores y alcaldes sobre quienes existan evidencias de que han participado en el apoyo a grupos paramilitares y en la ejecución de estrategias de guerra sucia. Otro tanto cabe decir sobre los beneficiarios sociales de la acción criminal del Estado o del paramilitarismo. De esta clase de procesos de identificación hace parte el esclarecimiento público acerca de cuáles son las identidades de los integrantes de llamado “Grupo de los seis” - que según Castaño daba a las estructuras paramilitares las órdenes de los homicidios políticos más relevantes – y la identificación de otros centros de poder clandestinos desde los cuales se ha planificado el exterminio de la oposición política y social. Dentro de este orden de tareas, el Movimiento de be apoyar y participar activamente en los tribunales de opinión que abordarán el tema del apoyo de las multinacionales a los grupos paramilitares y a las actuaciones ilegales de los agentes estatales.

 

Nuestro acumulado en materia de verdad y memoria históricas

La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento para llevar a cabo estas tareas se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. El contenido del Nunca Más muestra que el Estado ha ejercido a través de cuatro etapas y cuatro modelos diferentes métodos de acción terrorista por medio de acciones que van desde el simple uso excesivo de la fuerza, pasando por patrones de persecución múltiple hasta el diseño de políticas de exterminio.

Por estas razones, una tarea prioritaria del Movimiento es apropiarse del contenido de los informes del Nunca Más para poder promover y difundir su existencia, así como mostrar el significado para el proceso de esclarecimiento histórico en el país. Al mismo tiempo, se debe ayudar a completar la información existente dentro del proyecto desde el punto de vista de las fuentes de información, de los hechos que falta aún documentar, de la interpretación de todos esos datos, y de la identificación del daño social causado.

 

¿Qué falta documentar y que verdad se requiere fortalecer?

En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentas con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado y el exilio por razones políticas. En este campo, un tema particular que tiene importancia actual es la investigación acerca de las fosas comunes, su ubicación y el esclarecimiento de su origen.

 

Acerca de la interpretación de la verdad se debe profundizar en la definición del carácter sistemático de la acción criminal del Estado. De allí que la definición de los modelos históricos de persecución que ha empleado el Estado colombiano se deban sustentar probatoriamente con la demostración de existencia de planes de exterminio o represión y pautas de persecución política; contextos sociológicos y políticos que se relacionen con la ejecución de crímenes contra la humanidad y genocidio; la intencionalidad (motivos y motivaciones) los orígenes y las responsabilidades sociales en los crímenes.

La obtención e interpretación de toda esta información permitirá avanzar sobre la identificación del daño colectivo y social ocasionado. Debe recordarse que la definición de ese daño implica no quedarse en la descripción de hechos criminales. La finalidad es poder demostrar que el daño social causado es la fuente de las exigencias sustentadas de la reparación social e integral necesaria.

 

¿Comisión de verdad o comisiones de verdad?

Tanto el primero como el segundo encuentro nacional de víctimas definieron las características básicas de una comisión de esclarecimiento histórico que comience a satisfacer la necesidad de verdad y memoria de la sociedad colombiana. Para nuestro Movimiento una instancia de esta naturaleza debe contar con las máximas garantías de independencia y exhaustividad, que le permitan al país conocer la realidad de los orígenes y acontecimientos de la violencia sociopolítica ocurrida desde mediados de la década de 1940.

Actualmente se plantea la proliferación de varias comisiones parciales que investiguen hechos puntuales del conflicto armado interno o de la guerra sucia de origen estatal. Ante la disyuntiva de si se debe crear una o varias comisiones de esclarecimiento, no debería hacerse una opción única. Ante una violencia de larga duración con miles de hechos y multiplicidad de escenarios es posible, e incluso en ocasiones deseable, que se hagan esfuerzos parciales de dilucidación de la verdad. No obstante, ello implica al menos dos condiciones: que en todos los casos se respeten los estándares de independencia y exhaustividad de la búsqueda de la verdad, y que las comisiones parciales no intenten suplantar a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuya características ya han sido mencionadas.

Por otra parte, la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional ha anunciado que, de acuerdo a las atribuciones que le otorga la ley 975/05, realizará un informe sobre los orígenes de los grupos armados al margen de la ley. El Movimiento de Víctimas debe oponerse a todo intento que busque moldear la realidad histórica del conflicto armado colombiano a la versión de un enfrentamiento de raíces codiciosas, narcotraficantes y terroristas. Desde ya es bueno señalar que cualquier informe que se haga en condiciones en las que continúa desarrollándose el conflicto armado, y  por instancia nombrada por el Estado, no puede ser considerado seriamente como base para los trabajos de una Comisión de Esclarecimiento Histórico.

 

La conservación y la difusión social de la verdad y la memoria

Ante la posibilidad de que el sistema creado por la ley de impunidad intente copar todos los espacios y manipular el cumulado de la lucha por la justicia realizada por décadas desde las asociaciones de víctimas, el Movimiento tiene que diseñar iniciativas de verdad no oficiales.

Estas iniciativas tienen que cumplir varios propósitos. Por una parte, conservar y poner a salvo de toda intromisión indebida la información ya recopilada o aquella que se recabe en el futuro. De igual forma, difundir los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales disponibles. Dicho proceso de conservación y difusión debe servir asimismo como un proceso de memoria social, que incentive especialmente en las nuevas generaciones, la curiosidad por conocer una versión de lo acontecido en el país distinta a la versión de la historia oficial.

Para tales propósitos sería útil que las organizaciones que pertenecen al Movimiento de Víctimas sopesen la posibilidad de crear un centro de documentación y memoria, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, espacio, de diálogo público sobre la verdad histórica y centro de memoria en el que se realicen exposiciones, temporales o permanentes, que recojan los testimonios y las imágenes de las víctimas. Con ese fin pueden estudiarse experiencias que en países como Irlanda, Camboya y la Ex Yugoslavia se han realizado en la creación de centro de esta naturaleza.

 

 

 

AUDIENCIAS CIUDADANAS POR LA VERDAD.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 

Introducción.

El presente documento recoge de manera sintética y pedagógica lo que se ha avanzado en relación a la estrategia de audiencias ciudadanas planteada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el III Encuentro. En la medida que es solo un documento para suscitar la reflexión, no se plantean desarrollos extensos, sino una visión panorámica de lo hecho y los retos que significa.  En primer lugar se retoman  los propósitos de las audiencias y la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta los planteamientos  políticos y los objetivos que se proponen; en segundo lugar se hace un pequeño recorrido por las acciones que se han desarrollado con respecto a  esta estrategia y un balance de la misma en cuenta a resultados; y en un tercer momento se presentará de manera didáctica el formato que se ha venido consolidando para la realización de las audiencias, teniendo en cuenta la necesidad de un acompañamiento integral en todo el proceso de construcción de las audiencias.

 

1. Una estrategia para la verdad y la memoria: las Audiencias ciudadanas por la Verdad.

Recordemos los planteamientos que han sustentado esta estrategia.

En la etapa actual, en Colombia se han venido abriendo algunos caminos para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante décadas. Tales posibilidades han aparecido, en buena parte, gracias al esfuerzo de las comunidades que han soportado el peso de la violencia, el Movimiento de Victimas, las organizaciones de Derechos Humanos y el movimiento social, debido a que en el actual contexto, los mecanismo formales y jurídicos no han posibilitado la construcción de una verdad historia que muestre de qué manera las víctimas y sus organizaciones han sido afectas, fracturados los procesos organizativos, políticos y de exigibilidad, por el contrario han sido mecanismos que en esencia han estado dirigidos a acallar el testimonio de las víctimas, a desvirtuarlos, silenciarlos y borrarlos de los registros oficiales.

Por tanto desde el MOVICE en aras avanzar en la dilucidación de la verdad histórica, la cual no debe quedar circunscrita a los mecanismos formales que propone una institucionalización que ha estado estrechamente ligada a la emergencia y al desarrollo del paramilitarismo, ha ideado y ha venido construyendo la iniciativa de las audiencias ciudadanas por la verdad, bajo la premisa de que sea la sociedad civil y las comunidades víctimas de la violencia Estatal quienes sean  las protagonistas de los procesos de esclarecimiento, que requieren ser procesos de democratización y participación política. 

En este sentido las Audiencias ciudadanas por al Verdad, plantean tres propósitos fundamentales:

·        Buscar caminos alternativos para esclarecer los crímenes de lesa humanidad.

·        El protagonismo de los procesos de esclarecimiento deber ser de  las comunidades víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y las organizaciones  sociales.

·        Construir un discurso público, ético y político, que visibilice la visión de las víctimas y sus procesos.

 

De acuerdo a esto se requiere fortalecer los siguientes aspectos:

1- La importancia histórica de los testimonios de las víctimas: en un contexto donde se privilegia el relato victimario y las versiones oficiales que ocultan la realidad vivida por las víctimas, es clave generar espacios públicos donde el centro sea el testimonio de las victimas. A través del testimonio se reconstruye tanto los crímenes de lesa humanidad, cómo el impacto que ha significado para las víctimas y sus proceso políticos y organizativos.

 

Las víctimas como actores protagónicos: cada vez es necesario ganar espacios públicos para posicionar la versión de las víctimas; y que sean ellas mismas quienes en los espacios públicos posicionen con su palabra y lenguaje las expresiones de la victimización en su región.

2. Resultados que se han obtenido.

Desde el planteamiento de la estrategia, por parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en julio del 2006, se han realizado 4 audiencias en las cuales el Movimiento ha tenido un papel protagónico, son ellas.  San Onofre, Buenaventura, Bogota en el Encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales y Medellín, de igual manera siguió de cerca la audiencia realizada en Saravena-Arauca.  En cada una de ellas se han presentado diferentes testimonios, se han recogido y documentado cientos de  casos y la sociedad civil, autoridades locales, miembros de la comunidad internacional han escuchado atentamente las situaciones regionales.

·        Presentación de testimonios: en cada una de las audiencias se han presentado testimonios que dan cuenta de la diversidad de crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en al región, de quienes han sido los responsables de esos crímenes, quienes se han beneficiado, y los mecanismo que han permitido que los crímenes permanezcan en la impunidad. Por ejemplo en San Onofre todo lo relacionado con la hacienda el Palmar y los horrores que ocurrían con la complicidad de autoridades; en Buenaventura, las desapariciones de jóvenes por parte de paramilitares y la complicidad de las fuerzas militares; en Arauca las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias y así en cada una de las audiencias.

·        Recolección de denuncias. Las audiencias han sido también un espacio para que muchas víctimas se acerquen a poner en conocimiento del MOVICE, opinión publica, autoridades y comunidad internacional sus casos. En San Onofre se recogieron 300 denuncias, otro tanto similar en Buenaventura y 217 en Arauca. Significa esto que las Audiencias motivan a muchas víctimas a exponer sus casos, a que se sigan documentando los crímenes y que encuentren una alternativa al olvido y la impunidad en las audiencias. 

 

·        Articulación con la estrategia jurídica. Los testimonios que se han recogido y los casos que se han documentado, han permitido tener conquistas en la lucha contra la impunidad. En San Onofre se abrió investigación por parte de la Fiscalía, al ex alcalde JORGE BLANCO FUENTES, quien hoy se encuentra detenido, de igual manera se sigue investigación contra otros políticos de la región. Pese a esto es importante reconocer que falta perfilar mejor la estrategia jurídica de seguimiento a los resultados judiciales de las audiencias.

 

·        Espacio público y visibilización. La participación de la sociedad civil y autoridades en las audiencias ha sido significativa. Hay un llamado moral que se está construyendo en los espacios de las audiencias. Por ejemplo, ha sido importante que en el formato se ha contado con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Republica y en otras (Bogota y Medellín) con la presencia de representantes de instancias de control del Estado, altos dignatarios de la Rama Judicial y personalidades con autoridad moral como el ex-Defensor del pueblo Eduardo Cifuentes.

 

·        Las audiencias una estrategia valida. Es importante reconocer que la propuesta planteada por el MOVICE para las Audiencias, ha tenido un efecto multiplicador importante, que se seguirá imponiendo y por tanto el reto del MOVICE es mantener presencia y protagonismo en las diferentes audiencias que se convoque. 

 

3. Formato para las audiencias.

 

• Trabajo diagnóstico previo. Las acciones a desarrollar en este trabajo son las siguientes

·        Análisis del contexto regional.

·        Reuniones con organizaciones, victimas y testimoniantes para su preparación y acompañamiento integral. (en cada caso hay que analizar los riesgos y estrategias de protección).

·        Identificación y selección de casos representativos de la región.

·        Prediseño conjunto de la estrategia jurídica.

 

• Realización de la audiencia:

El formato que se han tenido en las diferentes audiencias ha sido: una instalación de la audiencia, la lectura de un documento conjunto del contexto en la región, la presentación de los testimonios, el cierre de la audiencia con la lectura de un acta.

• Estrategia de seguimiento:

En este aspecto se requiere una reflexión con las regiones para poder definir cuales son los mecanismos para el seguimiento.

 

4. Una estrategia psicosocial para el acompañamiento a las audiencias ciudadanas.

 

Es un aspecto general reconocido que para las víctimas de crímenes de lesa humanidad es importante en su proceso de recuperación emocional poder hablar, dar testimonio de lo que le sucedió a ella o a sus familiares. Sin embargo, por la misma experiencia que han atravesado las víctimas, no todas tienen la misma preparación para dar testimonio de los hechos, y si no se tienen las debidas precauciones es posible que en algunos casos, a nivel de las víctimas, dar el testimonio sea algo que aumenta el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

 

Precisamente por estos aspectos es necesario incorporar en el trabajo de las audiencias ciudadanas por la verdad, una estrategia psicosocial, cuyo propósito central es contribuir a fortalecer el testimonio desde las víctimas y en este mismo sentido apostar al empoderamiento de las víctimas y sus familiares.

 

Riesgos psicosociales.

 

1. Las víctimas nunca han expresado en público los hechos.
2. Por la magnitud de los hechos aún hay  sufrimiento y dolor
3. El sentido del testimonio para la víctima, puede ser diferente que el propuesto para la audiencia.
4. El miedo puede afectar el proceso de dar testimonio.

 

Acciones psicosociales en las diferentes etapas de preparación de la audiencia.

 

Selección de casos para la audiencia.

Hay dos aspectos claves en esta parte del proceso:

Por un lado, a la par que se va identificando el caso y documentándolo, hay que ver cual es la condición de riesgo psicosocial que presenta la víctima, es decir, qué tanto está preparada para dar el testimonio, cuál puede ser el impacto de dar el testimonio, identificar riesgos, y en esta medida poder identificar acciones a desarrollar con algunas personas en particular, por ejemplo una acompañamiento más personal el día de la audiencia.

 

Por otro lado hay que hacer un trabajo conjunto para desarrollar habilidades para dar el testimonio, que vincule socialización sobre miedos, temores, simulacros.

 

Durante la audiencia.

Según el trabajo previo que se ha realizado, poder hacer el acompañamiento a las personas que van a dar testimonio.

  

5. Restos para las próximas audiencias

 

- Articular de manera más fuerte la estrategia jurídica, en particular que las víctimas en la región puedan estar al tanto de los que esta sucediendo; es decir hay que desarrollar herramientas pedagógicas y comunicativas para trabajar con las víctimas desde el momento del diagnostico.

 

- Definir los roles y funciones, que en los diferentes momentos del proceso de construcción de las audiencias, van a tener las organizaciones de los capítulos regionales y el comité de impulso; cada región amerita un análisis y concertación propios.

 

- Seguimiento posterior a las audiencias: mecanismos y las metas que se pueden proponer, acompañamiento etc.

  

 

 

 

COMISIÓN ETICA DE LA VERDAD EN COLOMBIA

 

Preparado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

 

ANTECEDENTES

La propuesta de una Comisión Ética en Colombia surge del intercambio de experiencias de varios encuentros internacionales realizados a partir del 2002 en el Cacarica, en los que participan entre otros: de Chile: la Comisión Ética contra la Tortura, la Agrupación de Ex presos y ex presa políticos, Indígenas Mapuches; de Argentina: Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación HIJOS; de Brasil: el MST; de México: la Sociedad Civil de las Abejas – Familiares de la Masacre de Acteal, la Red de Defensores Comunitarios de Chiapas, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca – CIPO RFM; de El Salvador: Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CRIPDES; Guatemala: Abogados que participaron de la construcción del informe REMHI; Panamá: indígenas Kunas y el Comité de Familiares de Desaparecidos; entre otras organizaciones internacionales y nacionales.

 

De estos encuentros de experiencias de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, una de las conclusiones es la ausencia de resultados reales en el esclarecimiento de la verdad desde las experiencias de diferentes comisiones de verdad en América Latina. Surge la necesidad del esclarecimiento desde las propias víctimas, como sucedió en Chile con la creación de la Comisión Ética contra la Tortura. Desde esta experiencia se empieza a trabajar en propuestas concretas de búsqueda de verdad y justicia, de afirmación al derecho a la Memoria Histórica en comunidades que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y de allí se va configurando la propuesta de la Comisión Ética para un grupo de comunidades. En el contexto de surgimiento del Movimiento Nacional de Víctimas, se decide esperar y plantear esta propuesta en conjunto con las más de 200 organizaciones que conforman el movimiento.

 

CARÁCTER de la COMISION ETICA

No es una Comisión de la Verdad, ya que una Comisión de la Verdad en un contexto de guerra y el desarrollo de un proceso de institucionalización paramilitar dentro de un Estado de Hecho – unanimismo fascista – no es razonable. En este contexto se hace más necesaria una RESISTENCIA AL OLVIDO, para ello inicialmente se requiere formalizar una COMISION ETICA. Ética por ser No vinculante, No coactiva y No tener función jurisdiccional. Ética en cuanto a sus miembros, valoraciones, conclusiones y recomendaciones. Ética en cuanto a formular un “Deber Ser” de una reparación integral a las víctimas de los crímenes perpetrados por el Estado y una reparación a la sociedad en su conjunto. Ética ya que en la guerra propende por salvaguardar la Verdad de unas mayorías victimizadas, silenciadas, perseguidas, estigmatizadas. Ética por ser una herramienta en la construcción de la MEMORIA HISTÓRICA EN LA RESISTENCIA POPULAR ante el olvido y la opresión estatal. En suma, la Comisión Ética se concibe como INSUMO FUNDANTE de una Comisión de la Verdad a futuro.

 

¿POR QUÉ UNA COMISIÓN ÉTICA EN COLOMBIA?

Una Comisión Ética como alternativa a la CNRR, creada por el Gobierno en el marco de la Ley 975 “Para la Justicia y Para la Paz”, como mecanismo legal de impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Uno de los propósitos de la CNRR es entregar una versión de la violencia en Colombia por parte de “Actores Ilegales”. ¿Será que la CNRR recogerá la Historia de las Víctimas de Crímenes de Estado?

 

Una Comisión Ética ante la:

-         EROSIÓN del ESTADO de DERECHO

-         Legalización de lo paramilitar

-         Reingeniería de lo militar

-         “Seguridad Democrática y Estado Comunitario”

-         Porque no existe democracia en Colombia

-         Porque se IMPONE un ESTADO de HECHO

-         Porque el Estado desdibuja su responsabilidad en los crímenes cometidos

-         Porque la desmovilización paramilitar es una ficción y hoy estamos ante un proceso de reingeniería de lo militar a través de la etiqueta de “Águilas Negras”

-         Ausencia de garantías para las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad

-         Porque el Estado impone un modelo de Sociedad Excluyente

-         Porque el Estado niega los derechos de las víctimas y pretende “reconciliación” y “perdón” sobre la base de la impunidad

-         Porque el Estado tergiversa los contenidos de Verdad, Justicia y Reparación Integral, creados desde luchas de los pueblos por la afirmación de sus derechos.

 

1. El Gobierno colombiano ha ido desdibujando, confundiendo y evadiendo su responsabilidad en la creación de la estrategia paramilitar para lo cual ha adoptado mecanismos legales bajo los cuales la verdad real quede sepultada

 

2. El proceso de desmovilización es una institucionalización paramilitar pues las estructuras criminales se legalizan sin desestructurarse militarmente, se legitiman socialmente y políticamente

 

3. Las lógicas de operación paramilitar continúan con la recomposición de las antiguas estructuras paramilitares y los nuevos mecanismos de inserción a lo policial de los desmovilizados y los nuevos mecanismos de participación de civiles en actuaciones militares

 

4. El proceso de desmovilización se configura en mecanismo de impunidad bajo el pretexto del desarme y de la “paz” 

- Decreto 128 de 2003 del que se beneficiaron cerca de 28 mil paramilitares

- Ley 975 de 2005 y Decreto 4760 de 2005 que posibilita la impunidad en crímenes de lesa humanidad no se garantiza la VERDAD, la JUSTICIA, LA REPARACION INTEGRAL.

 

      5.  La institucionalización paramilitar legaliza el despojo de las tierras con el  decreto 4760 de 2005, la nueva ley de tierras y bienes inmuebles, existe una amnistía encubierta  para los testaferros de los usurpadores.

 

6. La Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación creada a través de la ley 975, ART 50. Desconoció la participación equitativa y democrática de las víctimas en su configuración. Producirá un Informe sobre lo que denominan el fenómeno de las “autodefensas¨ partiendo de:

 

a.  desconocer la responsabilidad Estatal en la gestación de una estrategia criminal estatal

b.   asemejar y equipar las víctimas de Crímenes de Estado con los combatientes armados del Estado que han sido víctimas de daños irreparables a su vida e integridad personal.

 

   Diseñará mecanismos de reparación que comprende la reconciliación forzosa  como la convivencia per se de las víctimas con los victimarios a través de proyectos productivos

  Desconoce la especificidad de afecciones profundas a pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos mestizos, sindicalistas, mujeres, niños, jóvenes, mayores adultos

 

7. Ausencia de garantías de protección y de seguridad para las víctimas ante el mantenimiento de mecanismos de control y de represión de las estructuras paramilitares con la PARTICIPACION, AQUIESCENCIA, OMISION de las estructuras militares.

 

8. La desmovilización de estructuras paramilitares se está produciendo en medio de la existencia de un conflicto armado interno en el que se ha ido produciendo una reingeniería militar e instituyendo un orden autoritario, excluyente, y de concentración del poder.

 

9. Las disposiciones legales, los discursos mediáticos y los planteamientos políticos institucionales han vaciado de contenidos auténticos los principios de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral

 

10. Se pretende reescribir la historia, reinterpretarla, trasformarla a conveniencia del régimen, para asegurar su control y  legitimidad ideológica futura consolidando un modelo de Estado y de sociedad excluyente.

 

¿QUÉ PRETENDE LA COMISIÓN ÉTICA?

1. Recuperar la MEMORIA, y salvaguardarla como resistencia al Olvido y a la Impunidad

 

2. Realizar un INVENTARIO de los daños integrales, desde lo destruido en lo personal, familiar, comunitario. De los mecanismos y métodos de represión, de impunidad.

Responder desde el INVENTARIO de los daños integrales, a las preguntas de ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

 

3. SOÑAR desde lo destruido, ¿Qué es reparable? ¿Cómo debe ser reparado? ¿Quién debe reparar? ¿Qué no es reparable?

¿QUÉ MODELO DE SOCIEDAD QUEREMOS?

 

4. Construir un Modelo de Sistema de JUSTICIA, ¿Qué tipo de penas? ¿Qué propuestas de Justicia? ¿Qué Modelo de Sociedad?

CENSURA AL APARATO DE JUSTICIA

 

5. Elaborar propuestas de DIGNIFICACION de las VICTIMAS, desde las Víctimas y sus familiares ante un Estado que no responde

CONSTRUIR ESTADO DE DERECHO

 

Salvaguardar la VERDAD HISTORICA de las víctimas de Crímenes de Estado hasta tanto existan condiciones democráticas, equitativas y garantías para la participación activa en una COMISION DE LA VERDAD

 

Construir los contenidos de  los principios de Verdad, de Justicia y de Reparación de familias, grupos humanos, comunidades, pueblos

 

COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO DESDE LAS VICTIMAS

·        Qué pasó?

·        Qué se destruyó?

·        Cómo se destruyó, técnicas y mecanismos de represión?

·        Efectos integrales de la represión? Impunidad, psicológicos, culturales, políticos, ambientales, territoriales, personales, familiares, grupales, organizativos

·        Victimarios y beneficiarios de los Crímenes y de la persecución?

·        Actuación del aparato estatal – investigación, control – discursos políticos y políticos públicos?

·        Qué y cómo debe ser REPARADO INTEGRALMENTE

 

Desarrollar propuestas de afirmación de los Derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral – monumentos, nombres de calles, museo de la memoria

Diseñar un aparato judicial que conforme a los principios de verdad, justicia y reparación, pueda juzgar los crímenes cometidos, como crímenes de lesa humanidad retomando las especificidades de los grupos de población afectados por la violencia estatal.

 

QUIENES PARTICIPAN?

Comunidades, grupos humanos, pueblos, organizaciones sociales, sindicatos, etc. que hayan sido víctimas de crímenes de Estado y que expresen su deseo de salvaguardar la memoria, de afirmar sus derechos   la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

METODOLOGIA

Durante un semestre, 2 a 3 de los miembros de la Comisión Ética evalúan 2 grupos humanos o pueblos, con el apoyo de dos equipos interdisciplinarios de investigación.

 

Al comenzar cada semestre, los miembros de la Comisión Ética anuncian en rueda de prensa el inicio de la evaluación sobre los dos grupos humanos, luego se trasladan durante una semana a los lugares o territorios donde se encuentran las víctimas y/o sobrevivientes.

 

Se inicia entonces el proceso de recuperación de las historias, a través del equipo interdisciplinario (realización de talleres, recuperación de procesos penales, de pruebas documentales y testimoniales) .Parte del apoyo a esta labor de recuperación de la Memoria Histórica se basa en lo ya adelantado por el Proyecto Nunca Mas y las elaboraciones propias de estos pueblos como guardianes de la memoria. Este proceso de recuperación es sistematizado por el equipo interdisciplinar y devuelto al grupo Humano, para que posteriormente sea presentado públicamente en una rueda de prensa por parte de los miembros de la Comisión Ética, junto con las conclusiones y recomendaciones.

 

Simultáneamente los miembros de la Comisión irán construyendo  museos de la memoria en sus países, en donde se expondrán objetos, textos, cantos, semillas de las comunidades y organizaciones  participantes. Estos museos se convertirán cuando las condiciones están dadas, en un gran museo de la memoria en nuestro país

 

¿QUÉ HA HECHO LA COMISIÓN ÉTICA?

• Acompañar en la guerra , la afirmación integral de los derechos a la Verdad, la Justicia y la Memoria
• Empezar a RECOGER TESTIMONIOS de familiares y sobrevivientes
• INSTALAR MONUMENTOS, como el colocado en la Finca El Palmar, en San Onofre – Sucre y en el Curvaradó, Bajo Atrato Chocoano.
• Llevar a sus países objetos, testimonios, documentos probatorios para exponerlos en CASAS DE LA MEMORIA, como la inaugurada en Madrid –España
• RUEDAS DE PRENSA para el lanzamiento de la Comisión Ética en Bogotá y Madrid - España
• Ante la negación de justicia, ejercicios de CENSURA PÚBLICA a los victimarios; entre otros contra los Generales ® Rito Alejo Del Río y Rafael Samudio Molina, contra el Coronel ® Alfonso Plazas Vega
• ACOMPAÑAR y ASESORAR  desde sus experiencias la construcción de una estrategia de afirmación del derecho a la Búsqueda de los Desaparecidos y el derecho a Exhumar, en el taller realizado a finales del 2007.
• Pronunciamientos públicos a través de COMUNICACIONES ETICAS, como la realizada frente a las empresas Chiquita Brands, Del Monte, Multifruits, Urapalma, Maderas del Darién - Pizano S.A.  y objeción de sus productos por incurrir y/o beneficiarse de crímenes de lesa humanidad

 

En San Onofre – Sucre

·        acompañando la afirmación del derecho a Exhumar con Dignidad; observación de las exhumaciones masivas en el Cementerio de San Onofre el 28 de Febrero de 2007

·        Exigiendo ante la Fiscalía garantías a las víctimas y sus familiares, expresando públicamente de lo que son testigos como por ejemplo la destrucción de un cráneo con una pica durante la excavación por falta de seriedad y profesionalismo en la labor.

 

Con el pueblo kankuamo

·        Un primer acercamiento a través de una ceremonia ritual de la Memoria y la Palabra, compartiendo desde la espiritualidad el sentido de la recuperación y protección de la memoria, las tradiciones y cultura en un contexto de represión. Desde lo Destruido, reflexiones sobre los caminos de afirmación de derechos, las posibilidades e imposibilidades de reparación..

 

En el Bajo Atrato Chocoano

• Acompañando acciones afirmativas de las comunidades en la recuperación del Territorios, en la resiembra de la palma por pan coger en el Curvaradó.
• Apoyando mecanismos de Protección de la vida (Zona Humanitaria) y de la Tierra (Zonas de Biodiversidad)
• Acompañando la afirmación de derechos de las víctimas organizadas
• Acompañando el Derecho a Enterrar a los seres queridos, participando en el  entierro de Marino López MENA en el Cacarica.
• Recuperando y Dignificando la Memoria de las Víctimas de los pueblos de América Latina, a través de peregrinaciones en el Bajo Atrato y la frontera con Panamá.

 

¿QUIÉNES CONFORMAN LA COMISIÓN ÉTICA?

25 miembros de reconocida condición ética, moral y de defensa de derechos humanos en su país y el conjunto de la humanidad. Estarán apoyados para la recolección de información en 6 personas de los dos equipos interdisciplinares de investigación. Entre los miembros de la Comisión Ética, actualmente se encuentran:

 

Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel, miembro de SERPAJ; Argentina

Francois Houtart, sacerdote, gestor Foro Social Mundial, director del Cetri; Bélgica

Bernardine Dhonr, jurista de la Universidad Northwestern de Chicago; EEUU

Mirta Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina;

Tomas Gumbleton, Obispo Emérito de Detroit; EEUU

Agrupación de Ex Presos Políticos de Chile;

Comisión Ética contra la Tortura;

Pueblo indígena Mapuche de Chile;

Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST Brasil;

Grupo Libera, Italia;

Hijos de Argentina,  por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio;

School of the Americas Watch;

Coalición de los Pobres, USA;

Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Madrid;

Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Mérida, España;

Miguel Alvarez, Asociación Verapaz de México; Profesor de la UNAM y analista;

Carlos  Fazio, México;

Gilberto López y Rivas, catedrático de la UNAM;

Haymes Stephen Universidad  Depaul Humanities Fellow,

Federación Democrática Internacional de Mujeres,

Rainer Huhle, centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania

 

DURACIÓN

Para lograr recoger y sistematizar la información la Comisión trabajará durante 10 años. De esta manera, se pretende recuperar la Memoria Histórica de aproximadamente 20 grupos humanos – pueblos, organizaciones 

 

Esta iniciativa es un intento por reconstruir memoria como referente ético del juzgamiento que la humanidad y el pueblo colombiano tarde o temprano deberá realizar y un referente material para la identificación de los perjuicios de la destrucción de la vida humana, individual y comunitaria, de valores como la seguridad, la tranquilidad, las relaciones humanas, el acceso a la justicia, la autoestima individual y comunitaria, todas las construcciones culturales, las expresiones étnicas, raciales, religiosas y lingüísticas, la paz y la confianza destruidos conciente y sistemáticamente por parte del Estado y que deben servir como base para la reconstrucción de una nueva sociedad.

 

Es por  todo lo anterior que se propone una Comisión ética que desde los fundamentos mínimos de supervivencia a los que ha llegado la civilización humana, critique y juzgue los hechos del pasado en relación con los hechos presentes para que exista un futuro diferente. Esta comisión no pretende que sus conclusiones sean vinculantes y coactivas. Pretende recopilar la información sistemáticamente para que los llamados a juzgar tengan las herramientas necesarias para hacerlo eficazmente.  Para que la impunidad no sea un delito de todos y la injusticia no se atribuya a la amnesia.

 

¿QUÉ SEGUIRÁ HACIENDO LA COMISIÓN ÉTICA?

 

• Desarrollar el INVENTARIO de la